El maíz: síntesis de contradicciones y conflictos, Susana Rappo escribió este artículo.

A DEBATE

El maíz: síntesis de contradicciones y conflictos

Susana Rappo

Hoy, 29 de septiembre y como iniciativa de la Campaña Nacional “Sin maíz no hay país”, se celebra por primera vez el Día Nacional del Maíz, partiendo de la premisa que “la verdadera independencia del país reside en la capacidad de alimentarnos sin depender de las importaciones de granos y otros alimentos básicos”.

Con el fin de sumarnos a esa celebración, y en ánimo de la reflexión, creo que justamente en el maíz se centra la disputa por la alimentación, entendida por la posibilidad de acceder a alimentos baratos para la mayoría de la población.

En él se sintetizan las contradicciones y conflictos que desde los ámbitos locales, nacionales e internacionales están presentes no sólo en México, sino mundialmente, desde lo productivo y económico, pasando por lo social y cultural hasta lo científico y tecnológico.

El eje vertebral del debate es la posibilidad de preservar la producción nacional de maíz como una producción estratégica por ser la base de la alimentación de la población mexicana.

En los últimos años ese debate ha estado presente de diferentes formas. En el ámbito económico y acorde a las visiones dominantes plasmadas en las políticas públicas se propició las importación del grano (básicamente maíz amarillo) con el fin de abastecer a la industria que diversificó su actividades y que se vio favorecida por precios internacionales a la baja, tendencia que se ha revertido en los últimos años.

La visión de importar grano barato se impuso en lugar de estimular la producción nacional, la brecha entre la agricultura campesina y la agricultura empresarial se ensanchó, ya que sólo los sectores empresariales podían o pueden competir en mercados liberalizados, volviendo sobrante a una parte de los productores campesinos de básicos y de la población rural.

En México, la sustitución del grano nacional por el importado se fue imponiendo como parte de las reformas estructurales del periodo salinista, pero que provienen de procesos anteriores, producto del agotamiento del patrón de acumulación, cuya expresión, la crisis de endeudamiento de los ochenta, implicó la imposición de las llamadas políticas de ajuste estructural a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para arribar al Tratado de Libre Comercio, en los 90.

La crisis alimentaria pone en el centro nuevamente a la producción maicera, pero también a toda la cadena agroalimentaria, ya que si bien la crisis mundial propició la caída en el precio internacional de los combustibles y el entorno recesivo mundial quitó presión sobre los volúmenes físicos y los precios de los granos, en México las presiones inflacionarias en materia alimentaria se mantienen aunadas a un entorno recesivo.

En México se han obtenido cosechas récord de maíz blanco, que garantizan la oferta para la producción y el consumo de tortillas; sin embargo, el incremento de los precios internos, refleja la dependencia de su fijación al mercado internacional de granos y el ajuste del precio de la tortilla depende de las características internas en que se ha desarrollado la industria de la masa y la tortilla.

Ésta, ante la caída de la demanda y frente a los cambios en los hábitos de consumo de una población mayoritariamente urbana y las propias transformaciones de la industria, que concentra la comercialización al mismo tiempo que la dispersa en centenares de establecimientos, con niveles de sobrevivencia en términos de ventas y de ingresos, traslada al precio el aumento de los insumos de manera directa.



Viejos y nuevos problemas

La producción del grano refleja a su interior los viejos y nuevos problemas rurales, unos producto de aspectos estructurales y otros producto y agravados por el proceso de mundialización.

En el primer caso, los procesos históricos y complejos desde la reforma agraria, que explican la dualidad y heterogeneidad de la estructura agraria, producto de un reparto que propició el surgimiento del minifundio a partir de una desigual dotación de tierras y agua y de una agricultura campesina, tradicional y temporalera, imposibilitada de producir excedentes y finalmente imposibilitada de generar un sustento completo para las familias campesinas, que cada día necesitan más el ingreso de otras actividades para garantizar su reproducción, aunque se mantengan en la producción y/o sólo logren obtener una parte de su sustento.

Al igual que el salario, el producto agrícola generado de la explotación de pequeñas parcelas es insuficiente para garantizar la reproducción familiar y de ahí la gran cantidad de combinaciones de actividades que realizan la mayor parte de las familias rurales que poseen tierra y siguen produciendo, aunque en pequeña escala una parte de los alimentos que proporciona la milpa o sólo la producción de maíz y que garantiza aunque sea en parte la alimentación.

Sabemos que desde hace tiempo la población rural mayoritariamente no tiene tierras, y que desde la lógica de la reproducción y la alimentación, esto deviene en una desventaja, ya que necesitan de los ingresos para abastecerse de todos sus requerimientos.

Así como para los productores el precio del grano que comercializan es fundamental para obtener ingresos, para el conjunto de la población rural y urbana que vive de su salario, el precio de los alimentos es fundamental para determinar su consumo.

Dicho precio se ve influido por los precios de los granos, se supone que existe una tendencia a su abaratamiento a partir de mayores volúmenes de producción; sin embargo, existen un sin número de mediaciones, que manteniendo bajo el precio de los granos, los alimentos que se derivan de ellos, puedan tender a incrementarse dependiendo de la estructura de los mercados. Los procesos inflacionarios no son novedad en nuestros territorios.

El proceso de mundialización asociado a la liberalización y la apertura, acentuó la diferenciación productiva al mismo tiempo que desde el Estado las políticas y los apoyos económicos desde las instituciones gubernamentales reforzaban dicha diferenciación al estar diseñadas para el sector empresarial, aunque manteniendo siempre el discurso del desarrollo rural.

Por ejemplo, la constitución de ASERCA, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria mediante el Subprograma de Cobertura de Precios, ha actuado desde el 2001, como la institución intermediaria posibilitando a individuos y organizaciones participar en los mercados internacionales de riesgo por precios. Los datos de ASERCA revelan que en 2005 se compraron un total de 55 mil 497 contratos de futuros que cubrieron un total de 6.2 millones de toneladas, siendo los productos más importantes, el maíz blanco con 55.8 por ciento de los contratos; el trigo con el 19.5 por ciento; el sorgo con 9.7, y el ganado bovino con el 6.1 por ciento, los que representan el casi 94 por ciento. El subsidio de ASERCA en ese año, para dicho programa, de los cuales el maíz participó con el casi 47 por ciento fue de 497 millones de pesos. (Godínez y Fuentes, 2008)

Si bien el mercado de futuros no determina los precios al mayoreo del grano en México, se utilizan recursos estatales para cobertura de un segmento muy reducido de productores, que además, en momentos de alta especulación como sucedió recientemente, repercute sobre el mercado local, imprimiéndole inestabilidad y presionando sobre el precio de los mercados regionales.

La determinación de los precios internos por los internacionales, agrega un elemento más de incertidumbre, ante un Estado que vela únicamente por intereses empresariales, menospreciando a agricultores campesinos que se mantienen en la producción, al mismo tiempo que condena al resto de la población a alimentos caros, para los niveles de ingresos de la mayor parte de la población y que por tanto se vuelven inaccesibles.

No es que escaseen los alimentos sino que la gente no puede comprarlos.

Por ello, en el maíz y en la disputa por la alimentación se centran, desde mi punto de vista las viejas y nuevas contradicciones de la sociedad mexicana, en su tránsito de una sociedad rural a una urbana.

Mientras el conjunto de la población no tome en sus manos el problema de la alimentación, y por tanto vele por la sobreviviencia de sus productores campesinos, porque de ellos depende una parte de ella y demande una política coherente y diferenciada que garantice la producción y el abasto, cuestionando la adopción de patrones alimentarios que atentan muchas veces sobre la propia salud, estaremos a merced de los intereses de grandes capitales que desde la industrialización, comercialización y financiamiento se imponen, al amparo de las políticas públicas que poco contribuyen a garantizar la alimentación para todos los mexicanos.