Violencia y saldos desastrosos
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
De la cuota de muertes violentas que se
registraron ayer en el país destaca el hallazgo de 23 cuerpos en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, nueve de ellos colgados en un puente y 14 más arrojados a las
afueras de la Asociación de Agentes Aduanales de esa ciudad fronteriza.
Tales crímenes –que
demuestran en forma contundente el dominio que la delincuencia organizada ha
conseguido en diversos puntos del territorio nacional– se produjeron con pocas
horas de diferencia respecto de las afirmaciones realizadas por el titular del
Ejecutivo federal, Felipe Calderón, durante su gira en Puebla, en el sentido de
que la estrategia (de seguridad) en curso es la correcta, está rindiendo
frutos más allá de los vaivenes y sobresaltos que puedan ocurrir en las
coyunturas, y tendrá éxito de preservarse en las mismas.
En el momento presente,
sin embargo, las aseveraciones optimistas del gobierno de México contrastan con
los saldos desastrosos de una violencia y una barbarie que están vinculadas,
sin duda, con las actividades de los grupos delictivos, pero sobre todo derivan
de la errada estrategia oficial para combatirlos, la cual no ha podido contener
ni mucho menos derrotar a las organizaciones de criminales y que, por el
contrario, parece haber multiplicado su fuerza y presencia nacional.
En primer término,
resulta ya inocultable que los saldos de la violencia han comenzado a mermar en
los indicadores de la economía, si se atiende a lo informado ayer por la
agencia calificadora Standard and Poor’s en el sentido de que el clima de
inseguridad en el país ha costado un punto porcentual del producto interno
bruto, equivalente a 150 mil millones de pesos. Mucho más palpable es, en todo
caso, la aniquilación de miles de empresas y comercios que han debido cerrar en
los últimos años por efecto de la inseguridad –según han denunciado diversas
organizaciones empresariales–, lo que se traduce en pérdida de empleos, incide
en la profundización de la pobreza y contribuye, en suma, a la
retroalimentación del rezago socioeconómico que sirve de caldo de cultivo para
la delincuencia.
En el terreno de lo
social, los efectos de la criminalidad se reflejan en el creciente número de
desplazados internos –160 mil en 2011, según el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados– como consecuencia de las disputas entrecárteles o
entre éstos y las autoridades. A ello se suman los alarmantes datos procedentes
de algunas regiones de Tamaulipas, Nuevo León o Chihuahua en las que el
completo descontrol de los grupos armados irregulares y la ausencia del Estado
se han traducido en pueblos fantasmas y en inmuebles deshabitados.
Por lo que hace al
proceso electoral en curso, la perspectiva no es menos preocupante, pues la
actual deriva en materia de seguridad pública no sólo abre la posibilidad de la
infiltración de la delincuencia organizada en partidos, candidaturas y
organismos electorales, sino también conlleva el riesgo de que la violencia y
la impunidad, así como el control territorial que diversos grupos delictivos
ostentan en varios puntos del país, puedan interferir con la organización de
comicios mínimamente confiables en tales regiones. Habida cuenta de que esa
situación se configura a partir de acciones u omisiones de los distintos
niveles de gobierno, incluido el federal, luce improcedente el reclamo de
Calderón en el sentido de que sean las autoridades estatales las que se hagan
cargo de la seguridad de sus ciudadanos, de sus electores.
A contrapelo de lo que
se afirma en el discurso oficial, y por desolador que resulte, las
circunstancias comentadas son indicadores del deterioro y hasta del desastre al
que puede llegar un país, su economía, su tejido social y su institucionalidad
democrática como consecuencia de una estrategia cuyo carácter errático es
confirmado día con día con eventos como el de ayer en Nuevo Laredo. De los
fenómenos señalados tendría que concluirse, en suma, la necesidad de un cambio
en la estrategia en curso contra la criminalidad, no para que el Estado se
rinda ante ella, sino para debilitarla en lugar de fortalecerla, como ha venido
ocurriendo en este sexenio a juzgar por los datos disponibles.
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