Economía distorsionada, legalidad disuelta
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Poiré, afirmó ayer que el gobierno federal estaba al tanto desde hace meses de
los presuntos nexos entre el crimen organizado y empresas mineras en Coahuila
–denunciados hace unos días por el ex gobernador de la entidad Humberto
Moreira–, y habló de que hay averiguaciones y hay investigaciones que se
están realizando de manera conjunta por el gobierno del estado y por el
gobierno federal en la materia.
Con independencia de los resultados que arrojen esas
pesquisas, lo dicho por el funcionario es indicativo de la presencia de la
delincuencia organizada en general, y del narcotráfico en particular, en una
vasta cadena de actividades económicas que abarca industrias primarias, como la
extractiva, pasa por actividades como el robo y comercio ilegal de combustibles
y desemboca en las redes de lavado de dinero en el sistema financiero nacional
e internacional. Como botones de muestra de esto último, debe recordarse que un
reciente reporte del Senado de Estados Unidos indicó que entre 2007 y 2008 la
filial mexicana de HSBC envió a oficinas de esa trasnacional en el país vecino
unos 7 mil millones de dólares –cantidad que sólo podría explicarse con la
inclusión de ganancias del narcotráfico– y que señalamientos similares han
debido enfrentar instituciones financieras como Wells Fargo, Citigroup, Western
Union, American Express y Banco Wachovia.
La presencia del crimen organizado en actividades
económicas de distintos rubros y naturaleza llevan a concluir que ese fenómeno,
además de generar vastas cuotas de violencia, descomposición institucional,
sufrimiento social y humano, ha generado una grave distorsión en la economía
nacional: en la lógica del modelo neoliberal vigente, es inevitable suponer que
un número creciente de empresas consideradas respetablesestén compitiendo
por la captación de filones de dinero sucio; que la presencia de tales recursos
expliquen, en alguna medida, el moderado impacto de la actual crisis financiera
en la economía nacional y que el país experimenta una dependencia cada vez
mayor de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Por lo demás, estos elementos se ven agravados por
fenómenos de corrupción, como los que han sido revelados por este diario, en
las oficinas de la Procuraduría General de la República, dependencia que realiza
pesquisas entre sus funcionarios por irregularidades diversas, que van desde la
no comprobación de viáticos hasta el pago millonario de seguros para aeronaves
fuera de operación. Hasta ayer, dichas pesquisas habían derivado en el despido
de 150 de los 780 empleados de la Dirección General de Servicios Aéreos.
En suma, habida cuenta del grado de infiltración de la
delincuencia organizada en la economía nacional y en las oficinas públicas,
resulta insostenible la versión oficial de que la actual estrategia de
seguridad ha causado severos daños a la criminalidad y ha fortalecido el estado
de derecho: la evidencia disponible da cuenta, en cambio, de un encumbramiento
de la primera y una alarmante disolución del segundo.
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