¡No a la privatización de la industria eléctrica!, Virginia González Melgarejo escribió este artículo.

ECONOMÍA A RETAZOS

¡No a la privatización de la industria eléctrica!

VIRGINIA GONZÁLEZ MELGAREJO

En estos días se habla de aumentos en los bienes y servicios que el Estado provee a la población, tales como gasolinas, gas y, por supuesto, la energía eléctrica, que es factor clave para el desarrollo económico y social de cualquier nación.

La historia de la electrificación del país es fascinante. En 1880 se instalaron los primeros focos en el zócalo de la ciudad de México; posteriormente, se electrificaron Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Mérida; más tarde, se generaliza el uso de energía en el país, de tal forma que para 1911 existían ya en en la República 199 empresas productoras, pequeños monopolios regionales, la mayoría de ellos de capital extranjero. Esas empresas, con el tiempo, fueron prácticamente devoradas por la Mexican Light and Power Company Ltd., que se convirtió en el mayor monopolio del país, mientras las empresas mexicanas participaban apenas con el 2 por ciento de la producción nacional.

Las precarias condiciones en las que laboraban los trabajadores de la industria eléctrica generaron constantes conflictos entre la empresa, sus filiales y el Estado mexicano –en esa época con algunos ribetes de nacionalismo–, conflictos que en 1923 obligaron al presidente Álvaro Obregón a tratar de restringir las ganancias excesivas del monopolio, aunque sería hasta 1926 que el presidente Plutarco Elías Calles reglamentaría a la industria y obligaría a las empresas a firmar contratos de suministro con los consumidores; sin embargo, como las tarifas se mantenían excesivamente elevadas, en 1934 se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito fundamental de “ofrecer a la nación generación, transmisión y distribución de energía eléctrica sin propósito de lucro y en beneficio del interés nacional”. En 1937 el propio presidente Lázaro Cárdenas le da a la CFE un carácter formal y se planea un sistema nacional de electrificación que llegaría al campo y a los pequeños pueblos y ciudades que carecían del servicio. Después, en 1949, Miguel Alemán, mediante decreto, hace de la CFE un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El presidente Adolfo López Mateos, bajo la consideración de que la energía eléctrica es un servicio público estratégico que no debía ser prestado por extranjeros, el 27 de septiembre de 1960, mediante el pago de más de 200 millones de dólares, nacionaliza la industria eléctrica y modifica el artículo 27 constitucional para quedar de la siguiente manera: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.” 14 años después, se adiciona a este artículo un párrafo indispensable para la instalación y operación de plantas nucleares generadoras de energía eléctrica.

Sin duda fue un largo camino para lograr que la industria se nacionalizara y con ello suspender un régimen de concesiones, pero 30 años después de su nacionalización, Carlos Salinas abre de nuevo la puerta al capital privado, otorga permisos indefinidos y permite el autoabastecimiento y la cogeneración de energía por particulares. Ernesto Zedillo pretendió reformar el 27 constitucional para permitir al capital extranjero su participación en la industria, pero, al igual que Vicente Fox, fracasó en su intento. Sin embargo, cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía se dieron numerosos contratos a extranjeros y, dando la vuelta a la Constitución mediante tramposas redacciones al reglamento de operación, permitió al capital extranjero participar en la generación de energía al grado que, actualmente, controla alrededor de el 40 por ciento de la producción, obligando a CFE a comprar la energía a esas empresas, lo cual encarece el servicio y es, sobre todo, completamente anticonstitucional.

Es este un claro ejemplo de cómo los gobiernos neoliberales han sido serviles a los intereses económicos de los monopolios trasnacionales, sin importarles en lo más mínimo lo plasmado en la Carta Magna y, antes de aumentar o no las tarifas de luz, se deberá seguir considerando desde la generación hasta el abastecimiento de energía eléctrica un servicio público que no puede privatizarse.