Julio Pimentel Ramírez: Violencia desde el Estado

Violencia desde el Estado

2009-10-25

Julio Pimentel Ramírez

En estos aciagos días en los que a pesar de que se dice que vivimos en un país democrático, que cuenta con un complejo sistema electoral conformado por un sistema de partidos “profesionalizados” y un denso entramado de instituciones electorales así como un conjunto de leyes que con todo y sus lagunas puede considerarse moderno sistema, somos testigos de crecientes violaciones a los derechos humanos, tanto los económicos y sociales como los de orden político.
A la permanencia de la injusticia y la impunidad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de movimientos sociales y políticos durante la guerra sucia de los 70s a 80s, se suman nuevos delitos de lesa humanidad (desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales) que el Estado ha perpetrado durante los últimos años, ya sea a través de sus policías y soldados o con la utilización de grupos paramilitares (Acteal, El Charco, Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca y la detención desaparición de decenas de luchadores sociales).
Sin embargo, hay otras graves violaciones a los derechos individuales y sociales que por ser cotidianos suelen pasar inadvertidos al tiempo que se oculta la responsabilidad de quienes los hacen posibles. A millones de mexicanos se les niega el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, al esparcimiento, en fin, el derecho a una vida digna.


Suele decirse y aceptarse que el Estado tiene el monopolio de la violencia, al referirse al uso de los instrumentos de represión, policías y Ejército, entre ellos, cerrando la vista a que con recurrente frecuencia se usa no para salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad pública sino para mantener y reafirmar los intereses de los grupos económicos y políticos dominantes; pero se olvida que hay otro tipo de violencia estructural e institucional que cancela múltiples derechos ciudadanos.
Los datos son escalofriantes, incluso con estadísticas oficiales: a los 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, es decir en la miseria, se suman 30 millones (investigadores independientes, de reconocido profesionalismo, que utilizan otros criterios para medir el fenómeno, dicen que la cifra se eleva a 60 millones) que sobreviven en la pobreza.
A pesar de esta lacerante realidad, o tal vez precisamente por eso, el gobierno ilegítimo se esfuerza por mostrar su descarnada faceta neoliberal y además de incrementar el desempleo arrojando a la calle a 44 mil trabajadores electricistas, propone un paquete fiscal que recae sobre los bolsillos de la mayoría de los mexicanos y sigue sin tocar los intereses de 400 consorcios que eluden cada año pagar más de 800 mil millones de pesos de impuestos.
De este modo Felipe Calderón y sus encargados de despacho son responsable de múltiples y graves violaciones a los derechos fundamentales y constitucionales de los mexicanos, al negarles el acceso a la alimentación, al empleo, a la educación laica, pública y gratuita, en todos sus niveles; a la cultura, a la salud.
Pero no solamente de eso deberán responder los usufructuarios del poder -aquí por supuesto se incluyen los grandes empresarios, las cúpulas de la clase política y los llamados poderes fácticos-, también deberán hacerlo por cancelar el futuro de millones de jóvenes que se ven orillados a tomar el camino “fácil” de la delincuencia, del narcotráfico.
En México el derecho ciudadano a la seguridad pública también es una utopía, la estadística de sangre así lo muestra y cada año se escala la violencia: en lo que va de este 2009 son ya más de seis mil las personas ejecutadas, número superior a las cometidas el año pasado.
Muchas de estas personas, jóvenes la mayoría, no tenían derecho a la vida puesto que militaban en las filas de la delincuencia, dicen con cinismo los mismos que han instrumentado una política económica que cierra las puertas al desarrollo humano de la mayoría de los mexicanos.
En este sentido es de destacar que el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentaron recientemente su Manual de Seguridad Ciudadana, elaborado por ambas organizaciones. Dicho manual enriquece, desde la experiencia de las organizaciones civiles mexicanas, el concepto de seguridad ciudadana y parte del hecho de que todas las personas deben tener la posibilidad de “vivir con dignidad y sin amenazas el disfrute de sus más esenciales derechos”.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, explicó la seguridad ciudadana entendida como un derecho: la seguridad de las personas, de todas las personas, a vivir con dignidad y sin amenazas el disfrute de sus más esenciales derechos. Esto supone la reducción efectiva de los índices de criminalidad, pero también la erradicación de otras violencias como la pobreza, la degradación de la naturaleza, la agresión intrafamiliar, los delitos de cuello blanco, la corrupción gubernamental, los abusos policiales y militares o los cacicazgos rurales.