La cloaca carcelaria : Alejandro Gertz Manero

La cloaca carcelaria
Por Alejandro Gertz Manero
La inmundicia, la corrupción y el desastre del sistema carcelario mexicano apenas han mostrado en estos últimos días la punta del iceberg de una situación que es peor de lo que pudiera pensarse.
Esta catástrofe comienza con el nivel delictivo del país, ya que se cometen más de 12 millones de delitos al año, de los cuales más de 98% quedan impunes y no se persiguen ni se castigan, mientras sólo un millón 500 mil se denuncian, y de ellos únicamente 250 mil se consignan ante jueces, y esa cifra se reduce después de años a menos de 190 mil sentencias condenatorias, todo lo cual nos indica que el país está pletórico de delincuentes a los que ninguna autoridad detiene ni encarcela.
Por otra parte, en las cárceles mexicanas hay 225 mil presos, un número verdaderamente ínfimo y ridículo en comparación con los delincuentes que andan sueltos en las calles cometiendo todos los ilícitos que a diario sufrimos, y para acabar de evidenciar esta anarquía existe 22% de sobrepoblación en las 430 cárceles que hay en el país, sobre todo en el Norte, en el Estado de México y en el DF, donde se encuentra la mayoría de los 45 mil presos federales que son los más violentos y corruptos y que la federación deja a los estados, en la forma más irresponsable, para que les hagan explotar sus reclusorios.

Todo lo anterior quiere decir que si hubiera una mayor capacidad de sanción en todo el sistema de justicia mexicano el número de delincuentes encarcelados llegaría a millones y no habría dónde internarlos, generando así una expectativa de pesadilla.
Para acabar de complicar la situación, casi en todas las cárceles existe un nivel de corrupción que va desde el “autogobierno” que ejercen los delincuentes más feroces sobre la población carcelaria, hasta la colusión más sofisticada de quienes delinquen, manejan bandas y operan redes del crimen organizado en algunos de los reclusorios más “seguros” del país.
Todo lo anterior nos ha llevado a una explosión brutal de violencia que tuvo ejemplos espeluznantes en Zacatecas, donde se fugaron 53 reos; en Durango, donde la directora de la cárcel y los reos se habían organizado para salir del reclusorio y cometer crímenes, y en menos de dos años se han dado más de 15 fugas masivas en el país, con 500 reclusos evadidos y niveles de brutalidad que no tienen paralelo, como el que ocurrió en Apodaca, donde asesinaron a 44 reclusos para encubrir la evasión de 29 presos, en razón de que algunos de ellos iban a ser trasladados a penales de alta seguridad.
En esta historia de horror la CNDH pudo constatar que en las 100 cárceles más pobladas del país el autogobierno de los delincuentes coludidos con las autoridades les permite controlar a 160 mil presos, mientras los miembros del crimen organizado cobran las cuotas y administran el delito en dichos reclusorios.
Esta situación también se ha reflejado en los penales federales de las Islas Marías y de Huimanguillo, Tabasco, y tiene como el caso más escandaloso la fuga del “Chapo” Guzmán, que se preparó e instrumentó desde varios años antes por empleados y funcionarios de la Segob que corrompieron a todas las actividades del reclusorio de Puente Grande, inhabilitando sus cámaras de seguridad, incumpliendo con todos los reglamentos disciplinarios e introduciendo a sicarios del “Chapo” como empleados y custodios para que ese delincuente se convirtiera en su dueño, mientras las unidades de “inteligencia” de Gobernación y el Cisen se hacían de la vista gorda encubriendo lo que ocurría.
En esas circunstancias, un mes antes de la fuga, el gobierno creó la nueva SSP, que tenía que recibir los reclusorios federales de la Segob, cuando tuviera su propia ley orgánica y un presupuesto operante, y un mes antes de que eso ocurriera los pícaros coludidos de Gobernación “sacaron” al “Chapo” de la cárcel.
Las pruebas indubitables de esta colusión criminal se encuentran en los procesos penales de todos los involucrados, que eran empleados de la Segob y que fueron consignados, procesados y sentenciados, comenzando por su director, y hasta el propio subsecretario de Gobernación, responsable de los reclusorios federales, al día siguiente de la fuga así lo hizo saber en conferencia de prensa, acusándolos de traición, para después renunciar a su cargo.
Estas evidencias abrumadoras están en todos los procesos penales y pueden ser consultadas públicamente, lo cual ha sido reseñado con amplitud y precisión por los reconocidos periodistas Anabel Hernández, Ramón Alberto Garza y José Reveles, contradiciendo con ello las afirmaciones dolosas de quienes pretenden encubrir sus graves responsabilidades en ese escandaloso asunto, que debería ventilarse a fondo para evidenciar a quienes participaron en esa conspiración criminal desde la Segob.
Ésa es la pesadilla de corrupción que se vive a diario en las cárceles mexicanas, mientras las autoridades se avientan la pelota y se acusan unos a otros, para finalmente evidenciar su colusión o su ineptitud, que forma parte de esta realidad de injusticia y de impunidad en la que vivimos.

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