El país de Zaldívar, el país de Wallace : Julián Andrade

El país de Zaldívar, el país de Wallace
Por Julián Andrade

La banalidad de los críticos del ministro Arturo Zaldívar también es digna de análisis. Ven a la aplicación y al respeto a los procedimientos que marca la ley como una cantaleta de los políticamente correctos. Se equivocan, y por mucho.
Las garantías jurídicas son la base de todo Estado democrático y de derecho.
Quizá lo que muestra de mejor manera lo que está a discusión sea esa distancia que podemos encontrar entre los postulados de la señora Isabel Miranda de Wallace y los alegatos del ministro de la Suprema Corte.
Hay una franja en la sociedad, no dudo que mayoritaria, a la que la ineficiencia de las autoridades le ha hecho pensar que el fin justifica los medios y que más vale castigar a los delincuentes, al precio que sea, que continuar la espiral de impunidad.
La señora Wallace, quien es admirable por muchas cosas pero no por su respeto a las leyes, y tantos otros ven la instrumentalización de algunos procedimientos como un obstáculo, como un muro que impide la justicia y que de rebote afecta a las víctimas.
Confunden la pésima actuación de policías y ministerios públicos con las propias leyes.
No son los únicos por cierto y hasta el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, está imbuido en esta suerte de populismo penal.
Por desgracia los resortes de esta cultura son intensos y justifican la arbitrariedad policial a cambio de una supuesta eficiencia que siempre termina por pervertirse y genera males mucho mayores.
Las víctimas, en esos esquemas, tampoco obtienen la justicia que esperan.
Lo que ocurrió en los años setenta en México es un ejemplo de lo anterior, cuando desde la Presidencia de la República se implementó una estrategia de combate a la guerrilla ajena al Estado de derecho y que produjo las distorsiones en los aparatos de seguridad que aún nos aquejan, entre ellas la colusión con el crimen, a cambio de terminar con las amenazas izquierdistas.

Hoy mismo estamos ante el riesgo constante de buscar atajos para enfrentar el crimen organizado.
Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, conviene no olvidarlo, van a analizar, este miércoles, si los argumentos de Zaldívar, alegando la falta del debido proceso en la investigación que condujo a la detención y las posteriores condenas en contra de Florence Cassez, son en realidad contundentes.
Insisto: si se convencen de que no hubo el respeto al debido proceso, van a actuar en consecuencia.
Ninguno de ellos piensa que los procedimientos se pueden obviar y que la justicia se debe sujetar a los dictados y caprichos de la gente.
El debido proceso es una garantía constitucional que además, en el caso de la francesa Cassez, está respaldado también en convenios internacionales relativos a la protección consular.
Lo más preocupante del asunto Cassez es observar cuánto nos falta para construir una verdadera cultura de la legalidad.
La banalidad, en efecto, como antesala de un estado policial ajeno a cualquier garantía jurídica.
julian.andrade@razon.com.mx
Twitter: @jandradej