Julio Pimentel Ramírez : Letra muerta

Letra muerta
Por Julio Pimentel Ramírez

Llegamos a este cinco de febrero, Aniversario 94 de la Constitución, con un país sumido en una integral y profunda crisis económica, política, social y de seguridad, en el que la Carta Magna que surgió de un gran movimiento social y que durante su existencia ha sido objeto de innumerables modificaciones, es letra muerta en muchos de sus artículos ya que el Estado no garantiza sus preceptos fundamentales, entre ellos el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, a una atención adecuada a la salud, a una vivienda digna e incluso el derecho a la vida misma.
Más allá de las críticas al usurpador de Los Pinos que se mantienen en el laxo margen de lo privado y lo público, es de resaltar que la conducción política del actual gobierno federal es no solamente errática sino que tiene un alto costo económico, político y social que afecta a la sociedad en su conjunto aunque de manera particular a los llamados sectores menos favorecidos, es decir a la mayoría de los mexicanos que viven de su trabajo.

Es más, cabe destacar que la política económica neoliberal –que entre sus saldos cuenta con dos terceras partes de la población en pobreza, millones de desempleados y alrededor del 60 por ciento de los ocupados en la economía informal, es decir en condiciones precarias y sin atención social, ocho millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, etc.- se “complementa” con la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado que tiene a vastas regiones de México sumido en la barbarie, cáncer que amenaza con hacer metástasis al resto del cuerpo nacional.
Es difícil plasmar en cifras la realidad lacerante que padecemos pues las autoridades de todos los niveles y en especial las federales, no cumplen los preceptos legales de transparencia que establecen que la sociedad debe de estar oportuna y ampliamente informada.
Aun así son impactantes los datos que se manejan, entre ellos que en lo que va de esta administración panista son ya alrededor de 40 mil las personas ejecutadas en el marco de la guerra contra el narcotráfico; que son más de 18 mil las personas “levantadas”, es decir secuestradas por delincuentes y por autoridades (se extiende la versión de que existen ya grupos paramilitares dedicados a tareas de “limpieza social” y, de pasada, a reprimir la protesta social).
No se trata solamente de exponer en abstracto los guarismos de la muerte y el sufrimiento o aceptar los argumentos gubernamentales que señalan que la mayoría de los miles de ejecutados se “lo merecían”, por lo que todos esos crímenes no son investigados y permanecen en la impunidad; y que solamente un porcentaje reducido cae en el renglón de los llamados “daños colaterales”, es decir, sin eufemismo, víctimas inocentes.
En todo caso cabe reflexionar sobre el hecho complejo de que muchos de los muertos violentamente son jóvenes que ante la falta de perspectivas sociales optaron por la falsa salida que les ofrece el narcotráfico, situación en la que tiene responsabilidad el Estado que dejó de cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar educación, salud y empleo a los mexicanos, en primer lugar a niños y jóvenes, así como el entramado social, los llamados poderes fácticos, que contribuyen a difundir valores que erosionan la identidad, dignidad y solidaridad social de los individuos.
Una de las estadísticas que ejemplifica el fracaso rotundo y doloroso del actual gobierno federal, por el que tendrá que responder en el futuro, es la que se refiere a los más de mil menores de edad, niños, niñas y adolescentes, asesinados durante las balaceras entre sicarios y de éstos con policías y militares, vidas truncadas ante la impasibilidad de quienes deben de garantizar su desarrollo, que es el del país mismo.
Pero no solamente esta información es estremecedora. La Red por los Derechos de la Infancia en México expuso ante la ONU que unos 30 mil niños y niñas cooperan con los grupos criminales en distintas formas, involucrados en la comisión de unos 22 delitos, desde tráfico de drogas hasta secuestro de personas, desde trata de seres humanos hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etcétera.
La responsabilidad es social pero principalmente del Estado, de la clase política y económica que detenta el poder en México, que tiene que irse para que las cosas puedan comenzar a cambiar realmente.