Tengan su PRI
Octavio Rodríguez
Araujo
Julio Hernández López (30/04/12)
introdujo, en mi opinión, los matices necesarios sobre la represión del
gobernador Fausto Vallejo a los estudiantes de la universidad michoacana. Los
jóvenes, así hubiesen cometido los peores delitos [debieron] ser sometidos
sin exceso de fuerza ni prácticas humillantes a un correcto proceso legal y no,
como sucedió, a castigos físicos y exhibición ejemplar en busca de conceder al
debilitado poderoso en turno presuntos bonos ciudadanos por su valeroso
proceder. Y Julio añadió, también con razón, que mal haría la sociedad
mexicana, en sus vertientes regional y nacional, si permite que Fausto Vallejo
explore impunemente los límites hasta los que un gobierno priísta puede llegar
sin que suceda nada.
La práctica de los
gobiernos priístas ha sido precisamente actuar más allá de los límites que
permiten nuestras leyes para resolver problemas sociales. La represión ha sido
una de las constantes de los gobernantes del PRI desde hace más de 50 años.
¿Cómo olvidar la represión de Adolfo Ruiz Cortines contra los normalistas y los
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante su gobierno? Los
educandos del Poli fueron desalojados del internado, como se
recordará, a punta de bayoneta militar, con lo que traían puesto y a las cuatro
de la mañana del 23 de septiembre de 1956. Se cerró el internado, que había
sido creado para apoyar a los hijos de obreros y campesinos que iban a estudiar
en la capital de la República, y no se volvió a abrir jamás, porque era –se
dijo– un foco de comunistas y revoltosos. Igual suerte corrieron, años después,
las casas de estudiantes de diferentes estados de la República que patrocinaban
sus gobiernos precisamente para albergar a sus becarios en el Distrito Federal.
Nicandro Mendoza, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del
IPN, fue detenido y encarcelado bajo el cargo del tristemente famoso delito
de disolución social. El Ejército Mexicano se quedó con las instalaciones del
Politécnico hasta la salida de Ruiz Cortines del gobierno. Dos años después la
represión contra los normalistas también se hizo sentir. Othón Salazar y José
Encarnación Pérez fueron enviados a Lecumberri, como presos políticos del
régimen.
Con López Mateos la
relación gobierno-Politécnico cambió, pero la represión fue también parte de su
política, esta vez contra los ferrocarrileros (Demetrio Vallejo y Valentín
Campa, entre otros), los líderes campesinos y magisteriales (Rubén Jaramillo y
Genaro Vázquez, por ejemplo), el periodista Filomeno Mata hijo, el pintor
Siqueiros y otros que largo sería citar. Las formas represivas de López Mateos
fueron más duras y brutales que las de su antecesor. El asesinato de su antiguo
amigo y correligionario Jaramillo y de su familia a manos de un grupo militar
es una mancha que tanto el PRI como el Ejército no han podido borrar, ni
podrán.
Díaz Ordaz no podía
quedarse atrás. Veía comunistas y agentes subversivos hasta debajo de su cama.
Su máxima gloria fue la represión al movimiento estudiantil popular
de 1968, pero no fue la única, comenzando por la represión, también militar y
paramilitar, contra los médicos en 1965. ¿Y qué decir del genocida Echeverría?
El 10 de junio de 1971 y sus halcones contra palomas fue el estreno
represor de su gobierno, además de las incursiones de medio Ejército Mexicano
en Guerrero contra los movimientos guerrilleros que surgieron precisamente por
la incapacidad de los gobernantes priístas para escuchar, negociar y satisfacer
las demandas de los grupos populares y más desfavorecidos en el país.
López Portillo continuó
la ola de represión iniciada por sus antecesores. Creó la Brigada Blanca para
acabar con los grupos opositores al régimen y, al mismo tiempo, gracias al
talento de Muñoz Ledo y Reyes Heroles, abrió las puertas electorales a los
partidos de oposición verdadera que no tenían estatuto legal. Por un lado palos
y por el otro cooptación, igual en este sentido que la estrategia de Luis
Echeverría. Las desapariciones forzadas –no debe olvidarse– fueron también
parte de la represión priísta.
Con Miguel de la Madrid
hubo menor represión, pese a que intentó, sin lograrlo, imponer la llamada ley
Mordaza contra las críticas al gobierno. Pero luego llegó Carlos
Salinas de Gortari y según comprobó la Comisión de la Verdad (formada por
personalidades sin militancia), fueron reprimidos, muertos o desaparecidos más
de 400 militantes del PRD y otros luchadores sociales que no aceptaron ser
cooptados por el Programa Solidaridad. Zedillo fue otro genocida, pues destruyó
parcialmente a un grupo de carácter étnico al obligar en 1995 a la población de
Guadalupe Tepeyac, en Chiapas (más de 6 mil personas, incluidos niños, mujeres
y ancianos), a emigrar a la selva en condiciones de existencia peligrosas para
su integridad física (véase la definición de genocidio en el artículo 149 bis
del Código Penal vigente). El Ejército fue el responsable directo de ese
genocidio ordenado por su comandante en jefe.
En referencia a los
estados, el gobernador priísta de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, fue el
culpable de la matanza de campesinos desarmados en Aguas Blancas en 1995. Lo
realizado en Puebla y Oaxaca bajo gobiernos tricolores tampoco
debe ser soslayado. En el estado de México el priísta Peña Nieto fue el
encargado de la brutal y desmedida represión a los de Atenco (2006),
independientemente de los ilícitos que hubieran cometido algunos atenquenses.
En Morelos preocupa que el lema de campaña de Amado Orihuela, candidato del PRI
a gobernador, sea orden y progreso, ni más ni menos que la expresión
positivista adoptada como divisa por Porfirio Díaz y otros dictadores
latinoamericanos de principios del siglo pasado.
¿Y los panistas en el
gobierno? Sin ánimo de defenderlos, habrá que reconocer que la represión
política no ha sido una de sus características distintivas, pese a que sí la
han llevado a cabo en ocasiones (Flavio Sosa, por ejemplo, luego declarado
inocente). Las transgresiones de Calderón, productos de su guerra contra el
crimen organizado, se han traducido en decenas de miles de muertos, pero en
general no puede decirse que se trate directamente de represión por razones
políticas que no sea por daños colaterales.
¿Y así algunos quieren
que regrese el PRI?
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