Lo que mal comienza, mal acaba
Apuntes…
Guillermo Fabela Quiñones
Lo que mal comienza mal acaba, dice la sabiduría popular. Así lo confirma el mal comienzo de Felipe Calderón como mandatario espurio, impuesto por una oligarquía que rechaza a toda costa el progreso real del país. En su cerrazón reaccionaria no se ponen a pensar, sus miembros, que los avances del país también los beneficiarían, no con la rapidez con la que lo hace la política económica neoliberal, pero sí con mayor firmeza, pues se reducirían los efectos de las crisis recurrentes derivadas de los ciclos recesivos con inflación que caracterizan a dicha estrategia decimonónica. Y sobre todo, se evitarían los riesgos de ingobernabilidad con todos los costos que cabe esperar de una situación contraria al Estado de Derecho.
Tal imposición ha tenido resultados nefastos para el país, y a la larga para la misma oligarquía, como se advierte por los agudos problemas que agobian a la sociedad en su conjunto, en todos los campos de actividades. Sin embargo, la experiencia parece no enseñar nada a quienes se niegan aprender de ella, como lo demuestra la necedad de Calderón (¿o será más bien de Diego Fernández de Cevallos?) de imponer como abogado de la nación a un litigante muy cuestionado por su pésimo desempeño como procurador del estado de Chihuahua en el gobierno de Francisco Barrio.
Cabe preguntarse qué necesidad hay de profundizar las discordias entre un gobierno de por sí muy criticado, y gobernantes que ven con justificada alarma cómo se están agravando los problemas, precisamente por ese afán del Ejecutivo de actuar por encima de cualquier consideración ciudadana. La única respuesta que se podría aducir es la siguiente: como el actual régimen del PAN está completamente divorciado del pueblo, como está plenamente seguro de que se trata de una realidad irreversible, le tienen sin cuidado las reacciones de la sociedad ante su “proyecto” de gobierno, contrario en todas sus partes a los ideales y objetivos democráticos que enarbolan las clases mayoritarias.
Es difícil encontrar otra respuesta lógica a los que parecen caprichos de un gobernante distanciado totalmente de la sociedad. De ahí que los próximos tres años, si no suceden imprevistos que modifiquen las cosas, serán muy cuesta arriba para los mexicanos, que tendrán que pagar los altísimos costos de tan radical distanciamiento, que desemboca en conflictos innecesarios, cada vez más serios, como los que ahora estamos viviendo como consecuencia del interés de Calderón de imponernos un paquete fiscal irracional, rechazado hasta por la propia correduría predilecta del gobierno panista, la Merryl Linch, y connotados premios Nobel de Economía, que han calificado como un grave error semejante proyecto recaudatorio.
En la misma tónica está la designación de un procurador general de la República que habrá de comenzar llevando a cuestas el rechazo de importantes sectores nacionales por su desatinada actuación como procurador del estado de Chihuahua. Con el aval del PRI y de los mercenarios del “Partido” Verde, logró Calderón la aprobación del Senado. Ahora, aun cuando no lo acepten, tendrán que cargar ambos partidos con el estigma de haberse prestado a la jugarreta de Calderón (¿o del jefe Diego?) Ya se verá en los hechos la realidad del móvil de tal nombramiento, que según los senadores priístas aprobaron “ya que Calderón podía haber nombrado a otro peor”. Así, sentaron un perverso precedente, que en el futuro podría esgrimirse para avalar otras designaciones o políticas igualmente antidemocráticas.
Como quiera que sea, la sociedad tiene muy claro que el PRI se sigue prestando al juego de las “concertacesiones” en un pragmatismo que le puede acarrear serios descalabros, pues a final de cuentas, cuando no haya más posibilidades de evitar que la ingobernabilidad lo arrase todo, la ciudadanía le habrá de pedir cuentas, y con más ganas si busca el voto mayoritario para relevar al PAN en la Presidencia de la República.
Mientras tanto, el crimen organizado sigue cobrando cada día más víctimas, 5 mil 354 en lo que va del año, según recuento que lleva a diario “El Universal”, situación que contradice absolutamente los dichos triunfalistas de Calderón sobre sus avances en contra de las bandas delictivas del país. Así se confirma que la violencia en las calles no se erradica con la fuerza bruta, por muy grande y firme que sea, si no se antepone una política social orientada a erradicar las causas reales del flagelo, como son la pobreza extrema, la marginación, la falta de oportunidades para cientos de miles de jóvenes. Con Arturo Chávez Chávez al frente de la PGR, esta dramática realidad habrá de agravarse.
gmofavela@hotmail.com
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