A DEBATE
Tensando la cuerda
Susana Rappo
Varios hechos acontecidos en los últimos días de este mes muestran que las demandas y el movimiento social poco le importa a nuestros gobernantes, y que sus intereses están claramente definidos y sumamente reñidos con los intereses populares.
La embestida no es menor. Un primer aspecto es la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) y por tanto de los trabajadores en un entorno de disputa sindical dentro del SME, que supondría debilidad para enfrentar un conflicto de semejante magnitud. La toma de las instalaciones por agentes federales es también la demostración de una fuerza a la que se está dispuesto a utilizar en situaciones de confrontación, es decir la fuerza policiaca del Estado, que se ha acrecentado desde que Felipe Calderón necesitó de los militares para colocarse la banda presidencial. Desde ese día, la militarización del país va en aumento, al mismo tiempo que el movimiento social se incrementa.
Lanzar a la calle a 41 mil trabajadores activos y 25 mil jubilados dejarlos a la deriva, lincharlos mediáticamente, acusarlos de la supuesta ineficiencia con que operaba LFC, sin responsabilidad para las gerencias, es a todas luces, un proceso que esconde intereses económicos de grandes proporciones asociado a la privatización de la generación de energía eléctrica en el país, y desde lo político busca debilitar a uno de los actores más importantes en la defensa de la empresa pública. Desde lo gremial, se trata de romper con uno de los pocos contratos colectivos que mantienen cierto nivel de prestaciones para los trabajadores, de lo cual parece que hoy debieran avergonzarse.
Otro aspecto es el paquete fiscal que mediante la alianza PRI–PAN se impuso en San Lázaro y que busca resarcir la caída de los ingresos del gobierno a través de mayores impuestos, sin haber afectado los regímenes especiales, por los cuales los grandes consorcios que operan en el país, pagan muchos menos impuestos de los que deberían pagar, mientras que los pequeños y medianos contribuyentes cautivos no tienen dichas posibilidades y proporcionalmente cargan con una mayor obligación fiscal, lo que a todas luces resulta inequitativo.
En este caso, es el propio gobierno el que obliga a la informalidad de las actividades que puedan realizarse en los más diversos ámbitos de la vida productiva del país.
El tercer aspecto que tendrá efectos de graves consecuencias son los permisos que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la siembra de maíz transgénicos a Monsanto y Dow Agrocience / Pioneer, en los campos de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, despreciando la movilización de diversos actores sociales que desde múltiples ámbitos han defendido el establecimiento del principio precautorio por ser México centro de origen del maíz. El negocio por encima de cualquier argumentación.
Los hechos anteriores son agravios para diversos y amplios sectores sociales que deberán ser capaces de articular una respuesta que cambie la composición misma del Estado, que represente otros intereses y genere nuevas instituciones. Mientras tanto... la cuerda se sigue tensando.
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