SUSANA RAPPO
El miércoles pasado, el gobernador electo, Rafael Moreno Valle, presentó a su equipo de transición, conformado por Ardelio Vargas Fosado, Fernando Manzanilla Prieto, Amy Camacho y Pablo Rodríguez Regordosa, los que –se especula– formarán parte de su gabinete una vez que haya tomado posesión.
Los proyectos del actual gobierno que serán impulsados, según se mencionó durante el acto, son el de Chicontepec, La Célula y el de Valsequillo. En los tres, además de intereses locales, están presentes no solamente el ámbito federal, sino diversos grupos de inversionistas que ven a cada uno de estos proyectos como oportunidades de negocios, trascendiendo las fronteras nacionales.
En estos casos, el papel de los gobiernos estatales es sentar ciertas bases para el desarrollo de los mismos; por ejemplo, el tema de la tierra ejidal y/o comunal es un punto de conflicto para este tipo de propuestas, donde las instancias de gobierno median para convencer a los propietarios privados y ejidales de la importancia de vender para el “desarrollo” de la zona. Si los argumentos no convencen, comienzan las presiones para la compra bajo amenaza de expropiación. La supuesta causa de “utilidad pública” es la forma en que las instancias de gobierno convalidan las expropiaciones, aunque muchas de ellas apuntalen sólo los negocios privados.
Existen referencias muy cercanas en donde el negocio y el beneficio para algunos significaron el despojo de muchos.
En La Célula se reconoce que “hay problemas con la propiedad de los terrenos sobre los que se construyó” (La Jornada de Oriente, 6/10/10), y aunque este proyecto fue concebido como “un recinto fiscal, intermodal y logístico”, con un potencial de desarrollo en la zona de Oriental y de toda la región sur–sureste del país, basado en el nivel de conectividad de la misma, la crisis financiera, lo detuvo; sin embargo, la visión de integración que prevalece en estos proyectos se mantiene, aunque generalmente los inversionistas nacionales y/o extranjeros buscan condiciones de operación donde no exista riesgo de conflicto, que ponga en peligro la inversión y cuente con la infraestructura necesaria para que la rentabilidad esté garantizada.
El proyecto de Valsequillo tiene otras aristas, pues está pensado como un desarrollo urbano–turístico, donde el saneamiento de la presa se ubica como un aspecto fundamental. La especulación inmobiliaria y los conflictos con las comunidades alrededor de la presa ya empezaron; recordemos los acontecimientos de Azumiatla de hace un año, y si bien existe una diversidad de actores sociales involucrados, hay puntos centrales que tendrán que valorarse y que decidirán si hay alguna diferencia entre el gobierno saliente y entrante, como es la protección ambiental de la zona conservada al sur del municipio y el trato hacia las comunidades asentadas en esos territorios.
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