Julio Hernández López
Astillero
Rumores, miedo, control
Extrañas secuencias
Antorcha en Edomex
Disidencia e Internet
Las fiestas priístas de Toluca (por el primer año de
gobierno estatal de Eruviel Ávila y por la adjudicación de un sexenio federal a
Enrique Peña Nieto) fueron opacadas de manera grave por una extraña jornada de
violencia, rumores, amenazas, confusión y descontrol en la parte oriental de
esa entidad (sobre todo Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chalco), una
región tan entrelazada con el colindante Distrito Federal que el temor y las
especulaciones generadas por esos episodios oscuros lograron insertarse con
rapidez y fuerza en los ánimos capitalinos (en especial, en Iztapalapa y en
Tláhuac) hasta ahora desacostumbrados a las escenas de horror y descomposición
que en otras latitudes del país constituyen la realidad cotidiana.
A diferencia de lo que va sucediendo en otras entidades,
los hechos del miércoles y el jueves tienen referentes políticos inocultables.
La violencia surgió del enfrentamiento entre miembros de Antorcha Campesina y
Popular y del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), a propósito de la
delimitación de las áreas de trabajo con mototaxis que cada parte reclama para
sí. No pareciera de origen una pelea ideologizada o relacionada con lo
electoral, sino un subproducto trágico del sistema clientelar que usan
dirigentes y partidos a partir de la obtención de permisos, concesiones,
subvenciones, y otro tipo de apoyos para sus bases mantenidas en
permanente tensión dialéctica: unos días deben marchar y manifestarse en
respaldo de las pretensiones políticas de sus patrocinadores de cuello blanco;
otros días deben presionar y protestar si lo ofrecido no es suficiente o si lo
prometido no se cumple. Al fondo de esa estampa mexiquense de la guerra de los
mototaxis están los líderes máximos: Aquiles Córdova Morán y Dante Delgado.
Pero la reyerta fúnebre del miércoles no culminó en sí
misma. Se extendió de una manera extraña, aparentemente ajena a una lógica
política. El antorchismo, que sufrió la muerte de dos de sus militantes en
Chicoloapan, fue mencionado con amplitud en las redes sociales como causante de
un estado de zozobra creciente que acabó en terror social. Otras voces
aseguraban que la embestida violenta tenía como protagonistas a miembros del
grupo de delincuencia organizada denominado La Familia. E incluso hubo
testimonios de quienes reportaban con extrañeza que patrullas estatales
hubieran recorrido zonas comerciales para alertar que ya venían hordas
que atacarían establecimientos que por tanto deberían ser cerrados.
Tal como ha sucedido en otras latitudes, la información
por Internet tuvo registros polarizados: desde quienes juraban estar en
presencia de asaltos en vía pública, robos multitudinarios a negocios y
comercios, balaceras y bandolerismo, hasta fuentes oficiales que aseguraban que
nada estaba sucediendo, versión dada por buena en la mayoría de los medios
electrónicos, sobre todo en los televisivos. Una vez más se trazó una distancia
radical entre las percepciones difundidas a través de la red mundial y las
posturas del oficialismo gubernamental y mediático, ganando las primeras, pues
se le concedió mayor credibilidad a lo que en tumulto cibernético era reportado
(entre imprecisiones, exageraciones e incluso, como ha pasado en otras
ciudades, con el bombardeo intencional de tuiteros y feisbuqueros dedicados
profesionalmente a generar intranquilidad y potenciarla).
Llama la atención, sin embargo, que tanto descontrol y
abandono de responsabilidades gubernamentales en materia de seguridad pública
se produzcan en una entidad que se ha esmerado en afinar su sistema represivo.
No se hable solamente del caso extremo de San Salvador Atenco: basta ver la
manera en que la estructura policial mexiquense actúa diariamente para mantener
bajo control el conglomerado de intereses, tensiones y riesgos de explosión que
forman la textura social y económica de la entidad. También habrá de
considerarse como dato relevante el hecho de que el antorchismo pareciera tener
frente a sí una etapa promisoria en cuanto están por tomar el poder federal dos
de sus grandes aliados. Uno, más reciente, Enrique Peña Nieto; otro, casi
fundacional, Carlos Salinas de Gortari (cuyo hermano Raúl fue el principal
enlace).
La violencia, pero sobre todo la instalación del rumor y
la confusión como mecanismos promotores del miedo social ayudan a fin de
cuentas a inhibir las manifestaciones públicas de oposición a los poderes
constituidos. Inoculan el virus del temor paralizante, pero también crean
condiciones para que la represión y los abusos parezcan explicables en
un contexto convulso, depositando la carga de la presunta responsabilidad de
acontecimientos desafortunados en el atrevido ciudadano que viendo
las circunstancias no prefiere guardarse en su casa y guardar silencio para
alcanzar cierta protección presunta.
Además de ayudar al freno de las movilizaciones físicas,
el cultivo del terror colectivo también puede servir para desacreditar el libre
flujo de ideas, opiniones e información en Internet. Ya en el pionero Veracruz
del rígido Javier Duarte se ofreció una probada de lo que al poder de tres
colores le satisface: cárcel y multas para quienes tuiteen lo que en las
alturas pueda significar perturbación social. Frenado ese proyecto
legislativo en su momento, ahora podría ser retomado a partir del desorden
sembrado en esos espacios de comunicación internética en episodios como los del
oriente del estado de México y su colindancia con el Distrito Federal.
Y, mientras este domingo es respondida la pregunta
lanzada por López Obrador,¿Qué sigue?, entre versiones fundadas de que la vista
está puesta en la reactivación de Morena, con evidentes propósitos de
reincidencia electoral prioritaria, y en un recorrido paralelo de lucha social
contra la imposición peñanietista, pero sobre todo contra los proyectos de PRI
y PAN, en especial los relacionados con lo laboral y lo energético, ¡feliz fin
de semana!
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Astillero
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