Julio Pimentel Ramírez : Impuestos para la muerte

Impuestos para la muerte
Julio Pimentel Ramírez

La “valerosa” guerra contra el narcotráfico, que Felipe Calderón mantiene con criminal necedad a pesar de las numerosas voces que demandan una revisión a fondo de esa fallida estrategia, inunda de sangre amplias regiones de la República y afecta a personas de todos los sectores sociales: unos por su riqueza son potenciales víctimas, muchos más por su vulnerabilidad son botín fácil de delincuentes organizados o no y, otros, excluidos por la política social del Estado, son la carne de cañón de los neo empresarios del tráfico de drogas.
Los jóvenes que se suman al crimen organizado son los que no tienen trabajo ni lugar en la educación media básica y superior; la mayoría de quienes mueren en esta “guerra” son hijos de familias pobres a las que el modelo económico negó acceso a educación, empleo y vida digna. Habría que afinar la estrategia y que el objetivo sea atacar los orígenes del problema.

En medio de la “polvareda” levantada por el gobierno calderonista, que no puede ocultar las decenas de miles de personas ejecutadas, se montan farsas que incluyen encuentros de “alto nivel”, del inquilino de Los Pinos con todos los que se dejen, así como foros de discusión y análisis cuyas conclusiones, bien intencionadas muchas de ellas, serán lanzadas al cesto de la basura.
En realidad toda esta parafernalia es una cortina de humo, poco efectiva en realidad, pues el presidente espurio ya decidió continuar por la senda policiaco-militar para enfrentar un fenómeno complejo con profundas raíces internacionales, que es utilizado como herramienta geopolítica por los “capos” del Pentágono, y cuyo poderío financiero ha impregnado amplios sectores económicos y sociales, sin obviar su elevada capacidad corruptora.
Es más, Calderón le pide al Congreso que le apruebe más recursos para su cruzada a costa de recortar programas gubernamentales “ineficaces”, por supuesto que no se refiere a los insultantes salarios y prestaciones de altos funcionarios de los tres Poderes de la Unión, sino a rubros sociales, sobre todo a aquellos que atienden necesidades en municipios y estados, por el momento la mayoría en manos de priístas.
Ya son muchos los que señalan que lo pertinente, necesario y urgente sería poner fin a las condiciones sociales y económicas que sirven de caldo de cultivo para la reproducción y crecimiento del crimen organizado, narcotráfico en primer lugar. Hay que combatir la miseria, desigualdad, falta de educación, ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, insalubridad y ruptura del tejido social provocado por las privatizaciones, las aperturas salvajes de los mercados nacionales y la liquidación de las políticas sociales.
Legisladores del PRI y PRD coincidieron en que es cuestionable que el Ejecutivo trate de chantajear al Congreso al señalar que, si no se otorgan más recursos para la seguridad pública, deberán incrementarse los impuestos. Eso está fuera de lugar y es, además, discutible, porque, a pesar de los aumentos que se le han concedido para el combate al crimen organizado, hay subejercicios y dispendios, incluso en la dependencia que encabeza Genaro García Luna, quien por cierto reiteradamente ha sido señalado públicamente por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Hay quien declara que si Calderón necesita más dinero para su “guerra”, no aumente impuestos sino que lo tome de los subejercicios en varias dependencias gubernamentales. Salida falsa pues la obligación de los legisladores sería buscar los mecanismos para sancionar y obligar a los funcionarios federales a que apliquen los recursos designados en el presupuesto público.
Es criminal que se congelen recursos en rubros fundamentales que detonan inversión y empleo, por ejemplo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o en otros que atienden necesidades en salud, educación y vivienda. Ese dinero debe utilizarse correcta e íntegramente, no ser desviado a bolsillos de funcionarios o para balas y armas.
Es más, hay que señalar, como reiteradamente lo ha declarado Andrés Manuel López Obrador, sí se pueden obtener más recursos sin más cargas impositivas a costillas de los mexicanos de siempre: con austeridad republicana y cobrando los impuestos a las grandes corporaciones y a las fortunas personales, beneficiadas por tratamientos fiscales de excepción; si se gravan las operaciones bursátiles y las actividades especulativas.
También se puede obtener dinero para atender el desarrollo social si se dejan de rematar a precios de ganga los recursos públicos. El caso más reciente de esta práctica depredadora de los neoliberales es el de la compra de 30 megahercios de espectro radioeléctrico por parte de Televisa y Nextel: la operación representa un desfalco al erario de 6 mil 690 millones de pesos, que equivale a más de la mitad del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República para este año.