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¿Y el respeto a los poderes de la República?
Por: Redacción de ww.sinembargo.mx
Casa de citas

A las declaraciones que el lunes pasado externó Felipe Calderón Hinojosa para pedir –y también reprochar– a los jueces que se aboquen a castigar a los delincuentes y no a proteger a las víctimas, en una clara alusión al caso de Florence Cassez, se unieron ayer las del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, quien también insistió en que el Poder Judicial debe privilegiar a las víctimas del delito.

La ofensiva del gobierno calderonista en contra el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se recrudeció el martes, horas antes de que este 21 de marzo sea votado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los ministros José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero.

El planteamiento de Zaldívar es claro: pide la libertad de la francesa debido a que se violó el “debido proceso” en su contra y por el “montaje televisivo” que la involucró con la banda de secuestradores Los Zodiaco, mismo que fue ordenado por Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal y jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando se registraron los hechos.


Sin embargo, el titular de la Segob considera que si bien a todos nos toca cumplir la ley, al Poder Judicial le corresponde el hacer justicia y “en este momento, es momento de enfatizar la justicia para los víctimas de los delitos”, dijo.

Poiré aclaró que el Ejecutivo federal acatará la sentencia, aun si se deja en libertad a la ciudadana francesa, quien fue sentenciada a 60 años de cárcel, pero violando el debido proceso.

De acuerdo con la agencia APRO, el funcionario reiteró que serán “respetuosos” de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque para nadie es un secreto los enormes desencuentros que ha tenido Calderón con los jueces durante su sexenio y que también lo han enfrentado con ministros de la SCJN.

El abogado de Florence Cassez, por su parte, acusó al presidente Felipe Calderón de atentar contra el espíritu de la división de Poderes en el país y de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la francesa, quien ya fue sentenciada a 60 años de prisión por secuestro y portación de arma de uso reservado a las Fuerzas Armadas.

En una entrevista con Radio Red, Agustín Acosta Azcón –hijo de Agustín Acosta Lagunes, quien fuera gobernador de Veracruz de 1980 a 1986– se refirió a las declaraciones de FCH el pasado lunes: “Me preocupa la manifestación el día de ayer del señor Presidente de la República que, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto, es contraria al espíritu de la división de Poderes porque que, el titular de Poder Ejecutivo salga a manifestarse, pues evidentemente se entiende como una presión”.

Calderón pidió en Veracruz al Poder Judicial que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”, sino que sea un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.

No obstante son los jueces quienes tienen hoy la sartén por el mango y este mediodía se conocerá su fallo sobre uno de los casos más escabrosos –uno de muchos, por desgracia– para la justicia mexicana en este sexenio.

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Hace apenas cinco meses, el 25 de octubre de 2011, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, inauguró el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4i4), que monitorea la seguridad y vigilancia del Distrito Federal en casos de desastres como sismos, inundaciones y emisiones volcánicas.

Y ayer el C4i4 tuvo su primera prueba de fuego y mostró porqué era urgente un edificio de esas características en una urbe con las condiciones geológicas de la Ciudad de México.

Desde ese sitio, el bunker de inteligencia más grande de América Latina con 13 mil cámaras distribuidas en la capital del país, concentra la información de 47 dependencias del DF y donde se conecta a las bases de datos de Plataforma México de la administración federal, se coordinaron las labores de atención a la ciudadanía y revisión de infraestructura, tras el sismo de 7.9 grados Richter que se vivió en la Ciudad de México, el más poderoso luego del terremoto de 8.1 grados que se registrara el 19 de septiembre de 1985.

Aquella mañana de 1985, la unidad equivalente a Protección Civil en el Distrito Federal era una Dirección de Área con un radiocomunicador, habilitada en una oficina de cuatro metros cuadrados.

El propio Ebrard recuerda que esa mañana le habló a su casa quien hoy es presidente de la Fundación Equidad y Progreso, René Cervera García, y le informó de los primeros grandes daños que se reportaban; juntos se fueron al centro de la Ciudad de México para ver cómo ayudaban, pero se habían quedado sin oficina, sin telecomunicaciones y con pocas posibilidades de coordinar esfuerzos para apoyar en una urbe que, en ese momento y en los días que transcurrieron, era una caos.

Ahora, casi 27 años después, ese inmueble de 34 mil metros cuadrados, cuya construcción se inició en 2007, se tiene un lugar seguro, con comunicaciones abiertas y capacidad de movilizar gente, para decidir qué hacer en caso de un gran sismo –como el de ayer–, una inundación mayor, una erupción del Popocatépetl y la caída de grandes cantidades de ceniza, o una crisis de violencia.

Los ciudadanos y las autoridades están mejor preparados para estas contingencias y ayer fue palpable y plausible el comportamiento tanto de los capitalinos como de todos los funcionarios y civiles que participaron en las evacuaciones y en el apoyo de quienes requirieron ayuda.

La buena, al final del gran susto, es que no hubo un solo deceso por el sismo, y todos regresaron a casa, no sin contratiempos, pero sanos y salvos.

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El proceso de elección interna del PAN para elegir a sus candidatos al Senado de la República por Chihuahua fue , celebrado el 19 de febrero, y donde contendieron Cruz Pérez Cuéllar, Carlos Borruel Baquera y Javier Corral Jurado, fue anulado por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, luego de la ola de denuncias de los tres precandidatos por presuntas irregularidades detectadas en varios centros de votación en el estado.

Las denuncias presentadas incluyeron desde el acarreo masivo de personas, compra y coacción del voto, hasta dolo o errores en el cómputo y faltas en los procedimientos.

Corral Jurado fue quien demandó la anulación de todo el proceso que, además, detonó denuncias en los procesos de selección interna panista en toda la República, y que se conoce ahora como “el cochinero” del PAN.

Ahora, el reto para los panistas de Chihuahua y para el CEN, es designar a nuevos candidatos y que éstos respondan realmente a lo que las bases locales de ese partido demandan. Duro el revés para Gustavo Madero Muñoz y su equipo cercano, quienes siempre negaron que se hubieran dado dichas irregularidades.