Educación: circunstancia insostenible
Editorial del diario la jornada
La conmemoración oficial por el Día del
Maestro se vio marcada ayer por un nuevo choque declarativo entre la dirigente
vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba
Esther Gordillo, y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón. Mientras
la primera acusó al gobierno federal de politizar la evaluación universal de
los docentes, poniendo en riesgo la gobernabilidad indispensable para
llevarla a cabo, el segundo sostuvo que sin calidad educativa lo único que
avanza, como en décadas, es la injusticia e inequidad. En un acto por separado,
la aspirante presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, dijo que apoyará a
los buenos maestros sin permitir ningún chantaje ni políticas que
dañen a la educación”, en respuesta velada a los señalamientos de la dirigente
magisterial que la acusó de haber envilecido el diálogo entre las
autoridades y el magisterio durante su desempeño como titular de la Secretaría
de Educación Pública.
El correlato de este
choque declarativo entre actores que hasta hace no mucho eran aliados políticos
fue la protesta organizada por el magisterio disidente en la capital del país y
en diversos puntos del territorio, en reclamo por la democratización del SNTE y
la suspensión inmediata de la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita
por Gordillo y por el gobierno federal hace cuatro años.
Los señalamientos
críticos y las voces de inconformidad se han expresado también, con distintas
intensidades y en contextos diversos, en el ámbito estudiantil: desde las
secuelas derivadas de la protesta de alumnos de la Universidad Iberoamericana
por la visita de Enrique Peña Nieto, el pasado viernes –que ha derivado en
amenazas por presuntos colaboradores de la campaña del mexiquense en contra de
los inconformes–, hasta la movilización de integrantes de la Coordinadora de
Universitarios en Lucha, quienes ayer volvieron a tomar instalaciones
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en demanda de la renuncia
del rector, Salvador Jara, y desconocieron el acuerdo firmado la víspera con el
gobierno de la entidad.
El telón de fondo de
estos focos de tensión política y social es la circunstancia de desastre en
todos los niveles educativos del país, particularmente la que es administrada e
impartida por el Estado, por la conjunción de décadas de carencias
presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales; el designio de reducir
los planteles públicos de enseñanza a efecto de generar oportunidades de negocio
para instituciones privadas; el consecuente agotamiento de la matrícula en los
ciclos de educación pública en los niveles medio y superior, y la corrupción,
el patrimonialismo y la antidemocracia con que opera el grupo que controla el
SNTE.
Sin soslayar las
consecuencias negativas que estos elementos tienen para el desarrollo económico
y para la democratización, resulta particularmente preocupante el impacto que
producen en la de por sí problemática circunstancia que enfrenta la juventud
del país: a fin de cuentas, la educación debiera ser, por definición, el ámbito
de existencia social de los jóvenes, y su vía natural para acceder a
oportunidades de desarrollo personal y profesional y a perspectivas de
movilidad social. En cambio, en momentos en que ese ámbito se degrada por el
efecto del abandono y la corrupción; cuando las autoridades viven en una
negación sistemática de los problemas de la realidad y se restringen, en
consecuencia, los horizontes de futuro para millones de muchachos y muchachas,
no es extraño que éstos busquen expresar su inconformidad por los cauces a su
alcance, como las redes sociales o la movilización, ni que, en casos extremos,
surjan y se generalicen circunstancias de violencia y explosividad social.
En la circunstancia
actual, las posibilidades de impulsar un mejoramiento educativo como el que
pregonan Calderón y Vázquez Mota son prácticamente nulas, porque los cambios
necesarios chocan de frente con los intereses económicos y políticos de la
camarilla sindical que maneja Elba Esther Gordillo y de las propias autoridades
federales, por no hablar de la imposibilidad de desarrollar la política
educativa requerida por el país en el marco de los lineamientos económicos
neoliberales a los que aún se aferra la presente administración. El rescate de
la educación requiere, como condición necesaria, de una política de Estado en
la materia que libere a la enseñanza pública tanto de los fanatismos
privatizadores de los gobernantes como de cacicazgos sindicales que actúan en
función de coyunturas políticas y maniobras de control electoral. De no actuar
en ese sentido, no será posible revertir la deplorable situación de la
educación pública ni conjurar el peligro de estallidos sociales en una juventud
a la que se le expropia toda perspectiva de futuro digno.
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