Carlos
Fernández-Vega
México SA
Burocracia: vivir mejor
¿Austeridad calderonista?
En tres meses, 63 mil mdp
Muchos son los récords que ha roto el
gobierno de Felipe Calderón a lo largo de su sexenio, aunque es menester
subrayar que ninguno de ellos ha sido por el bien de la República, como dirían
los clásicos. Son innumerables, cierto es, pero un ejemplo de tan destacada
actuación es el pago de prestaciones a la dorada burocracia, que ha crecido en
riguroso sentido contrario al bienestar de quienes, quiéranlo o no, cubren ese
voluminoso y creciente monto. ¿Alguien, en un país con tremendas carencias,
destinaría más de 29 millones de pesos cada hora para cubrir sólo las
prestaciones de una maquinaria burocrática igual de ineficiente que de
envilecida?
Pues sí, y el caso se da
en México: en el primer trimestre de 2012, el gobierno calderonista destinó 63
mil 397 millones de pesos (todos ellos de los bolsillos de los depauperados
mexicanos) para cubrir las voluminosas prestaciones (sueldos y
salarios aparte) de la dorada burocracia federal (sector central), monto que en
dicho periodo promedia un gasto diario de 704.41 millones, o lo que es lo mismo
29.35 millones por hora, algo indignante en un país en el que 57 millones de
personas sobreviven en la pobreza (este último dato es oficial y corresponde al
cierre de 2010, de tal suerte que a estas alturas es mucho mayor).
Un año atrás, y sobre el
mismo tema, en este espacio se comentó que a lo largo del primer trimestre de
2011 de los bolsillos de los contribuyentes salieron poco más de 666 millones
de pesos cada 24 horas para pagar las prestaciones del sector central de la
burocracia, mejor conocida como servidores públicos, para totalizar en el
periodo alrededor de 60 mil millones por tal concepto, un nuevo récord en estos
menesteres. Pues bien, 12 meses después ese monto se incrementó a 704.41 y 63
mil 397 millones, respectivamente, y a cambio los mexicanos obtuvieron mayor
ineficiencia y corrupción del aparato burocrático que, quiéranlo o no, pagan de
sus bolsillos. Sólo como referencia masoquista, entre enero y marzo de 2010 el
gasto por el concepto referido se acercó a 50 mil millones de pesos.
Como si estuvieran en
jauja, a lo largo del sexenio calderonista de los bolsillos de los mexicanos
habrán salido alrededor de un billón 250 mil millones de pesos sólo para cubrir
las prestaciones de la burocracia federal (las relativos a los otros dos
poderes, y las correspondientes a estados y municipios son aparte, igual que
los sueldos y salarios, incluidos los federales). ¿Corresponde esa carretada de
dinero a los resultados ofrecidos por el inquilino de Los Pinos, su gabinetazo
y su enorme corte? Desde luego que no, pero de que se paga, se paga.
Más de 63 mil millones
de pesos tan sólo por prestaciones (primer trimestre de 2012) de la dorada cuan
ineficiente burocracia equivalen al presupuesto conjunto anual (2012) de las
secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo y Previsión Social,
Reforma Agraria, Energía, Turismo, Función Pública y Marina, al tiempo que
resulta 14 por ciento superior al de la Secretaría de la Defensa Nacional para
el mismo año. ¿Alguien recuerda que, entre las infinitas autodenominaciones del
inquilino de Los Pinos, está la relativa al presidente de la austeridad?
Pues bien, del tamaño descrito es la verdadera austeridad del aparato
burocrático que encabeza. Por cierto, la información que acompaña esta entrega
es de una de las más austeras dependencias del Ejecutivo: la
Secretaría de Hacienda, que de enero a marzo del presente año destinó mil 660
millones de pesos a prestaciones.
En el primer trimestre
de 2012, la austera Presidencia de la República engulló más de 87
millones de pesos en prestaciones. En el primer trimestre de estadía en la
residencia oficial (enero-marzo de 2007), los servidores públicos que
allí laboran apenas obtuvieron prestaciones por un total aproximado a 3
millones, de tal suerte que entre una y otra fecha el incremento ha sido de 2
mil 800 por ciento, siempre, desde luego, como parte del estricto plan de
austeridad rubricado por el inquilino de Los Pinos.
Ahora bien, hay de
burocracia a burocracia: el 75 por ciento de los más de 63 mil millones de
pesos que los mexicanos pagaron en un trimestre por las prestaciones de sus
dorados servidores públicos se concentró en el personal de cuatro
instituciones, que se sirven con la cuchara más grande: Instituto Mexicano del
Seguro Social, 22 mil 638 millones; Secretaría de Educación Pública, 10 mil 868
millones; Comisión Federal de Electricidad, 8 mil 224 millones y Petróleos
Mexicanos, 5 mil 870 millones. En conjunto, 47 mil 600 millones, monto casi 7
mil millones superior al presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados
para la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Entonces, si la dinámica
no se modifica, y todo apunta a que ni de lejos se modificará (por el
contrario, habrá que contabilizar los bonos de partida y, además, es
año de Hidalgo), al cierre de 2012 de los bolsillos de los mexicanos habrán
salido más de 253 mil millones de pesos sólo para cubrir el pago de
prestaciones de la dorada burocracia (sueldos y salarios aparte), un monto 2
mil millones de pesos superior al presupuesto anual de la Secretaría de
Educación Pública aprobado para el presente año.
Sirva la ocasión para
recordar lo dicho por el inquilino de Los Pinos, apenas instalado en la
residencia oficial (algo que, por lo demás, dijeron todos sus antecesores): el
esfuerzo que hace la población para salir adelante reclama criterios de
elemental eficiencia y austeridad por parte del gobierno. Y a casi seis años de
distancia, eficiencia y austeridad brillan por su ausencia.
Las rebanadas del pastel
Nuevo revés para los barones de la minería
y su gobierno federal: ayer los ministros de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvieron, en sentencia inapelable, que la
Secretaría del Trabajo no goza de facultades para impedir que la voluntad
de los trabajadores, materializada en la elección de su dirigencia, se vea
limitada mediante actos de autoridad apartados de la Constitución y del
Convenio 87 (OIT) sobre libertad y autonomía sindical (suscrito por
México), con lo que no sólo confirmó que Napoleón Gómez Urrutia es el dirigente
legal y legítimo del sindicato nacional minero, sino la ilegalidad cometida por
Javier Lozano como titular de la STPS (ahora candidato panista al Senado).
Sobre el particular, dicha organización obrera recordó que Lozano Alarcón
fue denunciado penalmente por abuso de autoridad al haber negado la toma de
nota (a Gómez Urrutia), lo que ahora se acredita con la sentencia de la SCJN, y
deberá dar lugar a que se le finquen las responsabilidades que en derecho
procedan. ¡Zas!
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