Comicios en inseguridad : Sergio Cortés Sánchez

Comicios en inseguridad
Por : Sergio Cortés Sánchez

La inseguridad pública en el país es un aporte indiscutible del Partido Acción Nacional; los gobiernos emanados de ese partido la han fomentado, ya sea por ineptitud; por contubernio y/o por sus políticas económicas que han degradado la calidad de vida y erosionado la credibilidad en las instituciones. Cualquier indicador de inseguridad pública evidencia lo inocultable: su incremento entre el año 2000 y 2011, ya sea el indicador la denuncia de delitos presentados ante el Ministerio Público (aumentaron 62 por ciento las denuncias de delitos del fuero federal entre 2000–2010), ya sea el indicador de percepción de la seguridad pública generado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus encuestas continuas (es mayoría absoluta la ciudadanía que percibe mayor inseguridad) o en la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública del año 2010 del propio Inegi: 53 por ciento de los ciudadanos afirma que hay más delitos y 12 por ciento dice que hay menos; Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango y Colima son las entidades de mayor inseguridad, las de menos, Yucatán y Chiapas. La ausencia de seguridad pública ya generó cambios en las conductas de familias e individuos: se evita salir de noche; usar joyas, traer efectivo o transitar por vías públicas poco iluminadas y, recientemente, a emigraciones en busca de paraísos de seguridad.

Ayer, los diarios La Jornada y Reforma documentaron la incidencia de las mafias sobre los comicios federales y la disputa del crimen organizado por el control de las plazas. La Jornada (11/03/12, página 5) cita un documento interno del Instituto Federal Electoral (IFE) en donde detalla la existencia de 11 mil 55 casillas consideradas por ese organismo como de atención especial (de un total de 66 mil 740); de las casillas de atención especial, 2 mil 480 lo son por los problemas de inseguridad observados. El IFE analiza ocho causales que ameritan una atención especial de las secciones electorales, entre esas, ubica la inseguridad pública: “lugares donde se presentan hechos presuntamente delictivos de diversa naturaleza y violentos, zonas donde se identifica la presencia de fenómenos como pandillerismo, alcoholismo, drogadicción, prostitución y enfermedades endémicas, además de áreas y caminos con personas armadas y acceso restringido para llegar a las localidades”. En estos momentos, de 300 distritos electorales hay alarma en 203, ya sea por factores geográficos, demográficos, ecológicos, culturales, de lengua indígena, conflictos comunitarios, zonas militares o por inseguridad pública. Reforma (11/03/12, página 6) consigna un conflicto de intereses entre siete grupos criminales que se disputan 56 de los 125 municipios del estado de México: la ley que impera en los terrenos gobernados por el grupo Atlacomulco es la del crimen organizado.
En el municipio de Puebla se perciben también muchos problemas de inseguridad así como una relación directa entre el crimen organizado y los procesos electorales. En una encuesta telefónica aplicada a 390 ciudadanos residentes en dicho municipio entre los días 24 y 26 del pasado mes de junio, tres de cada cuatro ciudadanos manifestaron sentirse menos seguros y afirmaron que la delincuencia había aumentado con relación a la observada un año antes. La inseguridad pública la relacionaron con la pobreza, la corrupción e ineficiencia de la administración pública; 45 por ciento de los ciudadanos manifestó que los operativos implementados por Felipe Calderón para combatir al crimen organizado no han logrado sus objetivos, y 36 por ciento dijo que sí los había logrado, y sobre el ganador de la guerra de Felipe Calderón, 55 por ciento de los ciudadanos la dio la victoria al crimen organizado y 27 por ciento al Ejecutivo federal. En otra encuesta telefónica aplicada a 400 ciudadanos del municipio de Puebla entre los días 9 y 11 de septiembre del año pasado, se le preguntó que valoraran la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas en una escala del uno al cinco, donde uno significa que no se cumple ninguna ley y cinco significa que todas las leyes se cumplen, el promedio fue de 2.3, por abajo del punto medio.
Con el objetivo de conocer la percepción de la incidencia del crimen organizado sobre los comicios electorales, el 11 y 12 del pasado mes de noviembre aplicamos una batería de cuatro preguntas a 395 ciudadanos radicados en el municipio de Puebla: la pregunta fue: ¿cree usted que el crimen organizado: promueva la violencia en mítines electorales; influya en la designación de candidatos; inhiba el voto de los ciudadanos y, financie campañas electorales? En promedio, tres de cada cuatro ciudadanos respondieron que sí intervenía el crimen organizado en las elecciones; las respuestas afirmativas más altas las otorgaron las ciudadanas; las y los ciudadanos menores a 30 años; los de nivel de escolaridad de bachillerato y los que reportan ingresos menores a cinco salarios mínimos. El promedio de respuestas afirmativas a cada pregunta, con su respectivo margen de error de +/5 por ciento, fue el siguiente: 71 por ciento de los ciudadanos radicados en el municipio de Puebla y que disponen de teléfono en casa manifestaron que el crimen organizado sí promueve la violencia en mítines; 75 por ciento dijo que si interviene en la designación de candidatos; el 67 por ciento está seguro de que inhibe la emisión de voto y 78 por ciento dice que financian campañas electorales. El vaticinio de aquellas que dijeron que sería una elección de tres parece cumplirse: los verdaderos electores serán Televisa, la iglesia católica y el crimen organizado, y la abstención se perfila de mayoría absoluta, con notable ausencia de jóvenes.