Guillermo Fabela Quiñones : Ahora siguen las justificaciones

Ahora siguen las justificaciones
Guillermo Fabela Quiñones

Por fin terminaron las inútiles reuniones convocadas por Felipe Calderón para hacerle creer a la opinión pública que su “guerra” contra el crimen organizado no la realiza solo, sino que la consensuó con los sectores más representativos de la sociedad. Se confirmó que fue un monólogo innecesario que no influirá para nada en la estrategia impuesta por el inquilino de Los Pinos al comenzar su “mandato”. Puntualizó que las fuerzas armadas seguirán siendo utilizadas como simples policías hasta que salga de la casa presidencial. Amenazó con incrementar la carga impositiva a los contribuyentes cautivos, si el Legislativo no le autoriza una “reasignación de fondo” para continuar una lucha que se demostró no podrá ser ganada con el solo uso de tropas, sin corregir sus causas profundas.
El último turno correspondió a los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras, quienes acudieron a la cita, presurosos y obedientes, con la excepción de los del PRI, del PT y el del PRD en la Cámara Baja, Alejandro Encinas. Se confirmó, como si eso hiciera falta, el abyecto oportunismo de la corriente de “Los Chuchos”, representada por el senador Carlos Navarrete Ruiz y el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador perredista, quienes se mostraron felices por tener la oportunidad de servir una vez más a su jefe Calderón.
Como si un gravísimo problema social se pudiera solucionar con más gasto, Calderón quiso chantajear al Congreso para responsabilizarlo de un fracaso largamente anunciado. Prepara el terreno para argumentar que no logró su anhelado propósito de aniquilar a las mafias, porque no contó con un apoyo de los legisladores acorde con la magnitud del flagelo. Sin embargo, por más recursos que se asignaran al combate al crimen organizado, éste mantendría su vigor y agresividad porque las causas que lo alimentan seguirían intocadas, porque así lo dispone Calderón.

Debe saber perfectamente que actuar con la convicción que se necesita para reducir el poder del crimen organizado, lo llevaría a confrontarse con sus principales aliados, pues son ellos quienes lo propiciaron y fortalecieron con su política económica neoliberal que tan buenos dividendos les ha dejado, pero a costa de una profunda descomposición social que agravó las contradicciones del Estado mexicano. La crisis de inseguridad que estamos viviendo es consecuencia de las políticas públicas antisociales y sumamente injustas impuestas por los tecnócratas a partir de 1983. Y mientras no se actúe en contra de esa antidemocrática realidad y quienes la favorecen, nunca se podrá vencer a las bandas delictivas, cada vez más poderosas porque encuentran un medio muy favorable a sus fines.
Se equivoca el procurador general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jesús Gabriel López Benítez, al afirmar que el Ejército “es la única institución que puede contribuir con el país en la resolución de este problema” (el crimen organizado). No al menos en el actual estado de cosas, pues como ha quedado demostrado, el intensivo uso de tropas de las fuerzas armadas en nada ha podido influir en resultados favorables a la sociedad. En Ciudad Juárez se comprobó que mientras más soldados participaban en el combate a las bandas delictivas, más proliferaban éstas y con más fuerza en su accionar. Ahora el país es un frente de guerra absurda contraria a los intereses del país, porque no sólo se agravó una situación muy dramática, sino que se generaron condiciones para la proliferación de la criminalidad hasta con tecnologías de punta.
Es igualmente falso que si el Ejército regresa a sus cuarteles la ciudadanía quedaría inerme, a merced del crimen organizado, como asegura Calderón. Lo es porque está demostrado que se abrirían los cauces de una tregua que se iría generalizando, como sucedió en Colombia a fines de los años ochenta. El mismo inquilino de Los Pinos acepta que pese a su embestida anticrimen, “siguen desprotegidas las víctimas, los testigos, los denunciantes, los ministerios públicos, los policías y los jueces”. ¿De qué ha servido pues el descomunal despliegue de las fuerzas armadas si ni siquiera se ha logrado un mínimo avance real en la reducción del flagelo, como lo prueban las más de 28 mil víctimas de esta cruenta “guerra”?
Podría destinarse todo el presupuesto de la Federación al combate al crimen organizado, sin embargo los resultados serían los mismos que a la fecha. En cambio, si todo ese dinero se orientara correcta y honestamente a la ejecución de políticas públicas de carácter socialmente productivo, otra muy distinta sería la situación. Muy pronto comenzarían a verse los resultados al reducirse drásticamente las presiones sociales que influyen en una acelerada descomposición social y en graves deformaciones estructurales. Con todo, actuar así significaría romper con el modelo neoliberal y eso no lo permite la mafia de cuello blanco que se apoderó del país.

(gmofavela2010@hotmail.com)