¿Infundada la querella? : Guillermo Fabela Quiñones

¿Infundada la querella?
Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes

Está probado históricamente que México ha podido avanzar cuando la elite conservadora es derrotada. Así sucedió en 1865, también en 1917 y luego en 1934. Por eso, mientras se mantenga en el poder, la extrema derecha utilizará la fuerza del Estado para asegurar que las corrientes progresistas no avancen, como así ha sucedido desde que la tecnocracia neoliberal suplantó, en 1983, a la vieja camarilla priísta que había dejado atrás sus compromisos con las clases mayoritarias. El desgobierno de Felipe Calderón es una muestra fehaciente de lo riesgoso que sería para el país que siga siendo hegemónico el grupo oligárquico al cual le han servido fielmente los últimos cinco presidentes.
Es incuestionable que con los dos mandatarios panistas, el conservadurismo decimonónico llegó a extremos inauditos, de ahí que ese grupo oligárquico pretenda imponer en Los Pinos a Enrique Peña Nieto, a sabiendas de que con su “pragmatismo” y obediencia a sus patrocinadores, entre los que sobresale Carlos Salinas de Gortari, sus intereses no correrían peligro alguno, y el sistema político recibiría el barniz de “modernidad” que tanta falta le está haciendo. Esto porque es realmente impensable que el PAN se mantenga al frente de las instituciones nacionales. Son demasiados los despropósitos de un “gobierno” fallido, cuyo final amenaza convertir al país en un polvorín, o en el mejor de los casos en una sociedad ingobernable.

Es válida tal afirmación, debido a la actitud intolerante y decimonónica de Calderón ante la demanda que un grupo de ciudadanos hizo contra el panista, por las constantes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte de su “gobierno”. Si tan seguro está, de que la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya, es improcedente, lo razonable es que presente los argumentos jurídicos que demuestren la falsedad de los demandantes, no que actúe de la manera como lo hizo, con amenazas propias de regímenes autoritarios.
Según Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, la querella contra Calderón “es infundada”, pues las acciones contra el crimen organizado “están plenamente justificadas”, y además no se han agotado los recursos en las instancias locales. ¿Tendría algún sentido recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante la propia PGR? Dice el abogado panista que quienes desaprueban la lucha contra los cárteles del narcotráfico, “no han propuesto otra solución viable al problema”. Esto es absolutamente falso, pues propuestas ha habido, de expertos nacionales e internacionales, así como de organismos de la sociedad civil. Que no las quieran atender es otra cosa.
Desde luego, no son soluciones fáciles ni de corto plazo, pero existen aunque Calderón no las acepte porque no tiene, nunca ha tenido, otra estrategia que seguir al pie de la letra los dictados de la Casa Blanca, instancia interesada en enconar la vida política y social de los mexicanos, propósito central de la “guerra” de Calderón. Gracias a esta situación, los últimos dos gobiernos de Washington han podido intervenir en los asuntos de nuestro país de manera nunca antes vista, cosa fácil de constatar por hechos contundentes, como la presencia aquí de agentes de la DEA, la CIA y otras agencias estadounidenses, incluso aceptada por funcionarios del gobierno de Obama.
¿Cómo puede afirmar el subprocurador Castro que “están plenamente justificadas” las acciones represoras de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, y las que cometen las fuerzas armadas en contra de la población civil? Son miles de casos documentados de ese tipo de violaciones a los derechos humanos. ¿No es un acto violatorio el vil asesinato del activista del Movimiento por la Paz, Nepomuceno Moreno Muñoz, ocurrido el lunes, que seguramente quedará impune? Con ésta son dos las muertes de activistas de dicho movimiento en poco más de un mes, pues el 7 de octubre fue asesinado Pedro Leyva, de la comunidad indígena michoacana de Ostula.
Sin embargo, Calderón no tiene empacho en afirmar que quiere construir un país de leyes, “de frente, con la ley en la mano y con la fuerza del Estado”. Obviamente, lo único que ha usado es lo último, la fuerza del Estado contra quienes no comulgan con sus ideas y principios que dice defender. En la ceremonia conmemorativa de la promulgación del Plan de Ayala, en la población de Ayala, Morelos, afirmó: “Principios es lo que demanda hoy México de sus hijos para defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos, buscar la justicia para construir un país de leyes”. Es claro que los “principios” a los que se refiere el inquilino de Los Pinos no son los de la mayoría de mexicanos. Es obvio también que es falso su dicho de que su gobierno impulsa “que haya cada día más becarios y menos sicarios”: la realidad lo desmiente. ¿No son jóvenes menores de veinticinco años la mayoría de muertos por su “guerra”?
(Guillermo.favela@hotmail.com)