Zedillo: doble moral e impunidad
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a
conocer ayer el contenido de una nota diplomática enviada hace casi 10 meses a
Washington en la que solicita al gobierno vecino que otorgue inmunidad al ex
presidente Ernesto Zedillo, quien fue acusado en una corte de Connecticut por
presunta responsabilidad en la masacre de Acteal.
En el documento, el gobierno mexicano rechaza cualquier
proceso interno que vulnere la soberanía de México, al ejercer jurisdicción
para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional en los que
presuntamente intervino el Presidente de la República (sic) y sostiene que cualquier
acto realizado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (...) se
llevó a cabo en el curso de su función oficial como jefe de Estado.
Llama la atención que este repentino celo por la
soberanía provenga de un gobierno caracterizado por tolerar y propiciar la
injerencia de Washington en tareas policiales, militares, diplomáticas y de
inteligencia que únicamente corresponden al Estado mexicano, y que ha sido más
que generoso en el reparto de contratos y en la concesión de recursos naturales
a intereses extranjeros. Es significativo, además, que el gobierno abogue en
favor de un ex mandatario cuyo gobierno se caracterizó por el abandono de las
obligaciones básicas del Estado en los ámbitos de la soberanía, la
alimentación, el empleo, la educación, la salud y los servicios.
La misma doble moral se aprecia en el gobierno de
Washington, el cual ahora acepta la petición formulada por la SRE, aunque en
otros momentos no ha mostrado escrúpulos para allanar soberanías nacionales
mediante métodos violentos e ilegales.
Pero aun si el pretendido respeto de las administraciones
de Felipe Calderón y Barack Obama hacia las soberanías fuera real y no
simulado, el recurso de dicho principio en el contexto de una investigación por
presuntos crímenes de lesa humanidad sería improcedente porque tales delitos no
pueden ser juzgados con base en el derecho positivo de cada país, sino de
conformidad con principios jurídicos y morales internacionales, como ha sido
aceptado y promovido por el propio gobierno estadunidense en diversos momentos
de la historia reciente. Más aún: en un ámbito institucional como el mexicano,
donde es fama que priva un arreglo tácito de encubrimiento de los excesos y las
faltas de gobiernos anteriores, la perspectiva de esclarecimiento y justicia
para episodios como el de Acteal sólo parece tener posibilidades en el ámbito
de la justicia internacional.
Con todo y sus puntos cuestionables, el proceso civil
emprendido contra Zedillo por la masacre de Acteal habría podido ayudar a
despejar dudas o a reafirmar sospechas sobre la participación del actual
académico de Yale en los asesinatos del 22 de diciembre de 1997. En cambio, el
afán de recurrir a una inmunidad presidencial a todas luces improcedente, más
que reivindicar la pretendida inocencia del ex mandatario, abona a la
percepción generalizada sobre su culpabilidad, y hace ver a los gobiernos
involucrados –el mexicano y el estadunidense– como garantes de impunidad.
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