Emilio Álvarez Icaza L.
Guerrero: dos campanadas
En Guerrero están pensando cosas graves. Permanecen desaparecidos Marcial Bautista y Eva Alarcón, líderes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán en Coyuca de Catalán (OCESPCC), y el martes 13 fueron asesinados Gabriel Echeverría y Jorge Alexis
Herrera, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en un criminal operativo policiaco para desalojar el bloqueo de la autopista que realizaban los normalistas. Por su significación e implicación estos hechos son fuertes llamadas de atención, principalmente al gobierno de
Guerrero.
El caso de la desaparición de Marcial y Eva es un peligroso mensaje para quienes, desde las organizaciones sociales, luchan por la justicia por métodos pacíficos y confiando en las instituciones; llegaron incluso hasta entregar una carta, por conducto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), al presidente Felipe Calderón durante el segundo diálogo en el Castillo de Chapultepec, en la que se explicaba la difícil problemática que se vive en esa zona de Guerrero como consecuencia del permanente acoso de caciques, delincuentes y narcos.
Ayer en una reunión del Consejo Estatal de Seguridad, sostenida en Chilpancingo, Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre expresó delante de familiares, líderes campesinos y sociales y ante una representación del MPJD que hacía suyo este problema. Se explicó, ante el demoledor
testimonio de una de las familiares, que se han desplegado distintos operativos de búsqueda. Si bien, es de reconocerse la voluntad expresada por el gobernador y los servidores públicos federales y locales ahí presentes, mientras más tiempo pase más difícil se hace la búsqueda. En
la referida reunión quedó más que clara la importancia de encontrar a Marcial y a Eva con vida.
En el segundo caso, el de los normalistas, es inaceptable e inadmisible la forma en que se respondió a la movilización estudiantil. No se justifica por ningún motivo que a una movilización social de unos muchachos se responda con el uso de armas de fuego. Es una de las
demostraciones más palpables del indebido uso de la fuerza de las corporaciones de seguridad. Se puede estar o no de acuerdo con los métodos de los normalistas, se puede compartir o no el modelo de las normales, pero lo que es indefendible es una respuesta del Estado con este nivel de violencia.
El costo e inercia de instituciones con modelos y servidores públicos autoritarios quedó brutalmente expuesto. Existen evidencias fotográficas de servidores públicos estatales portando armas y de personas disparando: ¿quiénes son?, ¿dónde están?, ¿quiénes dieron las órdenes?,
¿dónde estuvieron los protocolos y procedimientos que orientaran la implementación y oordinación del operativo?
Hay pistas a seguir. Por ejemplo, los impactos de bala que quedaron en el murete de la autopista, entre otras cosas, pueden hacer suponer que fueron integrantes de la policía ministerial de Guerrero los que dispararon. Ahora la Procuraduría General de la República (PGR) ha atraído el caso y se espera una investigación objetiva, pronta, cierta y exhaustiva.
La respuesta inicial del gobierno de Guerrero da confianza en que se pueda hacer una adecuada investigación. La salida del procurador y del secretario y subsecretario de Seguridad Pública de la entidad son hechos positivos pero no suficientes. Es preciso avanzar en un rediseño
institucional de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia del estado, así como de las leyes que las regulan.
Estos hechos requieren acciones de gobierno que vayan mucho más allá del control de daños. Se necesita ir a las causas de los problemas, superar viejos esquemas de gestión pública y desarrollar modelos de seguridad democráticos. Se necesita, por ejemplo, legislar sobre el uso de la fuerza e implementar controles ciudadanos en toda la cadena de las instituciones que intervienen en la prevención del delito y la procuración, impartición y administración de justicia.
El gobernador y su equipo tienen una gran oportunidad en estas crisis. En el inicio de su gestión pueden hacer frente a las grandes debilidades de las instituciones de Guerrero, en particular las de seguridad. Aún ahora, diversas organizaciones y sectores han depositado su confianza en el gobierno local, mantenerla depende de los resultados no de las palabras, aunque quienes están en la funanos
ción pública tienen que hacerse cargo que ya van dos campanadas.
Defensor de los derechos humanos
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