Alejandro Encinas Rodríguez : Seguridad amenazada

Seguridad amenazada
Alejandro Encinas Rodríguez

La imagen de Felipe Calderón montado a caballo durante el XCIX aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, aunado al discurso del secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dan lugar a múltiples lecturas.
Más allá de la anécdota y la parodia en que Calderón convirtió un hecho histórico de relevancia como fue la entrada del presidente Madero a la Ciudad de México, escoltado por los cadetes del Colegio Militar, así como de su afición a pretender emular a distintos personajes, ya sea uniformado de soldado, piloto aviador, espeleólogo o conductor de televisión, presenta a un personaje, bandera en mano y banda tricolor al pecho, tan arrogante como ajeno a la grave situación del país y a las preocupaciones de los mexicanos.
En contraparte, el discurso del general secretario señaló, con crudeza, una situación a la que me he referido en estas páginas: “El crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensiones cultural, sociológica y trasnacional […] Es evidente que en algunas latitudes del territorio nacional, el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra amenazada”. E insistió en que el entorno “asimétrico y frágil” en que las Fuerzas Armadas cumplen su misión requiere reformas al marco legal vigente, a fin de que las Fuerzas Armadas desempeñen con mayor precisión su participación en el combate al crimen organizado: “No se trata de arrogarnos privilegio alguno ni desempeñar funciones que no nos corresponden”.

Se trata de una declaración de la mayor trascendencia: por vez primera, se asume que vastas regiones del país están bajo control de grupos delictivos y no de la autoridad legítimamente constituida. Es bueno que se reconozca, ello puede servir para establecer una rectificación de la estrategia que ha fracasado, sin embargo, en el escenario de la elección presidencial que discurre, el desenlace de este reconocimiento puede tener otras implicaciones.
Una de éstas es que en la discusión de distintas reformas legales en puerta se encuentra la Ley de Seguridad Nacional, en la que se pretende dar al Ejecutivo federal la facultad para emitir una “declaratoria de riesgo a la seguridad interior”. Es decir, ante una situación, como la reconocida por el secretario de la Defensa, se pretende que el titular del Ejecutivo pueda suspender, sin intervención del Congreso, las garantías establecidas en la Constitución y crear un estado de excepción.
Existe evidencia de la presencia de la delincuencia organizada en procesos electorales, como sucedió en regiones de Michoacán y Tamaulipas, donde se intimidó a candidatos que abandonaron la contienda, se presionó a ciudadanos para inducir el voto o se cometieron delitos mayores. Pero ello no debe derivar en una acción que vulnere el proceso electoral, menos las garantías constitucionales.
Lamentablemente, los sucesos de semanas recientes y la pretensión —en la ficción orwelliana en que se ha convertido el actual gobierno, que se litiga a diario entre espías y ladrones del uso político de las instituciones responsables de la procuración de justicia y el nombramiento de personajes cercanos a los círculos del poder en cuerpos de seguridad e inteligencia, en la guerra de las comunicaciones donde, como en las mejores distopías, el espionaje e intervención de comunicaciones privadas se han convertido en práctica común—, ponen en riesgo las reglas democráticas elementales que deben prevalecer en el país.
Cabe reconocer lo señalado por el general: “Ha habido errores, desde luego que sí. Reconocerlos es lealtad. Como lo es aceptar las recomendaciones que nos hacen organismos competentes. Es lealtad a las víctimas y a sus familias sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño causado”. Que ese sea el primer paso para rectificar el camino errado.