De la guerra sucia a la guerra inútil : Alejandro Encinas Rodríguez

De la guerra sucia a la guerra inútil
Por Alejandro Encinas Rodríguez

La noche del 26 de enero falleció Miguel Nazar Haro, ex titular de la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, DFS. Personaje emblemático de uno de los capítulos más nefastos de la historia del país, pieza clave del engranaje de espionaje y represión del sistema político acuñado por el PRI, quien tuvo a su cargo, durante casi dos décadas, la seguridad interior de México bajo el estigma de la guerra fría, a partir de la cual justificó la persecución y represión a los disidentes del régimen.
Desde la DFS encabezó las operaciones clandestinas ilegales con las que actuaba el gobierno, a partir de la Brigada Blanca, artífice de la guerra sucia en los años 70.
Nazar Haro, al igual que Fernando Gutiérrez Barrios y Luis Echeverría, nunca fue juzgado por los crímenes cometidos en 1968 ni por la matanza del 10 de junio de 1971 ni por la guerra sucia de los 70, que trajo consigo el asesinato y las desapariciones forzadas de un número indeterminado de militantes de izquierda. Por el contrario, en distintos momentos fue reconocido por su desempeño. Por lo que él mismo se consideraba un patriota, ya que para él constituía “un acto de patriotismo” espiar, secuestrar, torturar, asesinar o violar sistemáticamente los derechos humanos, gozando del privilegio de haberse erigido en el represor oficial del Estado mexicano.
Con la muerte de Nazar, de Gutiérrez Barrios, de Díaz Ordaz y la sentencia popular a Luis Echeverría, se cierra una época de infamias y abusos, que bajo el mandato de preservar la seguridad del Estado y “la paz social”, vulneraron los derechos y libertades de los mexicanos. Décadas después, perduran muchas de las prácticas ilegales del Estado, como son los llamados “daños colaterales” derivados de la llamada “guerra” contra la delincuencia organizada, que alcanza niveles de violencia otrora inimaginables y de violaciones recurrentes a los derechos humanos.

En semanas recientes se desató una polémica tras el reconocimiento de la PGR de 47 mil 453 muertes vinculadas a la cruzada contra el crimen organizado y la insistencia de que 90% de éstas están relacionadas con delincuentes. La respuesta de diversos organismos civiles, como Human Rights Watch, fue contundente. Retó al gobierno mexicano a demostrar que las muertes reconocidas oficialmente tienen relación directa con la delincuencia organizada y no son víctimas de esta “guerra”, poniendo como ejemplo 24 casos documentados en su informe “Ni inseguridad, ni derechos”, donde acredita que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles ejecutados por autoridades o que murieron a causa de las torturas sufridas, como de civiles asesinados en retenes militares o durante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en circunstancias que no ameritaban el uso de la fuerza letal en su contra.
Junto a ello, la CNDH ha informado que las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país pasaron de 691 al inicio del sexenio a 6 mil 65 quejas presentadas hasta 2011, que dan cuenta de un incremento de alrededor de 900%, de las que existen 98 recomendaciones emitidas, 29 de ellas con sentencia condenatoria.
Quizá nunca sabremos el número de víctimas de la guerra sucia ni sean sancionadas las crecientes violaciones a derechos humanos en esta inútil guerra, lo que no obsta para mantener nuestra preocupación ante la impunidad con la que verdaderos terroristas de Estado, como Nazar Haro y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de opositores al régimen han actuado, ni para mantener la exigencia de justicia y que el Estado respete las garantías de los ciudadanos. No es venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reconciliación como condiciones para alcanzar una verdadera democracia. Lo que está en entredicho, a diferencia del pasado, no es la seguridad del Estado, sino la de los ciudadanos.