Expropiaciones: descalificación y soberanía
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
En medio de la campaña de linchamiento
mediático en contra del gobierno de Bolivia por la expropiación de la compañía
Transportadora de Electricidad, propiedad de Red Eléctrica Española (REE), el
presidente de ese país, Evo Morales, sostuvo ayer que las inversiones de la
petrolera española Repsol en la nación andina no corren riesgo y que la
compañía será respetada como socio. Estos señalamientos tienen como
inevitable telón de fondo la reciente nacionalización la filial de Repsol en
Argentina, YPF, hecho que desató una oleada de descalificaciones y amenazas en
contra del gobierno que encabeza Cristina Fernández.
El ministro boliviano de
Hidrocarburos, Juan José Sosa, manifestó ayer mismo la voluntad del gobierno de
La Paz por compensar económicamente a REE por las inversiones realizadas en el
país. Dijo: vamos a contratar una empresa que haga la valoración de todos
los activos que tiene la empresa y afirmó haber tratado el asunto en
términos bastante amistosos con el ministro español de Industria,
José Manuel Soria.
Las aseveraciones del
mandatario boliviano y, en general, la postura serena y conciliadora que ha
asumido su gobierno en torno a la nacionalización de la compañía eléctrica
referida desvirtúan las descalificaciones formuladas por medios de comunicación
españoles, en el sentido de presentar la decisión como un expolio,
unatentado a la libertad de empresa y un acto de abuso de poder
contra España, y de colocarla, en conjunto con la medida adoptada semanas atrás
por el régimen de Buenos Aires, como parte de una tendencia por afianzar en
América Latinaregímenes carismáticos a costa de expoliar propiedades privadas o
de otros países. Semejantes afirmaciones resultan palmariamente falsas a la luz
de las diversas alianzas existentes entre empresas extranjeras y gobiernos
progresistas de la región, como el del propio Morales en Bolivia; el de Hugo
Chávez en Venezuela –país en el que la propia Repsol cuenta con importantes
inversiones– o los de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.
Por lo demás, los
ataques mediáticos enderezados en días recientes contra los gobiernos de La Paz
y de Buenos Aires tienen origen en el deconocimiento o en la omisión de una de
las facultades básicas e irrenunciables de los estados: intevenir los intereses
de entidades privadas cuando representen un obstáculo para el desarrollo y la
soberanía nacionales. No es gratuito que medidas similares a las asumidas
recientemente por los gobiernos de Morales y de Fernández hayan sido adoptadas
en su momento por regímenes nacionales de distinto signo político y en
circunstancias históricas diversas: baste citar, como botones de muestra, la
política de intervencionismo estatal emprendida por el gobierno de Franklin D.
Roosevelt en el contexto del programa de reactivación económica conocido como
New Deal, tras elcrac de 1929; la nacionalización de gran parte de
la industria en Francia bajo la presidencia de Charles de Gaulle (1959-1969) y
la política de expropiaciones llevada a cabo por los gobiernos laboristas
ingleses a finales de la década de los 40.
En suma, las
expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y
Bolivia no están motivadas por animadversiones o fobias personales hacia
consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la
identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas
naciones sudamericanas. Y constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación
legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la
medida en que anteponen el bien común a los intereses privados.
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