¿Política o impartición de justicia?
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/11/edito
En el marco de la asamblea general de la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, realizó una inesperada defensa
del involucramiento de los jueces en asuntos políticos, al señalar que en
momentos en que se reacomodan los tableros y se prepara una nueva partida
en nuestro ajedrez nacional, los integrantes del Poder Judicial no pueden
serconvidados de piedra en esos reacomodos. Indicó que para colocarnos
donde debemos y merecemos será necesario hacerlo notar, y vinculó de alguna
manera esa reivindicación con la verdadera independencia, autonomía y
plena libertad para juzgar.
Las declaraciones resultan desatinadas, pues la tarea de
los juzgadores en el orden constitucional vigente consiste en desempeñarse como
garantes de la legalidad y del respeto a los derechos humanos y en hacer que la
ley se cumpla por encima de cualquier interés particular; ello demanda,
precisamente, que se mantengan al margen de los reacomodos que
sistemáticamente se dan entre las distintas facciones del sistema político.
Desde luego, el diseño de la institucionalidad del país
confiere a los encargados de impartir justicia un papel político fundamental,
el cual consiste en ejercer un contrapeso a las desviaciones de la legalidad y
a los abusos, incluidos los de los representantes de los otros dos poderes de
la Unión. No obstante, en años recientes abundan ejemplos de fallos judiciales
que transitan en sentido contrario a esa función –como la absolución de los
responsables por el incendio en la guardería ABC; la liberación de los autores
materiales de la masacre de Acteal, y la ausencia de castigo a los culpables
por la represión en Atenco, entre otros–, en los que ha quedado de manifiesto
el papel de los órganos judiciales como gestores de intereses políticos o
empresariales inconfesables, y la consecuente desviación de sus tareas
constitucionales.
Por lo que hace a la lucha partidista, resulta difícil
imaginar mejores ejemplos del involucramiento del Poder Judicial en el ajedrez
político que la participación de algunos de sus integrantes en los
esfuerzos por destruir políticamente a opositores del régimen –como ocurrió con
el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador–, así como la resistencia del máximo órgano de justicia electoral
a esclarecer el desaseo imperante en las dos recientes elecciones presidenciales
(2006 y 2012). Esos episodios no han puesto de manifiestoindependencia,
autonomía y libertad para juzgar, sino todo lo contrario: han exhibido un
alineamiento de los organismos de impartición de justicia a los intereses del
grupo gobernante.
Desde luego, nadie en su sano juicio pediría a los
juzgadores que hagan votos de silencio ni que se ausenten de la
democracia y la vida cotidiana. Pero su participación en esos terrenos debe
darse siempre de conformidad con la ley y de manera imparcial; de otra forma,
se corre el riesgo de desvirtuar la función de uno de los pilares fundamentales
del Estado, y de abonar a una distorsión institucional en el que la legalidad
formal se presente como algo distinto, e incluso contrapuesto, a la justicia.
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