Los principales culpables : Julio Pimentel Ramírez

Julio Pimentel Ramírez
Los principales culpables

Son muchos los expedientes por los que deberá responder Felipe Calderón, no solamente ante la historia sino ante la justicia, entre ellos los que tienen que ver con los múltiples casos de corrupción que lo involucran a él y a funcionarios de su primer círculo, así como lo relacionado con los delitos de lesa humanidad cometidos a la sombra de su estrategia de (in)seguridad: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otros, sin olvidar las violaciones a convenciones internacionales, como sucedió en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, que lo coloca en el banquillo de los acusados al lado de su protegido Genaro García Luna.
Diversos acontecimientos de los últimos días desnudan, si eso fuera necesario después de cinco años de fracasos del gobierno calderonista, no solamente el carácter corrupto del régimen sino la indetenible caída del país en el “infierno” de la violencia alentada por la estrategia de guerra contra algunos carteles del narcotráfico del ilegítimo Felipe Calderón, que cobró ya la vida de más de 60 mil personas, muchas de ellas de grupos sociales vulnerables.
Llegará el momento en el que los responsables intelectuales y materiales de colocar a México en el laberinto de la barbarie que daña severamente el tejido social, al grado de que no pasa día en que no seamos testigos de salvajes crímenes de jóvenes y mujeres, respondan de sus actos.
En las estadísticas incompletas, en ocasiones manipuladas, y en información periodística se anota que gran parte de los ejecutados en esta estúpida “guerra” contra el narco son menores de 30 años y es alarmante constatar que la tendencia es que cada vez son de menor edad.

No perdamos de vista que no se debe de criminalizar a las víctimas y que es deber del Estado investigar y hacer justicia en todos los casos, incluso cuando se trate de personas involucradas en actividades ilícitas. Es un fracaso social y estatal que niños y jóvenes, que deberían estudiar y en su caso laborar en condiciones de dignidad, se integren a las filas de la delincuencia.
La espiral de impunidad que prevalece en los feminicidios y “juvenicidios”, explica en parte que la violencia se reproduzca, crezca y se convierta en un fenómeno incontrolable que solamente podrá ser superada si se revierte la forma de enfrentarla, atendiendo las causas que le dan origen.
Al lado de la ola de violencia que se extiende por diversas áreas urbanas de la República, destaca el caso de Florence Cassez, sentenciada por secuestro a 60 años de prisión. La esencia del problema, más allá de si Cassez es culpable o inocente, radica en la ilegal actuación de Genaro García Luna, quien como director de la AFI la secuestró por 48 horas (debió presentarla ante el Ministerio Público una vez capturada) y montó un show mediático simulando, en vivo y a todo color, la acción heroica de sus huestes.
La actual discusión no es si los derechos de las víctimas valen más que los de los imputados, porque ese sería un debate maniqueo, sino con respecto a las reglas del procedimiento para juzgar a una persona. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no discute la inocencia o culpabilidad de Cassez y eso provoca mucha confusión. Mucha gente asume que ella es culpable, pero los derechos humanos no pueden estar sujetos a criterios de popularidad, sino estar asegurados para todos, estima Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Mientras llega el 21 de marzo, fecha señalada para que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta y decida sobre el proyecto del magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, funcionarios de la Procuraduría General de la República presionan, cabildea se dice ahora, a los ministros José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero