Defender el petróleo : Julio Pimentel Ramírez

Defender el petróleo
Julio Pimentel Ramírez

Este 18 de marzo, al cumplirse 74 años de la expropiación petrolera, el país se adentra en momentos cruciales en el que se define si se profundiza y concluye el proceso de privatización de los recursos energéticos del país o se decide por conservar, y/o rescatar, en manos del Estado la riqueza del subsuelo, su exploración, extracción y transformación (no hay que olvidar que se ha relegado la refinación de crudo y que en forma soterrada e ilegal se privatiza parte de las actividades de PEMEX a través de los PIDIREGAS y de los llamados “contratos incentivados”), para entrar en un proceso de modernización de la industria petrolera sin ceder soberanía.
Recordemos que la actual Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional afirma que sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, y señala que ésta abarca la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación, entre otras modalidades. El referido numeral de la Carta Magna, por su parte, consagra que tratándose del petróleo (...) no se otorgarán concesiones ni contratos y que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos.
Sin embargo, como sucede en muchos aspectos de la realidad, la violación de la norma constitucional es sistemática y mediante trampas legaloides se abre la puerta de atrás –ese es el sino que acompaña desde el 1 de diciembre de 2006 al espurio Felipe Calderón- para que corporaciones internacionales se preparen para incursionar en la exploración y explotación de los mantos petroleros que yacen en nuestra parte del Golfo de México.

Como sucede en estos tiempos, más pronto sale la verdad a flote que el crudo extraído de la profunda sima de los mares del Golfo: en documento filtrado por Wikileaks, fechado en 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, afirma que la intención del gobierno mexicano con la negociación del tratado bilateral sobre yacimientos transfronterizos –que fue finalmente suscrito por ambos países en febrero pasado– es abrir las puertas del sector petrolero nacional a las compañías internacionales, según declaraciones formuladas por la ex titular de la Secretaría de Energía Georgina Kessel al diplomático estadunidense.
En realidad esta filtración no toma de sorpresa a nadie, es ampliamente conocido el doble discurso de los panistas, en particular de Felipe Calderón y su administración, que mientras aseguran que las reforma energética que impulsan conserva Pemex en manos del Estado, en realidad lo que llevan a cabo es su privatización, ya no tan soterrada como al inicio del ciclo neoliberal.
La escandalosa declaración de Kessel reseñada por Pascual tendría que dar pie a un esclarecimiento cabal de las condiciones y los efectos para el país que se desprenden del referido acuerdo sobre yacimientos transfronterizos, los cuales no han sido difundidos en forma transparente a la sociedad. Las nebulosas intenciones del gobierno federal a este respecto son un motivo adicional para que el Senado de la República –encargado de revisar y, en su caso, avalar el referido acuerdo– actúe con todo el escrúpulo posible a efecto de evitar un daño mayor a la soberanía y el patrimonio nacionales.
Por su parte, es deseable y necesario que los sectores de la sociedad que se opusieron a la iniciativa abiertamente privatizadora presentada en 2008 por Felipe Calderón se mantengan alertas y rechacen todo intento por escamotear a la nación propiedades y potestades que le pertenecen por mandato constitucional.
Son claras las posiciones de los tres principales aspirantes a la presidencia de la República. El PRI y el PAN, no está por demás insistir en ello, representan lo mismo, mientras que las fuerzas del Movimiento Progresista simbolizan la posibilidad de una alternativa de cambio verdadero.
El tricolor a través de Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto insiste en dos de las llamadas reformas estructurales: la fiscal, con énfasis en cobrar IVA a medicinas y alimentos, olvidando qué hacer por que las grandes empresas paguen impuestos justos, y una “profunda reforma energética”, que en el argot de los tecnócratas significa la privatización de PEMEX.
Josefina Vázquez Mota promete bursatilizar Pemex, que en el marco de la estrategia privatizadora del PAN significa acelerar la entrada de los grandes capitales a la paraestatal, bajo el engañoso manto de los bonos ciudadanos.
Andrés Manuel López Obrador propone un cambio profundo del régimen fiscal de Pemex -para no dañar a las finanzas públicas se cobrarían impuestos a los grandes evasores- de manera que cuente con recursos para avanzar en su modernización y que siga como punta de lanza del desarrollo de la Nación, ahora soberano y justo.