Guillermo Fabela Quiñones : ¿Qué tiene que pasar para que haya Justicia?

Apuntes
¿Qué tiene que pasar para que haya Justicia?
Por Guillermo Fabela Quiñones

Mientras crece la violencia en el territorio nacional, así como la capacidad ofensiva de los cárteles del narco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hunde en el descrédito por su falta de coherencia para cumplir su importante papel institucional, en un momento en el que podría ser un factor fundamental para frenar el proceso de descomposición que se vive en México por tanta corrupción y tanto abuso del grupo en el poder. El lunes tomó la decisión de no fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron gravemente las garantías individuales de las víctimas del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en contraposición al dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, quien sólo contó con el apoyo de Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza.

Así, las esperanzas de los padres de los 49 bebés muertos en el trágico siniestro, quedaron hechas añicos. En cambio, los principales responsables del suceso podrán respirar tranquilos al saber que cuentan con el brazo protector no sólo de Felipe Calderón, sino de la última instancia en materia de procuración de justicia. Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours, tienen despejado el camino para continuar sus vidas sin el temor de ser llamados a rendir cuentas de sus actos violatorios del Estado de Derecho. De igual modo, los particulares involucrados, entre los que se encuentra una prima de Margarita Zavala, tendrán carta abierta para seguir haciendo negocios a la sombra del gobierno federal.
No tiene desperdicio lo expresado por el ministro Zaldívar: “La tragedia que nos ocupa es una enorme injusticia y una clara y gravísima violación de las garantías fundamentales, porque pudo ser evitada si las autoridades hubieran tomado las medidas necesarias para ello y cumplido con su deber”. No lo hicieron, motivo por el que deberían ser procesados, si hubiera respeto a la ley, como así habría sucedido en cualquier otro país democrático. Como preguntó el ministro Zaldívar: “Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?”.
La pertinencia de esta pregunta es incuestionable, pues evidencia que se perdió un elemental respeto a la ley, en aras de proteger los privilegios de unos cuantos que tienen la fortuna de pertenecer al círculo que detenta el poder, razón por la cual gozan de total impunidad. Luego no se asombren de que ciudadanos comunes hagan justicia por propia mano, como está sucediendo cada vez con más frecuencia. Si los responsables de impartir justicia incumplen su cometido, luego no esperen que los ciudadanos los respeten, aun cuando con tal actitud contribuyan a demoler más pronto el andamiaje del Poder Judicial.
Estamos metidos en un círculo vicioso del que sólo podremos salir si los miembros más prominentes del aparato de justicia respetaran las instituciones en las que prestan sus servicios. Si no lo hacen, como fue el caso con los ocho ministros de la Suprema Corte que se negaron a ejercer justicia en el siniestro de la guardería ABC, lo único que se puede esperar es que México se convierta en una jungla donde sólo prevalecerá la ley del más fuerte, en este caso los oligarcas y los miembros de la burocracia dorada. Vale decir que regresamos, cien años después, a los tiempos del dictador Porfirio Díaz, cuando la ley sólo se cumplía para liquidar a los enemigos del sátrapa, mientras que sus amigos gozaban de fuero no escrito.
Hace cien años, las consecuencias de tales despropósitos fueron un levantamiento popular generalizado y la caída de un régimen injusto, hoy puede ser una más acelerada descomposición del tejido social y la pérdida total de gobernabilidad, proceso en el que estamos inmersos. Sin embargo, las consecuencias finales en la actualidad no tendrían parangón, en tanto que hoy somos una nación con cerca de 110 millones de habitantes, más de la mitad sumidos en la pobreza, mientras que hace cien años apenas se rebasaban los diez millones. Si a pesar de eso hubo un millón de muertos y desaparecidos por la conflagración armada, en este momento es inimaginable el número de fallecimientos si se activara una violencia con fines reivindicatorios.
El grupo en el poder no se cansa de jugar con fuego, sigue echándole leña a la hoguera en que está ya convertido el país por la absurda “guerra” contra el narcotráfico, un flagelo que continuará por muchos años, como lo reconoció el senador estadounidense Chistopher Dodd. Sin embargo, Calderón cree que puede acabar con los cárteles en su sexenio, aun cuando los resultados a la fecha demuestran precisamente lo contrario. Los capos se organizaron ya de tal modo que sin mayores problemas pueden liquidar a un convoy de agentes federales, como sucedió en Zitácuaro, Michoacán.
(gmofavela2010@hotmail.com)