Corrupción e impunidad: lastres sexenales
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El pasado martes, en el contexto de una
conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari,
criticó que el país deba destinar anualmente 5 mil 400 millones de dólares por
intereses para el pago de una deuda externa contratada por políticos
ladrones.
Si se toma en cuenta que
tales pronunciamientos se produjeron en plena campaña electoral, y a pregunta
expresa sobre su opinión del tratamiento de los temas económicos en el primer
debate presidencial, los señalamientos de Ferrari adquieren un sentido distinto
del de una simple crítica a los gobiernos del pasado. El carácter
inequívocamente electorero del comentario es tan palmario, que incluso el
aspirante presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, respondió al titular de
Economía. Dijo que las críticas citadas son signos de desesperación de
la actual administración federal y sostuvo que el gobierno que le ha
fallado al pueblo de México es el de los últimos 12 años.
Así pues, con
pronunciamientos como los señalados el actual gobierno federal da una nueva
muestra de su propensión a entrometerse en procesos comiciales, con miras a
apuntalar a candidatos de su partido o bien de afectar a organizaciones
opositoras. Semejante comportamiento no sólo es contrario a las estipulaciones
legales vigentes en la materia y a los más elementales principios de decoro
republicano y respeto a la investidura de autoridades y funcionarios, sino que puede
contribuir a enrarecer el panorama electoral, como ocurrió hace seis años, a
erosionar más la confiabilidad de los procesos comiciales y mermar la de por sí
castigada credibilidad de las instituciones encargadas de organizarlos.
Por lo demás, en sus pronunciamientos,
tanto el funcionario panista como el político priísta eludieron un punto
central: la práctica inexistencia de consecuencias penales o administrativas
con que se han saldado los episodios de presunta corrupción y manejo ilícito de
los recursos públicos por gobernantes, funcionarios o personas de su círculo
cercano. En efecto, en años y décadas anteriores la sociedad ha debido padecer
episodios de corrupción y encubrimiento como los cometidos por el ex jefe
policial Arturo Durazo, bajo la gestión de José López Portillo, o por Raúl
Salinas de Gortari en tiempos en que su hermano Carlos detentaba el cargo de
presidente de la República, por citar dos de los ejemplos aludidos por el
propio Bruno Ferrari. Pero otro tanto puede decirse de la cobertura que otorgó
el foxismo al presunto tráfico de influencias en que incurrieron los hijos de
Marta Sahagún para beneficiar a sus empresas, o la tolerancia mostrada por el
gobierno actual ante la opacidad en el manejo del presupuesto y de los recursos
excedentes petroleros que caracterizaron a la primera administración federal
panista.
En cuanto a las críticas
de Ferrari por los costos que siguen teniendo para México los malos
manejos de gobiernos anteriores, resulta difícil imaginar una medida más
nociva, costosa e inmoral que la aprobación del Fobaproa-Ipab, legalizado por
los legisladores priístas y panistas en el sexenio de Ernesto Zedillo, en cuyo
contexto se llevaron a cabo desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados
y que la sociedad sigue pagando.
En suma, la omisión de
consideraciones como las referidas por Ferrari y Peña Nieto provoca que el
intercambio declarativo entre ellos resulte poco verosímil, si no es que
inadmisible. En efecto, el país vive desde hace mucho en un pantano de
corrupción e impunidad, pero ello sólo es explicable en función de la
continuidad en la vieja cadena de encubrimiento y hasta de complicidad
transexenal que caracterizó a los gobiernos priístas, y que se ha mantenido
intacta con todo y el cambio de siglas y de colores operado en Los Pinos hace
casi 12 años.
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