Generales arraigados y descomposición
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
La Procuraduría General de la República
(PGR) informó ayer que los generales Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario
de la Defensa Nacional, y Roberto Dawe González, general brigadier en activo,
detenidos el martes por esa dependencia federal, permanecerán arraigados por 40
días como medida cautelar para avanzar en las pesquisas por sus presuntos
vínculos con la delincuencia organizada. Cabe recordar que tras la captura de
los militares, realizada con base en una orden de presentación y
localización, la dependencia a cargo de Marisela Morales emitió un escueto
comunicado en que se limitaba a informar que los detenidos declaran ante
el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones
Especializadas en Delincuencia Organizada (Siedo), y que la captura carece
de connotación política o de relación alguna con las campañas en curso o los
candidatos en contienda.
Con independencia de la
inocencia o culpabilidad de los oficiales arraigados, la información disponible
indica que la PGR no ha respetado, en este episodio, las garantías individuales
de que debe gozar cualquier persona, independientemente de su condición
jurídica: a los señalamientos de los familiares de los detenidos en el sentido
de que éstos permanecían incomunicados, se sumaron ayer las denuncias del
abogado de Ángeles Dauahare, quien dijo que las autoridades de la Siedo se
habían resistido a acreditarlo como defensor del militar en retiro y habían
designado uno de oficio para tomar su declaración. Tales elementos resultan
preocupantes pues ponen en perspectiva un nuevo caso de atropello y abuso por
parte de la procuraduría, pero sobre todo porque constituyen un ejemplo de la
indefensión en que se encuentran los ciudadanos comunes ante el ejercicio cada
vez más arbitrario, discrecional e ilegal de la procuración de justicia: cabe
preguntarse cuántos ciudadanos anónimos estarán atravesando en estos momentos
por situaciones similares, sin contar con los reflectores mediáticos centrados
en la detención de Ángeles Dauahare y Dawe González.
Por otra parte, las
detenciones comentadas ocurren en el contexto de una severa descomposición de
las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho, la soberanía
y la integridad territorial –la propia PGR, la Policía Federal y fuerzas
armadas–, como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico iniciada
por Felipe Calderón hace más de un lustro. Así pues, si hubiese algún elemento
de verosimilitud sobre los presuntos vínculos entre los militares arraigados y
el crimen organizado –señalamientos que, hasta donde se sabe, no se han
configurado aún en una acusación formal–, sería imposible desvincular este
episodio particular del deterioro institucional referido, y quedarían
confirmadas las advertencias que en su momento formularon legisladores,
académicos, dirigentes políticos y activistas sociales: el involucramiento de
las fuerzas armadas en tareas que les son constitucionalmente ajenas –como el
combate al narcotráfico–, además de abrir un margen para atropellos contra
civiles inocentes y erosionar la confianza y el respeto de los cuerpos
castrenses entre la población, coloca a éstos en el riesgo de sufrir
infiltraciones del narcotráfico.
Un tercer elemento de
juicio es la inocultable partidización, en el curso de las dos administraciones
federales recientes, de los organismos de procuración de justicia a escala
federal, que se ha expresado en la invención de delitos, la fabricación de
culpables y el uso faccioso de la ley con el objetivo de golpear a adversarios
políticos. Tales antecedentes obligan a preguntarse si la presunción de
culpabilidad de Ángeles Dauahare y Dawe González deriva de un genuino afán
legalista de la PGR o si acabará formando parte de la saga de acciones
judiciales facciosas, erráticas y fallidas que en su momento se cebaron contra
30 funcionarios de Michoacán, contra el ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon o
contra los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington
y Eugenio Hernández.
En suma, las detenciones
comentadas arrojan una disyuntiva desoladora: o se confirma la infiltración de
la delincuencia organizada en las más altas esferas castrenses de la nación,
con las implicaciones que ello acarrearía para la seguridad de la población y
la viabilidad del Estado mismo, o se asiste, de nueva cuenta, a un uso político
e indebido de las instancias de procuración de justicia; en cualquier caso,
queda de manifiesto la debacle que padece la institucionalidad política del
país como consecuencia de acciones u omisiones de los gobiernos recientes,
particularmente del actual.
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