La crisis de los penales
Por Ricardo Monreal Avila
Cuando un gobierno no controla sus penales, ese gobierno está en proceso de extinción. En todas las tipologías sobre “Estados Fallidos”, los tres indicadores más críticos son la pérdida de territorios o regiones completas, la pérdida del monopolio de la violencia legítima (el uso de las armas) y la pérdida del control en sus prisiones. A este proceso de repliegue del Estado se le llama ingobernabilidad.
Es impresionante la miopía y superficialidad con la que se está tratando este fenómeno de degradación, descomposición e ingobernabilidad que tiene en los penales su síntoma más crítico y extremo.
Los gobiernos locales responsabilizan al gobierno federal y éste reduce el asunto a un problema de hacinamiento en las cárceles, a una falta de ampliación presupuestal de los diputados y a la falta de nuevos espacios penitenciarios.
Una vez más, la estrecha y pobre visión del esquema punitivo de seguridad se desborda y decanta por la derecha: hay crisis en los penales porque no hay lugar dónde guardar a tanto delincuente. Y no hay más prisiones, porque los diputados no autorizan más recursos.
El esquema punitivo todo lo quiere resolver con más fuerza y con más presupuesto: cuando tengamos más cárceles, más policías, más patrullas y más delincuentes en las prisiones, entonces terminará la inseguridad.
Nada más torcido que esta visión de la derecha. Durante los últimos seis años, el presupuesto en seguridad se ha duplicado. Por ejemplo, los soldados han visto crecer sus percepciones en más de 150%, cuando el resto de los trabajadores del país lo ha hecho en 16% nominal. Se ha integrado un ejército paralelo (la Policía Federal Preventiva), con más de 33 mil efectivos y con presupuesto de 36 mil millones de pesos; es decir, se destina más de un millón de pesos al año por policía, que ya lo quisieran los integrantes del FBI o de Scotland Yard. En este mismo lapso, plazas de médicos, ingenieros y maestros han sido canceladas en el sector oficial.
Cuando un gobierno no controla sus penales, ese gobierno está en proceso de extinción. En todas las tipologías sobre “Estados Fallidos”, los tres indicadores más críticos son la pérdida de territorios o regiones completas, la pérdida del monopolio de la violencia legítima (el uso de las armas) y la pérdida del control en sus prisiones. A este proceso de repliegue del Estado se le llama ingobernabilidad.
Es impresionante la miopía y superficialidad con la que se está tratando este fenómeno de degradación, descomposición e ingobernabilidad que tiene en los penales su síntoma más crítico y extremo.
Los gobiernos locales responsabilizan al gobierno federal y éste reduce el asunto a un problema de hacinamiento en las cárceles, a una falta de ampliación presupuestal de los diputados y a la falta de nuevos espacios penitenciarios.
Una vez más, la estrecha y pobre visión del esquema punitivo de seguridad se desborda y decanta por la derecha: hay crisis en los penales porque no hay lugar dónde guardar a tanto delincuente. Y no hay más prisiones, porque los diputados no autorizan más recursos.
El esquema punitivo todo lo quiere resolver con más fuerza y con más presupuesto: cuando tengamos más cárceles, más policías, más patrullas y más delincuentes en las prisiones, entonces terminará la inseguridad.
Nada más torcido que esta visión de la derecha. Durante los últimos seis años, el presupuesto en seguridad se ha duplicado. Por ejemplo, los soldados han visto crecer sus percepciones en más de 150%, cuando el resto de los trabajadores del país lo ha hecho en 16% nominal. Se ha integrado un ejército paralelo (la Policía Federal Preventiva), con más de 33 mil efectivos y con presupuesto de 36 mil millones de pesos; es decir, se destina más de un millón de pesos al año por policía, que ya lo quisieran los integrantes del FBI o de Scotland Yard. En este mismo lapso, plazas de médicos, ingenieros y maestros han sido canceladas en el sector oficial.
Otros indicadores de lo chueco que se encuentra está visión del Estado de Derecha, que no de Derecho: las recompensas para quienes denuncien, entreguen o den un “pitazo” sobre algunos de los delincuentes más buscados, se han triplicado; en cambio, las becas para promover la ciencia, la tecnología y la cultura se han cancelado o reducido. Los testigos protegidos, una figura creada para mejorar el combate a la delincuencia organizada, se han utilizado más para la persecución política que para la impartición de justicia. Las cifras no mienten. De cada 10 casos basados en testigos protegidos, sólo uno concluye en sentencia. Y es que los testigos protegidos, desde la época de las Brujas de Salem, son muy buenos para infamar y manchar prestigios, pero pésimos impartidores de justicia.
En conclusión, mientras más armas jurídicas, presupuestales, equipo armado y personal se destina a combatir la inseguridad, más crece la violencia y la percepción de vulnerabilidad en la población. Es decir, mientras más nos empeñamos en construir un Estado Policial, más nos despeñamos por el camino de los Estados Fallidos.
Los filósofos franceses Michel Foucault y Louis Althusser mostraron la estrecha vinculación que existe entre el Estado y las cárceles. Dime qué tipo de prisiones tienes y te diré que tipo de Estado eres. Cárceles como las de Apodaca y el resto del país, autogobernadas por los reos y donde los criminales se mueven como Pedro por su casa, son el síntoma de un Estado en proceso de extinción o de ingobernabilidad.
En su afán por demostrar que la estrategia punitiva sí funciona, las autoridades federales han buscado trasladar la guerra de los cárteles de la calle a las cárceles. Han mezclado perros con gatos. Sólo así se explica que hacinen reos federales con reos del fuero común; o lo que es peor, zetas con golfos.
La crónica de los amotinamientos, masacres y fugas colectivas en las cárceles mexicanas los últimos cinco años, don la crónica de un Estado Fallido en vías de extinción.
En lo que va de la actual administración federal al menos 722 reos se han escapado de las cárceles estatales, en la mayoría de los casos con la complicidad de los custodios y los directivos de los centros penitenciarios. Tan sólo en el penal estatal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se escaparon —el 17 de diciembre del 2010— 152 reclusos, luego de que los custodios les abrieran la puerta, en lo que constituye la fuga más numerosa en la historia del país.
Poco antes, el 10 de septiembre, en Reynosa, Tamaulipas, 89 reos lograron darse a la fuga sin que haya habido registro de un solo disparo. En otras entidades cuentan su propia historia, el 16 de mayo de 2009 un comando fuertemente armado liberó a 54 reos del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas. Además, aunque no cuantitativamente, sí por cuestiones cualitativas, no debe olvidarse la célebre fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco, a principios de la pasada administración.
En los centros penitenciarios del país se han producido hechos de terror y violencia parangonables con las batallas más cruentas que se han librado en el exterior, en el contexto de la “lucha” contra el narcotráfico. De diciembre de 2006 al 20 de enero de 2010 hubo nueve hechos en diferentes penales mexicanos, con un saldo de 104 muertos.
De enero de 2011 a la fecha se han registrado 11 problemas en cárceles, lo que ha traído por consecuencia 148 reos fallecidos. Tan sólo en los dos últimos hechos —en Altamira, Tamaulipas, y Apodaca, Nuevo León—, el saldo fue de 75 decesos.
El cuatro de enero de 2012 una riña entre internos del penal de Altamira, Tamaulipas, causó 31 muertos y 13 heridos. El conflicto tuvo origen supuestamente por la disputa del control de actividades ilícitas dentro de la prisión. Sin embargo, es de todos conocido que en el interior de ésta se encuentran presos miembros de grupos de la delincuencia organizada o cárteles rivales.
Esta masacre se suma a una larga historia de violencia en los penales de Tamaulipas. Apenas el 15 de octubre de 2011 una riña entre reos en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Matamoros, Tamaulipas dejó 20 internos muertos y otros 12 heridos; en julio de ese mismo año durante un enfrentamiento hubo siete muertos en el Penal Número 2 de Nuevo Laredo, y 59 reos se dieron a la fuga; el sábado 7 de agosto de 2010, en otro enfrentamiento murieron 14 internos en el penal de Matamoros; el 27 de abril, una pelea entre internos del Centro de Ejecuciones de Sanciones de Altamira dejó cuatro presidiarios muertos y dos heridos, y más atrás en el tiempo en octubre de 2008, uno de los episodios más sangrientos ocurrió en el penal de Reynosa, en donde se registró una batalla campal que dejó como saldo 21 presidiarios muertos (en esa ocasión los cuerpos estaban calcinados).
Si a esta crisis de los penales le sumamos las variables de la corrupción rampante, la violencia en ascenso y la impunidad ineluctables, tendremos entonces el cuadro completo de la ingobernabilidad. México no se merece ese destino.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
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