Ricardo Monreal Avila : Promesas de campaña, deuda de gobiernos

Ricardo Monreal Avila

Promesas de campaña, deuda de gobiernos

Es una anécdota real. Hace algunas semanas, el gobernador del PRI de un estado de la costa del Pacífico con un huso horario menor al del Altiplano, se encontró en el lobby de un hotel capitalino con su antecesor. No se habían visto desde el cambio de poderes. Sin dilación, el gobernante en funciones reclamó a su antecesor que le haya heredado una deuda para dos generaciones. La respuesta no se hizo esperar: “¡Fue lo que nos costó hacerte ganar!”
Podría señalarse al sexenio 2006-2012 como el sexenio del endeudamiento exponencial y progresivo de las entidades federativas y municipios. Según datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 1993 el saldo total del endeudamiento de entidades federativas y municipios era de 18,278.2 millones de pesos. Saldo que año con año se ha ido incrementando a razón de entre 10,000 y 15,000 millones de pesos. Circunstancia que cambia drásticamente a partir de la entrada de la última administración blanquiazul. Así por ejemplo, de 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203,070.2 a 390,777.5 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200,000 millones de pesos en tan sólo 3 años.

Como corolario de la gran deuda que vienen arrastrando las entidades federativas en los últimos años, concomitantemente, los municipios han ido incrementando sus obligaciones financieras. De este modo, hasta el primer trimestre del 2012, dichas unidades político administrativas adeudan más de 50,000 millones de pesos. Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Baja California son las entidades cuyos municipios presentan un endeudamiento mayor. Tan sólo en el estado de Jalisco, las obligaciones financieras de sus municipios ascienden a casi 10,000 millones de pesos.
Apoyándose en el hecho de que no existe una regulación adecuada para fijar los topes de endeudamiento, los mandatarios estatales han buscado allegarse de recursos económicos vía empréstitos, como cosa curiosa, principalmente en el umbral de los periodos electorales locales o federales. Situación que refuerza la idea de que el endeudamiento en los estados obedece más bien a la satisfacción de intereses caciquiles o de partido, y no a las necesidades de desarrollo económico y social de las comunidades o de los gobernados.
Así lo han hecho notar especialistas como Jesús Sánchez Arciniega, catedrático de la UNAM, quien ha manifestado que cabe hacerse la pregunta de cuál ha sido el destino de los recursos que se han adquirido por parte de las administraciones estatales, los cuales representan ahora pasivos importantes. Ya que precisamente en las entidades federativas en donde ha sido exponencial el incremento de pasivos, no se observa un desarrollo económico y social. De lo que se puede colegir, que a pesar del desequilibrio financiero en las entidades, los recursos fueron destinados a gastos improductivos. Aunado a lo anterior, no se observa que los estados hayan disminuido su gasto, particularmente el corriente y de servicios personales.
En palabras del catedrático de la UNAM: “Hay que ver para qué usaron los recursos, si para infraestructura social, necesidades emergentes o para hacer bustos de los presidente municipales o los gobernadores... la interrogante es hacia qué se destinaron los recursos, por ejemplo, en Coahuila quién sabe a dónde se fueron los recursos”.
La propia Auditoría Superior de la Federación en el contexto del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, al fiscalizar la sostenibilidad de los pasivos financieros que integran la deuda directa de las entidades federativas y de los municipios (la revisión comprendió el análisis de los 314,664,200.1 miles de pesos que corresponden a las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios, inscritas en el “Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios” e informadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 31 de diciembre de 2010), identificó como un tema prioritario de la agenda nacional el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, el cual puede poner (y de hecho está poniendo) en riesgo la sostenibilidad de las finanzas locales.
Asimismo, determinó que entre las principales causas de carácter estructural del endeudamiento de las entidades se pueden observar las siguientes: a) Elevada dependencia de los recursos de origen federal; b) regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; c) opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos.
Cabe hacer énfasis que en el contexto de unas elecciones presidenciales marcadas por severas irregularidades, como lo fueron la compra de votos, el lavado de dinero y la intervención artera e ilegal de los gobernadores en el proceso, bien podría ser que muchos de estos últimos (sobre todo los del partido tricolor) se hayan sumado a la experiencia del ex gobernador de Coahuila, y hayan repetido la fórmula del endeudamiento público, con la clara intención de favorecer a su candidato, y a la postre, cubrir todas sus tropelías desde la presidencia de la República.
Una de las presunciones de la Coalición Movimiento Progresista para impugnar la pasada elección presidencial es que buena parte del dinero a raudales que manejó el PRI en su campaña presidencial provino de las arcas públicas de los gobiernos locales priístas. Existe el antecedente de la reunión de mandatarios que se realizó unas semanas antes de la elección en la casa de gobierno del Estado de México, donde se fijaron cuotas de votos por entidad, “al costo que fuera”.
De hecho así fue. Los mandatarios del PRI echaron literalmente la casa por la ventana en la pasada elección presidencial y hoy viven literalmente una cruda presupuestal. Algunos no tienen dinero ni para la nómina de sus trabajadores. Hoy están formados en la oficina del secretario de Hacienda, esperando a ser recibidos para solicitar un adelanto de las participaciones federales o el aval para nuevos empréstitos.
Seguramente serán remitidos al próximo gobierno para que en diciembre les digan lo mismo que hoy se viene escuchando en los pasillos de Hacienda: “no hay dinero”. Seguramente hasta entonces habrá algún osado que los cuestione sobre el destino del endeudamiento generalizado registrado en el 2012: “¿Pues en qué se gastaron tanto dinero?”. Que ni se atreva, porque la respuesta los dejará sin aliento: “Fue lo que nos costó hacer ganar al PRI”. Es el costo que el país deberá pagar al haber transitado de una Elección de Estado, a una elección de estados. Gracias a ese estilo de gastar sin freno de estados y municipios (especialmente priístas, pero no únicamente ellos), las promesas de campaña no sólo son caras, sino que después se convierten en deudas de gobierno.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala