Calderón: compromiso con la muerte : Julio Pimentel Ramírez

Calderón: compromiso con la muerte
Julio Pimentel Ramírez
En pleno delirio y contumaz cinismo, Felipe Calderón se adentra en el último tramo de su ilegítima y fracasada administración afirmando que defiende la vida desde el momento de la concepción, cuando su necia y criminal estrategia de “guerra” contra algunos carteles del narcotráfico siembra la república con violencia, miedo y muerte, cosechando desesperanza y una ira que se acumula y que, de no encontrar cauces organizados y conscientes que transformen la realidad pacíficamente, puede derivar en un estallido social de incalculables consecuencias o sumir al país en una larga noche de barbarie.
Ejemplos del doble discurso conservador e hipócrita del inquilino de Los Pinos y sus funcionarios, los tenemos todos los días. En las últimas horas sobre el tapete de la discusión mediática tenemos temas de contenido diferente pero unidos por el mismo hilo conductor que es la posición asumida, más allá de conceptos formales, con los derechos de los mexicanos, hombres y mujeres de todas las condiciones sociales, entre ellos el de gozar de condiciones sociales que propicien una vida digna.
Mientras Calderón interviene, a través de su esposa y sus subalternos, en la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presionando a los ministros para que acepten la constitucionalidad de leyes estatales conservadoras que buscan cerrar el paso a derechos reproductivos de las mujeres -y de las parejas, habría que puntualizar-, emerge más información sobre un fenómeno de muerte: el paramilitarismo, cuya sombra de terror se extiende ya sobre algunas entidades del país.

Bajo el manto de la constitucionalidad de reformas estatales, se impone la mayoría conservadora de la SCJN que finalmente decide que la ley de Baja California (que es la que se discutía, pero que sienta precedente) seguirá vigente, lo que fortalece el poder de la cúpula de la Iglesia Católica, da alientos al Yunque y otras tendencias panistas y a las organizaciones reaccionarias del corte de Provida.
Aquí mencionemos, solamente a manera de ejemplo, lo que advirtió la ministra Olga Sánchez Cordero: “… la legislación de Baja California reputa como nacido para todos los efectos legales al concebido hasta su muerte natural o no inducida.
“Además –dijo–, se provocará una profunda incertidumbre a las mujeres que recurren a métodos anticonceptivos. Una mujer que decide ponerse el dispositivo intrauterino (DIU) o utilizar la anticoncepción de emergencia no sabrá en qué casos está ejerciendo un derecho al utilizar un método anticonceptivo y en qué otros estará cometiendo un delito privando de la vida a otra persona.
En estas circunstancias, indicó la jurista, la actitud sensata de cualquier mujer será cuidarse de la posible arbitrariedad de la autoridad que la sancione como homicida y evitar plenamente su derecho a la libertad reproductiva. Los tiempos por venir no serán fáciles en este y otros temas sobre todo si se impone en el 2012 la continuidad del régimen, esta vez con el PRI sustituyendo al PAN.
Para cerrar el círculo en estos asuntos de naturaleza diferente pero paradójicamente similares, tenemos el fenómeno del paramilitarismo. Este instrumento de represión y muerte no es nuevo en el país, existen referencias históricas así como su utilización durante los últimos años en algunas entidades de la República.
Grupos paramilitares, como los Halcones y la Brigada Blanca (aunque estaba formada por militares y policías se comportaba como un grupo irregular sin someterse a las leyes vigentes), hicieron presencia en los años de los 60s a los 80s del siglo pasado.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del actual, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados, con recurrente frecuencia hacen acto de presencia grupos paramilitares organizados y financiados por caciques, es decir sujetos del poder local, con la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, que reprimen las protestas indígenas y campesinas.
Ahora, en medio de un clima de terror y barbarie, en el contexto de la feroz disputa del crimen organizado (concepto que incluye la participación de funcionarios gubernamentales y delincuentes de cuello blanco) por el control de mercados y rutas del narcotráfico y de otros redituables negocios, surgen grupos paramilitares especializados en eliminar, con particular saña, a elementos rivales contando al menos con la aquiescencia oficial, aunque no es de dudarse que en esta “limpieza social” incursionen grupos alentados por agentes del poder estatal.
La alarma está encendida, no olvidemos que la lógica del paramilitarismo incluye el uso de este instrumento contrainsurgente para sofocar la protesta social, la organización independiente de quienes deciden transformar la injusta, inequitativa y atroz situación que padecemos