Carlos Fernández-Vega
México SA
Estercolero y cuenta pública
Calderón: $749 mil por hora
Hacienda, SCT, Pemex y más
Un verdadero banquete de mugre, por decirlo suave, es lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación durante su revisión de la cuenta pública 2010. Donde fiscalizó a la primera brotó pus; de las cuentas del inquilino de Los Pinos para abajo: sobregiros, opacidad, desvío de recursos para rescatar a los amigos del régimen, guardaditos, subejercicios, pérdidas para el erario por negocios privados con bienes de la nación, sobrecostos para beneficiar a consorcios trasnacionales, tesorerías paralelas, cifras infladas y faltantes, caja chica por 332 mil millones, brutal incremento de la deuda pública (crece a un ritmo nueve veces mayor al de la economía), gastos inflados para la celebración del Bicentenario (con la E$tela de Lu$ a la cabeza), y tantas otras bellezas, sin olvidar las gracias del Legislativo, el Judicial y los gobiernos estatales. Siete de cada diez auditorías practicadas al gobierno federal registraron cifras que de plano no cuadran. He allí las prometidas manos limpias.
Cada año se escucha el discurso celebratorio por contar con un presupuesto histórico. Billones de pesos de gasto público para el bien de los mexicanos. Sin embargo, revisión tras revisión de la cuenta pública, crece el número de anomalías, desvíos, subejercicios y conexos que en nada benefician a los dueños originales de esos dineros pero sí, y crecientemente, a quienes los manejan. Presupuesto histórico destinado a pagar la ya billonaria nómina burocrática (33 centavos de cada peso se destinan a tal fin, oficialmente), el monárquico tren de vida de los funcionarios, la voluminosa cuan creciente deuda pública (se paga débito para contratar más débito, en un circuito interminable), los caprichos del inquilino de Los Pinos y banda que lo acompaña, y al final de cuentas de lo histórico quedan disponibles, en el mejor de los casos, 10 centavos de cada peso para cuestiones productivas, si es que finalmente no los utilizan para otra cosa.
No es, pues, cuánto sino cómo se gasta, y para el caso del panismo en el gobierno (Fox y Calderón) el manejo de los recursos públicos es un verdadero desastre, aderezado con creciente discrecionalidad y corrupción, a tal grado que los blanquiazules han hecho la hombrada de superar a su maestro tricolor. El problema es que nada pasa: subejercicios, sobregiros, desvíos, guardaditos y conexos, y nada sucede, pues al año siguiente repiten el numerito y lo mejoran. Allí está el caso del inquilino de Los Pinos, quien en 2010 gastó 6 mil 479 millones de pesos en comunicación social, monto tres veces superior al legalmente autorizado por la Cámara de Diputados.
Más allá de la ínfima calidad de los mensajes y anuncios transmitidos por Los Pinos y de que el inquilino de la residencia oficial contrató tiempos comerciales antes de utilizar tiempos oficiales en los medios privados de comunicación electrónica, esos 6 mil 479 millones de pesos consumidos en comunicación social equivalen a 1.7 veces el presupuesto anual (2011) de la Secretaría del Trabajo; 1.3 veces el de la Secretaría de la Reforma Agraria; 1.6 veces el de la Secretaría de Turismo; cinco veces el de la Secretaría de la Función Pública (que supuestamente debe vigilar y evitar asaltos como ese); 1.65 veces el del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y 38 por ciento del autorizado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt. En 2011, el susodicho erogó, cada 24 horas, 17.75 millones de pesos para sus promocionales, o si se prefiere 740 mil pesos por hora.
También se utilizaron recursos públicos originalmente destinados a los programas de vivienda para inversiones en capitales y bonos de dudosa calidad, por lo que es recomendable la revisión de la legislación, a fin de evitar la especulación con recursos públicos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, que ha documentado el comportamiento inercial del gasto corriente y ha observado de manera constante que los proyectos de infraestructura, en un gran número de los diversos entes auditados, han presentado modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales. Esto se ha traducido en incrementos sustanciales en los montos de inversión, y aumento en el plazo de contratación, ejecución y puesta en marcha. Los efectos de esta problemática conllevan repercusiones sociales y económicas que afectan, en primer término, a la sociedad, al no contar oportunamente con los beneficios de las obras, y al erario, ante la generación de sobrecostos, en relación con los presupuestos autorizados.
En materia de deuda pública, la ASF documentó que la correspondiente al gobierno federal creció a un ritmo nueve veces mayor al de la economía, mientras la relativa a estados y municipios aumentó casi 43 por ciento. A ese barril sin fondo que se conoce como rescate bancario (Fobaproa-IPAB) se han destinado 712 mil millones de pesos, y aún faltan por cubrir 769 mil millones (el costo total equivale al presupuesto de 58 años para combatir la pobreza), mientras las grandes empresas (muchas de ellas asociadas a todo tipo de rescates con recursos públicos) concentraron 75 por ciento de la devolución de impuestos).
Con Ernesto Cordero en Hacienda, esta dependencia del Ejecutivo ocultó información y no detalló el destino de 45 mil 377 millones de pesos en 2010. Con Juan Molinar Horcasitas en la silla principal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se concesionó (por 20 años, renovables) la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad. Los ganadores de tal concesión fueron Megacable-Televisa-Telefónica (asociadas en una sola empresa), lo cual lejos de generar beneficio al Estado mexicano le provocó una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos. De hecho, la SCT, con Molinar, concesionó la red a pesar de que conocía la no conveniencia de otorgarla. Y allí está, también producto de Molinar Horcasitas, el estercolero de la licitación 21.
No se puede dejar a un lado a la Secretaría de Economía, con generosas concesiones mineras al capital privado (en el mejor de los casos, por cada peso que por este concepto entra –se supone– al erario, los magnates se llevan 85 pesos). Tampoco a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos: los contratos de servicios múltiples en los que participan consorcios privados para la explotación de gas en la cuenca de Burgos, tuvieron en 2010 un sobrecosto de 13 por ciento y una producción por abajo de 30 por ciento con respecto a los contratos tradicionales con los que Pemex. Y CFE: lo suyo es sobrefacturar, y cada bimestre cobra más.
Las rebanadas del pastel
En fin, no caben en este espacio todas las barbaridades del foxismo y del calderonismo, pero se pueden sintetizar así: gobiernos blanquiazules, sinónimo de atraco a la nación.
cfvmexico_sa@hotmail.com
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