Aborto: otra guerra perdida : José Carreño Carlón

José Carreño Carlón
Aborto: otra guerra perdida

El gobierno juega con fuego, en medio del incendio que ya arrasa parte
del territorio nacional como resultado de sus juegos de guerra contra
las bandas criminales.

Hoy, ante las posiciones inconciliables que suscitan asuntos como el
aborto, el presidente Calderón optó por abandonar sus responsabilidades
de árbitro y conciliador y se colocó del lado de una de las partes
beligerantes.

Contra el principio de comunicación institucional que recomienda al
gobernante mensajes que reduzcan las curvas de discrepancia que dividen
a las sociedades en temas que confrontan grandes valores, en este caso,
la defensa de la vida frente a la defensa de la libertad, Calderón optó
una vez más por una estrategia de comunicación partidista.

Y frente a la necesidad de convergencias en este ya prolongado ciclo de
autodestrucción nacional, el Presidente parece decidido a montarse en
una nueva ola de divergencias que agregaría ingredientes de
regionalismos y fanatismos religiosos a la avanzada descomposición
política y a la catástrofe de inseguridad y violencia criminal.

Belfast a la vista

Y es que con su irrupción en el debate de la Corte sobre el aborto, lo
mismo se puso Calderón en actitud de combatiente en la perspectiva de un
potencial conflicto religioso, que alentó inconformidades con tintes
separatistas en las disputas por competencias entre federación y
estados, en temas que se daban por resueltos entre los acuerdos
nacionales básicos. Mucha sangre se ha derramado en México y en el mundo
—Belfast a la vista— por la combinación de confrontaciones de creencias
y desajustes de normas y gobiernos regionales con los gobiernos centrales.


Calderón abrió un nuevo frente de conflicto entre poderes federales al
entrar como entró en el debate del pleno de la Corte. Lo hizo con un
mensaje público en contra del proyecto del ministro Fernando Franco,
quien argumentó la inconstitucionalidad de las normas locales de Baja
California y San Luis Potosí que, más allá de la Constitución federal,
establecieron el derecho a la vida desde la concepción y el consecuente
castigo a la interrupción de embarazos.

Ese mismo día, el Presidente le solicitó al Senado una medida destinada
a establecer en las normas mexicanas el derecho a la vida desde la
concepción, con su propuesta de modificar la declaración interpretativa
que incluyó México al adherirse en 1981 al Pacto de San José, en el que
nuestro país se apartó de la obligación de incorporar ese principio a
las leyes nacionales.

Antiaborto electoral

Pero por si no hubiera sido suficientemente claro el propósito de
presionar al Poder Judicial hacia las posiciones del Ejecutivo, la
Secretaría de Gobernación, a través de su subsecretario jurídico, hizo
una crítica explícita a la ponencia del ministro Franco, que —con la
irrupción presidencial— puede tener consecuencias desastrosas. Porque si
la Corte llegara a pronunciarse en el sentido señalado por el Ejecutivo,
dominará la percepción de que los ministros fueron subordinados por el
Presidente. Y si la Corte resistió —o resiste en las siguiente horas— el
Ejecutivo agregará a la condena a su tentativa de sometimiento del Poder
Judicial, la percepción de incompetencia o debilidad por haber fracasado
en el intento.

Con estos costos y riesgos, es en la obsesión electoral que domina la
agenda presidencial donde podría esperar alguna ganancia de su esta
operación. El tema cohesiona al PAN y divide al PRI y al PRD. Y todo
apunta a la intención de integrar a las campañas la presión del
Ejecutivo y su partido —con la jerarquía católica y otras voces
conservadoras— para que el Senado remueva el obstáculo de la declaración
interpretativa mexicana en el Pacto de San José, a fin de propiciar una
legislación nacional que establezca el derecho a la vida desde la
concepción y las consecuentes penas para la interrupción del embarazo.
Victoria pírrica a la vista.

Académico