TENDAJÓN MIXTO
Aumenta la pobreza
Jaime Ornelas Delgado
Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, revela que las familias de los trabajadores mexicanos actualmente adquieren 35 por ciento menos alimentos que al inicio del actual gobierno. La razón, la disminución del poder adquisitivo consecuencia de los bajos salarios y la precariedad del mercado laboral. Esto, simple y llanamente, significa que se ha registrado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores. Pero no es todo, según el CAM “de continuar esta tendencia el salario mínimo presentaría una caída histórica mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue de 51 por ciento, y podría rebasar 60 por ciento, lo que representaría la mayor merma desde los años 40 del siglo pasado.”
El incremento de la pobreza es una muestra más de los perversos efectos de la política gubernamental en materia laboral, la cual ha generado un descenso en la calidad de vida de la clase trabajadora de la ciudad y el campo. En el sector rural por ejemplo, en marzo de este año de los 34 millones de personas que viven en el medio rural, el 37 por ciento (12 millones 506 mil personas) no percibe ingreso alguno; el 25 por ciento (8 millones 450 mil habitantes) recibe sólo un salario mínimo; el 26.9 por ciento (más de 9 millones), recibe ingresos de entre uno y dos salarios mínimos y sólo 8 por ciento (2 millones 704 mil personas) gana de dos a cinco mini salarios. Esos bajos ingresos, aunados al incremento del precio de los productos de la canasta básica durante la administración de Felipe Calderón, han hecho que las familias que viven en el campo tengan una pérdida de 44 por ciento en su ya deteriorado nivel de vida y que casi 30 millones no puedan adquirir la canasta básica.
Aumenta la pobreza
Jaime Ornelas Delgado
Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, revela que las familias de los trabajadores mexicanos actualmente adquieren 35 por ciento menos alimentos que al inicio del actual gobierno. La razón, la disminución del poder adquisitivo consecuencia de los bajos salarios y la precariedad del mercado laboral. Esto, simple y llanamente, significa que se ha registrado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores. Pero no es todo, según el CAM “de continuar esta tendencia el salario mínimo presentaría una caída histórica mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue de 51 por ciento, y podría rebasar 60 por ciento, lo que representaría la mayor merma desde los años 40 del siglo pasado.”
El incremento de la pobreza es una muestra más de los perversos efectos de la política gubernamental en materia laboral, la cual ha generado un descenso en la calidad de vida de la clase trabajadora de la ciudad y el campo. En el sector rural por ejemplo, en marzo de este año de los 34 millones de personas que viven en el medio rural, el 37 por ciento (12 millones 506 mil personas) no percibe ingreso alguno; el 25 por ciento (8 millones 450 mil habitantes) recibe sólo un salario mínimo; el 26.9 por ciento (más de 9 millones), recibe ingresos de entre uno y dos salarios mínimos y sólo 8 por ciento (2 millones 704 mil personas) gana de dos a cinco mini salarios. Esos bajos ingresos, aunados al incremento del precio de los productos de la canasta básica durante la administración de Felipe Calderón, han hecho que las familias que viven en el campo tengan una pérdida de 44 por ciento en su ya deteriorado nivel de vida y que casi 30 millones no puedan adquirir la canasta básica.
Para los trabajadores de la ciudad, el panorama no es mucho mejor; según el CAM, del 1 de diciembre de 2006 al 15 de agosto de 2010, el precio de la canasta alimentaria mínima acumuló un incremento de 104 por ciento, mientras el salario mínimo en el mismo lapso pasó de 48.67 a 57.46 pesos, acumulando un incremento de apenas 17 por ciento, lo que significa una elevada pérdida del poder adquisitivo.
Estos datos han hecho que el Banco Mundial (BM) asegure que en México 90 por ciento de la causa de la pobreza sea atribuible a una caída en el ingreso laboral. Además, el propio BM estima que en nuestro país la tasa de pobreza se incrementó casi 4 puntos porcentuales entre 2008 y 2010 y que 20 por ciento de los hogares más pobres sufriera una caída en su ingreso por persona en cerca de 8 por ciento, superior a la pérdida de 5 por ciento que sufrió la población en su conjunto.
¿Y como se enfrenta esta situación? La desaparición de LFC significó la pérdida de 44 mil empleos directos; los mineros son perseguidos y despedidos y, recientemente, Mexicana de Aviación anunció que reducirá rutas y flota en 70 por ciento y despedirá a la mitad de sus 8 mil trabajadores como condición para reanudar sus operaciones en diciembre.
Mientras tanto, la guerra declarada sin ton ni son por Felipe Calderón a la delincuencia organizada tiene un costo anual de 770 dólares por habitante, lo cual en conjunto representa un gasto equivalente a 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Y como el gasto fiscal es un juego de suma cero, lo que se aumenta en un renglón se resta de otro, la elevación del gasto bélico disminuye el de otros sectores, como la educación superior.
En este caso, el dato es sobrecogedor: en el proyecto de presupuesto de gasto federal enviado por Calderón a la Cámara de Diputados, propone para 2011 destinar a la educación superior 103 mil millones de pesos (a precios de 2010) y en un estudio del Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señala que el gasto federal en educación superior en 2010 es de 116 mil 376 millones de pesos, esto es, en 2001 se propone una reducción de 13 mil 109 millones de pesos a este rubro.
Esto va a significar la necesidad de volver cabilderos a los rectores de las universidades públicas, quienes habrán de peregrinar a la Cámara de Diputados a pedir, suplicar, demandar, y hasta cortejar, a los diputados para solicitar su generosidad y lograr que aprueben mayores recursos a las menospreciadas instituciones públicas de educación superior de provincia, a las que se pretende extinguir mediante su precarización.
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