Lo sórdido del caso Wallace : JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Lo sórdido del caso Wallace
JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Documentos oficiales y testimonios de quienes están acusados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda acusan a la virtual candidata del PAN al Gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, de haber incurrido en ilegalidades, incluyendo actos de tortura, al seguir el caso de su hijo. Los relatos de madres, hermanos y hasta tíos de las personas encarceladas por estos hechos coinciden en los señalamientos: la señora Wallace está utilizando el poder que le da su “amistad” con el presidente Calderón y con el ahora exprocurador capitalino Miguel Mancera…

Un día después de la desaparición de su hijo Hugo Alberto, Isabel Miranda de Wallace ya tenía localizado el lugar donde asegura que lo mataron cuando intentaron secuestrarlo. En menos de 24 horas ubicó su camioneta, dio con el departamento que denunció como escenario de los hechos que la convirtieron en figura pública y ya tenía referencias de dos de los señalados como responsables.

La madrugada del martes 12 de julio de 2005 ya había puesto una denuncia por la desaparición de Hugo Alberto. Ya sabía que una joven atractiva conocida como Claudia era una de las implicadas, lo mismo que un policía judicial. Más todavía, le dio una pista al Ministerio Público: había que localizar a Jacobo Tagle Dobin. Proporcionó su dirección.


Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, abierta por la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, gracias a la declaración de un vecino curioso, al dicho de un niño que estaba en el edificio y por un sobre que le envió a su casa un anónimo con varios correos electrónicos, empezó a reconstruir las circunstancias de lo ocurrido en el departamento 4 del número 6 de la calle Perugino, en el sur de la Ciudad de México.

En poco más de dos meses ya sabía quiénes integraban–y cómo operaba– “la banda de secuestradores”: el exjudicial del estado de Morelos César Freyre Morales; la bailarina Juana Hilda González Lomelí, Claudia; el comerciante Jacobo Tagle; su novia Brenda Quevedo Cruz y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz.

Durante medio año la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) careció de elementos para consignar a los señalados. No fue sino hasta el 8 de febrero de 2006 cuando pudo enderezar los cargos de secuestro y asesinato a partir de una ampliación de declaración de Juana Hilda en la que detalló la supuesta participación de cada uno.

Esa declaración contradijo dos previas en las que negaba los cargos. Pero no la ha ratificado porque fue tomada sin asesoría legal, fuera del lugar de arraigo y bajo coacción de los agentes del Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz y Braulio Robles Zúñiga, según el expediente 180/2010 abierto por el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal.

Los ministeriales la amenazaron con hacerle daño a su familia, como ya lo habían hecho con la mamá y la hermana de César Freyre, a quienes encarcelaron por supuesta extorsión. Según se lee en el expediente, en esa declaración se incluyó un careo, no solicitado por Juana Hilda, en el que ésta supuestamente le pidió perdón a Isabel Miranda. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1842, ya en circulación)