Susana Rappo
La propuesta de 13 por ciento de incremento planteada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen de México (SITIAVW) frente a su próxima revisión salarial ha generado una serie de comentarios de Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que los coloca como voceros empresariales de una negociación que no ha comenzado, pero que busca presionar a la baja la solicitud de los trabajadores.
El argumento lo conocemos: en virtud de la competitividad empresarial los sacrificios deben seguir estando del lado de los trabajadores. No interesando la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a lo largo del tiempo y la posibilidad de su recuperación ante incrementos que permitan alzas en el salario real, pero sí preocupados por el costo laboral que la empresa deberá asumir; reiterando el discurso de control de la variable salarial en función del índice inflacionario y ejerciendo cierta presión sobre el SITIAVW para que reduzca su petición, anticipando la posibilidad de huelga.
La estabilidad macroeconómica desde hace dos décadas ha sujetado los salarios frente a la liberalización de los demás precios, afectando directamente el ingreso de los trabajadores.
Se trata de mantener las remuneraciones deprimidas en aras de garantizar condiciones de rentabilidad a las empresas, esgrimiendo la necesaria presencia de inversiones que apuntalen la economía regional, basando la competitividad de las mismas en salarios precarios.
Además, se quiere responsabilizar al sindicato y a sus trabajadores de la decisión de la empresa alemana de instalar en Silao, Guanajuato, la planta de motores y que no se haya quedado en Puebla; creo que el funcionario federal debería revisar lo que en materia de localización sopesan los inversionistas para la expansión y diversificación de la producción e instalación de nuevas filiales.
La posibilidad de que un día Volkswagen de México desmantele su planta en Puebla no dependerá de la solicitud de un aumento salarial y la posibilidad de huelga, si ello sucediera; una decisión de ese tipo está muy distanciada de un conflicto laboral y muy por encima de lo que el gobierno local pueda ofrecer y hacer. Dicho en otros términos, esas decisiones ni siquiera competen a la filial en cuestión; son acciones de un consorcio internacional que decide sus estrategias de expansión mundial en aras de la rentabilidad global del mismo.
Lo que sí deberían hacer las instancias de gobierno es fomentar y consolidar nuevas áreas para la inversión que permitan diversificar las actividades en la entidad, y por tanto reduzcan la vulnerabilidad económica y social de depender de un puñado de grandes empresas, que si bien son generadoras de empleo obtienen grandes beneficios a través de las mediaciones gubernamentales.
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