Guillermo Fabela Quiñones : Nueva etapa de la inseguridad

Nueva etapa de la inseguridad
Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones


Los hechos demuestran que la violencia en el país ha ido en aumento en la misma o mayor proporción que el deterioro del tejido social. Se trata de un fenómeno natural que sólo se podrá corregir en la medida que se abatan sus causas, lo que no se ha entendido en las altas esferas del poder. La “guerra” contra la delincuencia organizada es una acción que incide sobre los efectos del problema, situación que explica los escasos o nulos resultados a pesar de los cuantiosos recursos y esfuerzos del gobierno federal dedicados a enfrentar a las bandas delictivas. El propio Felipe Calderón lo reconoció así, al aceptar que “hoy estamos ante una nueva etapa del fenómeno de la inseguridad. Hemos presenciado un escalamiento de la violencia del crimen en nuestro país”.

No podía ser de otra manera si paralelamente vamos hacia atrás en lo que se refiere a justicia social, bienestar de la población, más oportunidades para los jóvenes que llegan a la edad de trabajar. En cambio, corre a muy acelerada velocidad todo aquello que frena y obstaculiza el desarrollo social, la verdadera unidad de los mexicanos, un sano ejercicio del Estado de Derecho. En tanto la burocracia dorada actúe como “gerencia operativa” de la oligarquía, los graves problemas sociales que nos aquejan irán en aumento. La verdadera solución no está en la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos y los Ministerios Públicos, como lo apunta el inquilino de Los Pinos, sino en la consolidación de una sociedad justa, participativa, donde no exista la impunidad y se aliente la legalidad.
Mientras no se entienda que corresponde a la elite poner el buen ejemplo a la sociedad en su conjunto, nada se podrá hacer para reducir la violencia y la inseguridad en las calles. Si los servidores públicos y altos funcionarios actúan como si tener el privilegio de servir sea sinónimo de impunidad y derecho a proceder ilegalmente, lo único que cabe esperar es más deterioro del tejido social, más desunión entre los mexicanos, más graves problemas de inseguridad. Ciertamente, “México anhela vivir en paz”, como señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pero con su actuación institucional pareciera que los ministros buscan que nuestra nación viva en constante desasosiego y ruptura de la tranquilidad social.
Tanto Calderón como los ministros de la Corte y algunos de los principales magnates empresariales del país, actúan en realidad como si buscaran que los mexicanos vivamos en zozobra perenne, sin ninguna posibilidad de convivir armónicamente. Y las cosas se complican aún más cuando se actúa con un cinismo que ofende, como tantos políticos que sin asomo de respeto al ciudadano común le mienten de la manera más burda. O con una hipocresía que raya en la burla, como lo hizo el senador panista Jorge Ocejo Moreno, al asumir la presidencia de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Pidió que los políticos que buscan el poder en América Latina lo hagan “como cristianos comprometidos”, y que el laicismo no debe estar reñido con una política ajena a la espiritualidad.
Obviamente, nada está más alejado de los principios y valores cristianos que la voracidad con la que actúan empresarios que anteponen el máximo de beneficios al deber solidario con los trabajadores, como por ejemplo el propietario del Grupo Minera México que no ha tenido ningún escrúpulo para dañar injustamente a los trabajadores de Cananea y Pasta de Conchos. O la sevicia con la que ha actuado contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo. Nada tiene que ver la doctrina social cristiana con los “valores” que enarbolan los miembros de la ODCA, escuderos en realidad de los grandes intereses trasnacionales en nuestros países del subcontinente.
Por otro lado, ya es un avance que Calderón acepte que se han hecho cuestionamientos a su estrategia de combate al crimen organizado. Sin embargo, de allí no pasará porque no tiene un asomo de autocrítica que sugiera la posibilidad de cambios de fondo que permitan resultados positivos. Si hay un ambiente de apatía, indolencia, desidia, desamparo o desánimo en algunas regiones del país, como reconoce también, es porque la ciudadanía se da cuenta de que las cúpulas gobernante y empresarial sólo están interesadas en apuntalar sus propios intereses, sin ningún sentimiento mínimo de solidaridad social. La sociedad mayoritaria se siente desamparada porque las políticas públicas no la favorecen, sino al contrario. Están hechas para perjudicar a la población más débil, más indefensa. Así lo demuestran los imparables aumentos a los combustibles, los salarios de hambre, la actuación de los ministros de la Corte. Lo que asombra es que aún así los mexicanos sigamos amando la paz social y el camino de la legalidad, la esperanza en un país mejor.




Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones


Los hechos demuestran que la violencia en el país ha ido en aumento en la misma o mayor proporción que el deterioro del tejido social. Se trata de un fenómeno natural que sólo se podrá corregir en la medida que se abatan sus causas, lo que no se ha entendido en las altas esferas del poder. La “guerra” contra la delincuencia organizada es una acción que incide sobre los efectos del problema, situación que explica los escasos o nulos resultados a pesar de los cuantiosos recursos y esfuerzos del gobierno federal dedicados a enfrentar a las bandas delictivas. El propio Felipe Calderón lo reconoció así, al aceptar que “hoy estamos ante una nueva etapa del fenómeno de la inseguridad. Hemos presenciado un escalamiento de la violencia del crimen en nuestro país”.
No podía ser de otra manera si paralelamente vamos hacia atrás en lo que se refiere a justicia social, bienestar de la población, más oportunidades para los jóvenes que llegan a la edad de trabajar. En cambio, corre a muy acelerada velocidad todo aquello que frena y obstaculiza el desarrollo social, la verdadera unidad de los mexicanos, un sano ejercicio del Estado de Derecho. En tanto la burocracia dorada actúe como “gerencia operativa” de la oligarquía, los graves problemas sociales que nos aquejan irán en aumento. La verdadera solución no está en la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos y los Ministerios Públicos, como lo apunta el inquilino de Los Pinos, sino en la consolidación de una sociedad justa, participativa, donde no exista la impunidad y se aliente la legalidad.
Mientras no se entienda que corresponde a la elite poner el buen ejemplo a la sociedad en su conjunto, nada se podrá hacer para reducir la violencia y la inseguridad en las calles. Si los servidores públicos y altos funcionarios actúan como si tener el privilegio de servir sea sinónimo de impunidad y derecho a proceder ilegalmente, lo único que cabe esperar es más deterioro del tejido social, más desunión entre los mexicanos, más graves problemas de inseguridad. Ciertamente, “México anhela vivir en paz”, como señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pero con su actuación institucional pareciera que los ministros buscan que nuestra nación viva en constante desasosiego y ruptura de la tranquilidad social.
Tanto Calderón como los ministros de la Corte y algunos de los principales magnates empresariales del país, actúan en realidad como si buscaran que los mexicanos vivamos en zozobra perenne, sin ninguna posibilidad de convivir armónicamente. Y las cosas se complican aún más cuando se actúa con un cinismo que ofende, como tantos políticos que sin asomo de respeto al ciudadano común le mienten de la manera más burda. O con una hipocresía que raya en la burla, como lo hizo el senador panista Jorge Ocejo Moreno, al asumir la presidencia de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Pidió que los políticos que buscan el poder en América Latina lo hagan “como cristianos comprometidos”, y que el laicismo no debe estar reñido con una política ajena a la espiritualidad.
Obviamente, nada está más alejado de los principios y valores cristianos que la voracidad con la que actúan empresarios que anteponen el máximo de beneficios al deber solidario con los trabajadores, como por ejemplo el propietario del Grupo Minera México que no ha tenido ningún escrúpulo para dañar injustamente a los trabajadores de Cananea y Pasta de Conchos. O la sevicia con la que ha actuado contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo. Nada tiene que ver la doctrina social cristiana con los “valores” que enarbolan los miembros de la ODCA, escuderos en realidad de los grandes intereses trasnacionales en nuestros países del subcontinente.
Por otro lado, ya es un avance que Calderón acepte que se han hecho cuestionamientos a su estrategia de combate al crimen organizado. Sin embargo, de allí no pasará porque no tiene un asomo de autocrítica que sugiera la posibilidad de cambios de fondo que permitan resultados positivos. Si hay un ambiente de apatía, indolencia, desidia, desamparo o desánimo en algunas regiones del país, como reconoce también, es porque la ciudadanía se da cuenta de que las cúpulas gobernante y empresarial sólo están interesadas en apuntalar sus propios intereses, sin ningún sentimiento mínimo de solidaridad social. La sociedad mayoritaria se siente desamparada porque las políticas públicas no la favorecen, sino al contrario. Están hechas para perjudicar a la población más débil, más indefensa. Así lo demuestran los imparables aumentos a los combustibles, los salarios de hambre, la actuación de los ministros de la Corte. Lo que asombra es que aún así los mexicanos sigamos amando la paz social y el camino de la legalidad, la esperanza en un país mejor.
(gmofavela2010@hotmail.com)