Por: Adela Navarro Bello
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De diciembre de 2006 a abril de 2012, en el Semanario ZETA esa es la cantidad de muertos producto del crimen organizado que hemos contabilizado: 71 mil 804. A partir de la ola de violencia que se desató en enero de 2007 cuando de manera formal –y para legitimar su presidencia recién y conflictivamente adquirida– Felipe Calderón Hinojosa envió tropas de soldados a los estados con mayor incidencia delincuencial originada por las estructuras del narcotráfico. Empezó por Morelia, Michoacán, pero Tijuana, Baja California no escapó a su estrategia. Tampoco Nuevo Laredo, Tamaulipas, ni Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, los mexicanos atestiguamos por primera ocasión en la historia contemporánea de nuestro país, el patrullaje militar por calles, avenidas y colonias antes pacíficas, anti bélicas. Aquel escenario de bulevares en estatus de búsqueda de prosperidad financiera, comercial y urbanística, aderezados por convoyes con decenas de soldados rasos, capitanes, tenientes y coroneles, comandando batallones armados impresionantemente en época de paz, pero atentos para salvaguardar la integridad física de los mexicanos en esas regiones y combatir de manera frontal –aún sin el marco ministerial para hacerlo– a los integrantes del narcotráfico, se convirtió en una fotografía tradicional mexicana. Esta circunstancia de contingencia le dio a México y a la Presidencia de la República Mexicana encabezada por Felipe Calderón, el calificativo de en ambiente de guerra. No era normal pues que los soldados abandonasen los cuarteles para recorrer con todo su aparato, su adiestramiento y sus armas, los municipios del país. Felipe Calderón declararía así la guerra contra el narcotráfico. Confirmándola meses después, en mayo de aquel 2007, cuando también instruyó a la Armada de México a emplear su fuerza, infraestructura y capacidad, para perseguir y contener al narcotráfico en las costas de nuestro país. De entonces a la fecha cuatro hechos han destacado: 1.- La Presidencia de Felipe Calderón se observó incluso en el ámbito internacional como el paradigma de un Estado fallido, precisamente porque concentró todo su esfuerzo político, mediático y de infraestructura en el combate a la inseguridad sin obtener resultados favorables al sistema gubernamental.
Perdió el Presidente en muchos municipios del país, la potestad de la fuerza pública a razón de la corrupción, la facultad exclusiva para el cobro de gravámenes, a causa de la extorsión; y la tranquilidad y armonía social, por el terror que sembraron los secuestros y los homicidios violentos. Circunstancias todas que provocaron éxodos en el norte y el centro del país. 2.- El crecimiento del crimen organizado alcanzó niveles nunca vistos en México. De contabilizar los gobiernos de nuestro país y del vecino Estados Unidos un promedio de siete organizaciones criminales, el listado superó las 20 bandas delincuenciales y cárteles que dominaron no sólo el negocio ilícito del tráfico de drogas para la república y los Estados Unidos de Norteamérica, sino que patentaron el crimen organizado al sumar a su violenta causa el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el control de la migración y el pago de piso. 3.- El narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán, incrementó su poderío económico, delincuencial y de terror, hasta convertirse en el criminal más notorio, rico e influyente del mundo, de acuerdo a las agencias antinarcóticos de la Unión Americana y nuestra república, así como de otros países, y a los ojos de consejos editoriales de revistas, periódicos y televisoras en toda la orbe. 4.- México se convirtió en el país pacífico, neutral y sin guerra, en contabilizar el mayor número de muertos. El fenómeno del narcotráfico y la lucha con una estrategia no integral por parte del Estado, han arrojado en cinco años y medio, más de 71 mil 804 ejecutados, y 109 mil que no están clasificados por la violencia en las circunstancias de su muerte. 5.- El territorio nacional dejó de ser administrado por los gobiernos, federal, estatal o municipal, para convertirse en campo de batalla por plazas criminales a manos de las indistintas bandas delincuenciales, organizaciones criminales y cárteles, que se apoyaron en la impunidad que provee la corrupción, para convertirse en los dueños de demarcaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. A poco más de un mes de que se celebren las elecciones presidenciales, el escenario es caótico y la suma terrible. Los muertos de México, más que en cualquier guerra en los últimos diez años, son los ausentes que más pesan en la cotidianeidad nacional. Estados que hace seis años registraban cero ejecuciones, hoy cuentan por decenas los decesos violentos. La inseguridad, la violencia y el crecimiento del narcotráfico es lo que ha destacado en el último sexenio. Ciertamente Felipe Calderón Hinojosa no es el único responsable. Mientras su estrategia de combate al crimen organizado tuvo fallas –combate al lavado de dinero, inteligencia para contrarrestar a las células criminales, capacidad para judicializar a los integrantes de las mafias, certeza jurídica para procesar a los detenidos, entre otras dolencias del estado mexicano–, el criminal considerado el más poderoso del mundo ha contribuido de manera sistemática y violenta a la suma de los muertos. En la guerra que sostiene el cártel de “El Chapo” Guzmán con otras estructuras criminales, cientos, miles de mexicanos han perdido la vida (no importa si estaban dentro o no, son casos de homicidios que tuvieron un origen y que no han sido resueltos). En el conteo de ejecuciones en México realizado por el Semanario ZETA de Baja California, y por el reportero Enrique Mendoza Hernández, publicado en la edición de éste viernes 25 de mayo, se da noción cuantitativa: el 36 por ciento de las ejecuciones en los últimos cinco años y medio en el país, han tenido lugar en el llamado triángulo dorado, así denominada la confluencia de tres estados en manos del narcotráfico, Durango, Sinaloa y Chihuahua. Regiones donde el criminal Guzmán Loera asentó su cártel y que disputa a otras asociaciones delictuosas como “Los Zetas” y “Los Beltrán Leyva” por mencionar a los más violentos. En total, de las 71 mil 804 ejecuciones, 25 mil 947 se han reportado en esos tres estados. Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Veracruz, han sido entidades federativas que no escapan a el mismo escenario de sangre y plomo originado en la búsqueda del control de las plazas por parte de estos cárteles y organizaciones criminales, y completado por un combate fallido del estado mexicano echando mano de las fuerzas armadas mexicanas. Publicamos en ZETA así el recuento: “…en cinco años y medio del sexenio del presidente Felipe Calderón han ocurrido en México 71 mil 804 ejecuciones relacionadas con los grupos criminales que se disputan el territorio mexicano para el trasiego y venta de droga; la cifra incluye lo que el gobierno calderonista clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”. Así a estadística año por año: * 2007: 2 mil 826 ejecuciones * 2008: 6 mil 837 * 2009: 11 mil 753 * 2010: 19 mil 546 * 2011: 24 mil 068 * Y, al 30 de abril de 2012: 6 mil 774. Nuevo León, 3 mil 894; Durango, 3 mil 213; Jalisco, 3 mil 156; Distrito Federal, 2 mil 837; Michoacán, 2 mil 787; Tamaulipas, 2 mil 733; Sonora, 1 mil 910; Coahuila, 1 mil 595. De los estados más sangrientos, ZETA también desprendió las siguientes conclusiones: De las 71 mil 804 ejecuciones, los 13 estados anteriores concentran la cantidad de 58 mil 840, cifra que representa el 81.9 por ciento”. Es evidente para el lector que no importa el logotipo o el color del partido, la inseguridad sangrienta se ha presentado en regiones del PRI, del PAN y del PRD. La información completa la puede encontrar en www.zetatijuana.com. En las postrimerías de su administración, Felipe Calderón Hinojosa se ha convertido en el protagonista estelar de lo que será la época más sangrienta y con más ejecuciones de la historia moderna de este México, sin descartar claro, al principal autor intelectual y protagonista secundario frente al estado, Joaquín Guzmán Loera.
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