Calderón en La Haya… y en la olla : Ricardo Monreal Avila

Calderón en La Haya… y en la olla

Ricardo Monreal Avila

De manera inédita, un grupo de 23 mil mexicanos ha promovido en La Haya una demanda colectiva ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el gobierno mexicano y los cárteles de la droga, por igual, por los delitos de “crímenes de guerra” y “crímenes de lesa humanidad” cometidos en el contexto de la guerra contra las drogas iniciada hace cinco años.
Se trata de que la CPI abra formalmente una investigación sobre las más de 50 mil muertes y 10 mil desapariciones que han ocurrido desde diciembre de 2006, fecha en que el gobierno mexicano declaró públicamente una batida en contra de las bandas criminales, a la que durante tres años llamó guerra y, repentinamente, desde hace un año, rebautizó con el nombre de “lucha por la seguridad”.
¿Es válido que este grupo de mexicanos recurra a la CPI a presentar esta denuncia contra el gobierno mexicano y los cárteles de la droga, por igual? No sólo es válido, sino necesario, cuando en un país no se investigan los crímenes contra la población, existe una impunidad generalizada o se violan los derechos humanos elementales por parte de las fuerzas oficiales de seguridad o de grupos paramilitares privados, como es el caso de México.

En un mundo donde no sólo la economía, sino la justicia, se han globalizado, los ciudadanos de cualquier nación tienen todo el derecho de acudir a tribunales internacionales para suplir las omisiones, deficiencias o ineficacias de los tribunales nacionales. Sobre todo, si su país de origen se encuentra adherido y suscribió el estatuto de la CPI, como es el caso de México.
El gobierno mexicano ha sido omiso en la investigación de las casi 50 mil muertes y más de 10 mil desapariciones como lo evidencia el hecho de que sólo en el 15% de los casos existe una averiguación previa y únicamente se ha aclarado y castigado el 4% de las ejecuciones. Es decir, el 96% de los casos permanece en la total y absoluta impunidad.
También ha sido omiso y remiso respecto a las resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la organización no gubernamental Human Rights Watch, que han sido soberanamente ignoradas o cuestionadas en sus observaciones. El ejemplo típico es el caso Radilla Pacheco, donde el actual gobierno tardó más de dos años en atender la sentencia.
Tenemos por último la resistencia del gobierno mexicano a revisar integralmente el fuero militar y a someter a tribunales civiles a los militares que, en ejercicio de funciones de seguridad civil, cometen atropellos o violaciones a los derechos humanos.
Todos estos ejemplos son indicadores claros de que en México hay denegación de justicia, y ésta es precisamente una de las situaciones clave bajo las cuales se puede solicitar la intervención de la CPI. Así lo precisó incluso el fiscal general de este organismo, Luis Moreno Ocampo, quien aseguró el pasado martes 29 de noviembre que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina contra los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de México, Felipe Calderón. Ni más ni menos.
“Recibimos comunicaciones de todo el mundo, incluidas hace pocos días las de Venezuela y México”, confirmó Ocampo en una entrevista telefónica a EFE. Habitualmente la CPI no informa públicamente de las denuncias que recibe y hasta ahora no se había pronunciado sobre estos casos.
Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran en la jurisdicción de la CPI.
Según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. “Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, recordó Ocampo.
La CPI ha realizado investigaciones preliminares en Honduras y Colombia, pero en este último caso, por ejemplo, no ha llegado a abrir una investigación propia porque las autoridades colombianas ya están estudiando los presuntos crímenes relacionados con las FARC y el narcotráfico.
El fiscal puso también como ejemplo el caso de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, de los que dijo que “probablemente constituyeron un crimen de lesa humanidad bajo mi jurisdicción, pero no los investigué porque lo hizo España”.
El caso contra Chávez fue planteado la pasada semana ante la CPI por uno de los seis aspirantes a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, que quiere que se juzgue al presidente del país de delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad, informó la agencia EFE.
La demanda de los 23 mil mexicanos en La Haya está acompañada de 450 casos documentados de violación de derechos humanos donde los señalados son las fuerzas armadas mexicanas y cuya validación ha estado a cargo de las comisiones mexicanas de derechos humanos, de la CIDH y de la ONU misma. Es decir, no son invenciones o calumnias de un grupo de alborotadores.
¿Cómo reaccionó el gobierno mexicano a esta acción civil colectiva? Con intimidaciones, amagos y amenazas. “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Es decir, para el gobierno “democrático” de México, ejercer el derecho de acudir a instancias internacionales a solicitar justicia, es una calumnia. La respuesta en sí del gobierno mexicano constituye una prueba contundente de la vulnerabilidad de los gobernados frente a sus gobernantes, y podría ser anexada al expediente para ilustrar el tipo de justicia que se aplica en el país.
Curiosamente, una respuesta similar dio el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, al intentar descalificar a quienes lo demandaron ante la CPI. Chávez los llamó “traidores” y “enemigos” de Venezuela. Calderón, “calumniadores” y un peligro para la imagen de México.
Si el gobierno de Calderón no toma en serio la demanda presentada en su contra en La Haya, podría terminar en la olla de los gobernantes genocidas del momento. No sólo a un lado de Hugo Chávez, sino de los presidentes de Uganda, Sudán, la República Democrática del Congo, Libia, Costa de Marfil, Kenia, Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria. Países todos donde no hay “democracias vibrantes” sino democracias sangrantes.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala