Zozobra social y vacío informativo
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El violento choque registrado anteayer por la mañana en
el municipio de Chicoloapan, estado de México, entre dos grupos de
transportistas antagónicos, además de saldarse con dos muertos y decenas de
heridos, derivó posteriormente en un estado de zozobra y temor colectivos que
se extendió a los municipios vecinos de Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl,
así como a la delegación Iztapalapa, ante la difusión de versiones
–principalmente en las redes sociales– sobre presuntas agresiones, tiroteos,
disturbios y asaltos indiscriminados en la zona.
Aunque las autoridades de los distintos niveles negaron
tales versiones e incluso señalaron a las redes sociales como generadoras de
pánico colectivo, tal postura quedó desvirtuada por la incapacidad de esos
mismos gobiernos para ofrecer información oficial oportuna, confiable y
suficiente que permitiera tranquilizar a la población. Otro tanto puede decirse
de la pobre cobertura realizada por la mayoría de los medios de comunicación
tradicionales en torno a estos hechos.
Así, al evidente vacío de poder que se puso de manifiesto
en Chicoloapan –y que se reproduce, por desgracia, en otras latitudes y
circunstancias, desde la cuota diaria de violencia atribuible al crimen
organizado hasta el conflicto religioso que persiste entre laicos y
fundamentalistas en la Nueva Jerusalén–, se sumó, en horas recientes, un vacío
informativo a todas luces indeseable y peligroso: si el primero de esos
fenómenos ha permitido el encumbramiento de poderes fácticos –legales o no– en
distintas zonas del territorio y ha abierto un terreno propicio para la
expresión violenta de los descontentos y las divisiones sociales, el segundo ha
dado pie, por vía de la proliferación de información fragmentaria, imprecisa o
llanamente falsa, a alteraciones de la paz social, de la convivencia pública y
de las actividades económicas y educativas, como quedó de manifiesto entre ayer
y anteayer en la zona oriente de esta capital.
Por lo demás, dos acicates adicionales a la pérdida de
referentes informativos confiables que ahora se han expresado son, por un lado,
la percepción pública de un grupo gobernante que actúa desde una dimensión
meramente formal y de espaldas a la realidad social y, por el otro, el
descrédito en que se encuentran la mayoría de los consorcios mediáticos que
operan en el país, tradicionalmente proclives al alineamiento respecto de las
versiones oficiales y a la manipulación informativa.
De cualquier forma, el conjunto de los medios
informativos falló en el hallazgo, el procesamiento y la difusión de un hecho
real: grandes sectores de la población viven con miedo.
En la circunstancia nacional presente, caracterizada por
el quebranto sistemático del orden legal y el estado de derecho en diversas
regiones del territorio, la calma de la población es un elemento indispensable
para evitar una pérdida generalizada de la gobernabilidad y la paz social. Por
desgracia, la erosión de la capacidad comunicativa de las autoridades –que
constituye uno de los principales instrumentos de mando de todo régimen político–
representa, en el momento actual, un indicador contundente de su incapacidad
para hacer frente en forma eficiente, lúcida y apegada a derecho a los
distintos desafíos y amenazas que enfrentan el país y su población.
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