Impunidad de ayer, crímenes de hoy : Julio Pimentel Ramírez

Impunidad de ayer, crímenes de hoy
Julio Pimentel Ramírez

En estos aciagos días que padecemos, en los que el ilegítimo Felipe Calderón así como las cúpulas del PAN y del PRI pretenden culminar la destructora labor emprendida desde hace cinco administraciones federales por el neoliberalismo contra la viabilidad de México como nación soberana y justa, no es en vano recuperar la memoria histórica de luchas populares y persistir en la exigencia de verdad y justicia en los casos de víctimas de delitos de lesa humanidad del “pasado”.
La crisis sistémica del capitalismo, cuyo epicentro se trasladó de Estados Unidos a Europa aunque cimbra al planeta en su conjunto, se agrava en México por la ineficacia y corrupción de los calderonistas y por su estrategia de “guerra” contra algunos cárteles del narcotráfico instrumentada por Los Pinos siguiendo directrices de Washington.
Al desempleo, la pobreza, la caída en la calidad de la educación, la salud, la vivienda, entre otros indicadores del subdesarrollo en un país cuyos importantes recursos son saqueados descarada e impunemente, se suma la barbarie de la violencia que deja ya más de 60 mil ejecutados y 10 mil desaparecidos, sin olvidar otros graves delitos en contra de la seguridad de los mexicanos, sus garantías constitucionales y sus derechos humanos.

Por eso, precisamente por todo ello, y a pesar de saber que en México la justicia es una quimera, familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de derechos humanos que los acompañan, insisten en denunciar que la impunidad de ayer es la impunidad de hoy, que la violencia y represión de los últimos tiempos es un corolario de las injusticias de ese pasado que no ha sido superado y cuyas prácticas más deleznables se reproducen cotidianamente a lo largo y ancho de la República.
Recordamos la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz (el padre, José de Jesús, y cuatro de sus hijos: Amafer, Armando, Solón y Venustiano) fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad en Tarejero, comunidad purépecha de Michoacán.
La historia de los cinco activistas, el contexto en el cual se dieron las desapariciones y la lucha de sus familiares por conocer su paradero y obtener justicia está plasmada en el libro Mártires de la democracia, escrito por Abdallán Guzmán Cruz y el que esto escribe, presentado el pasado jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), apunta en la introducción del libro que en México aún nos aguarda un largo camino para acceder plenamente a la justicia en estos casos, pues el entramado institucional está diseñado para asegurar la impunidad y que la justicia sea una quimera.
Cortez hizo énfasis en la labor de aquellos familiares, sobre todo mujeres, que han luchado día a día por encontrar a sus esposos, hermanos, amigos y que nunca han claudicado; destacó que son las mujeres las verdaderas depositarias del derecho a la verdad. Expresó su reconocimiento y respaldo a Blanca Hernández y a Abdallán Guzmán Cruz por su trabajo en la incansable búsqueda de justicia; además, destacó que Blanca ha sido víctima de amenazas y hostigamiento, por lo cual se mostró preocupado y pugnó porque se garantice su integridad y condiciones adecuadas para ejercer la labor de defender los derechos humanos.
José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, considera que uno podría cambiar nombres y fechas a la hora de la descripción de las desapariciones y estaría leyendo una historia actual.
A lo largo de las últimas cuatro décadas ha cambiado el motivo de persecución pero se mantienen las estructuras políticas y de funcionamiento de los cuerpos policiales y militares que cometen atropellos contra los activistas.
Así, durante la llamada guerra sucia se atacaba al comunismo, en la década de los noventa el pretexto era la violencia en la Ciudad de México y hoy es la lucha contra la delincuencia organizada.
Ante la nula disposición de las autoridades para investigar las desapariciones forzadas y, por ende, la falta de sanción de abusos cometidos por cuerpos policiacos, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han retomado algunos casos concretos para presentarlos ante instancias internacionales en busca de justicia.
Por lo que toca a la familia Guzmán Cruz, su caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006. No olvidemos que ya hay un precedente: la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del activista social guerrerense Rosendo Radilla en 1974.