EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Seguridad o Estado policial
Ayer comenzó el primer Operativo Conjunto de Seguridad, acordado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago-1), con el propósito de combatir delitos del fuero común como robo a transeúnte, a transporte, de vehículo, a casa habitación, a negocio o a banco, secuestro, extorsión, lesiones dolosas, violación y homicidio, así como para cumplir mandamientos ministeriales y órdenes de aprehensión pendientes. En el despliegue, que durará una semana, participan, a decir de los organizadores, 310 mil policías preventivos, de investigación y ministeriales de las 32 entidades; se instalarán puntos de vigilancia y revisión preventiva, patrullajes en convoy y verificación de vehículos y personas. Las acciones se realizarán en zonas de alta incidencia delictiva, accesos carreteros, centrales de autobuses, en torno al aeropuerto, en el tren suburbano y Metro capitalinos, centros de transferencia modal, terminales de autobuses, zonas comerciales y habitacionales, áreas de esparcimiento, tianguis y mercados, corredores turísticos y avenidas principales.
Sin ignorar la urgencia de combatir la delincuencia común, ni la obligación legal de las autoridades estatales a este respecto, el operativo presenta inconsistencias y peligros que es pertinente señalar. Por principio de cuentas, y ante los numerosos indicios de la vinculación entre los delitos de delincuencia organizada que corresponden al ámbito federal y los de orden común, cuyo combate atañe al estatal y al municipal, cabe preguntarse por las probabilidades de éxito del despliegue anunciado, en un contexto nacional en el que la estrategia federal de seguridad pública hace agua por todas partes y ha tenido resultados contrarios a los pretendidos, con el establecimiento de extensas regiones bajo el poder de grupos criminales que son, precisamente, las de más alta incidencia delictiva.
Adicionalmente, es preocupante que el Conago-1 esté siendo efectuado por corporaciones –las estatales– señaladas, en buena parte de los casos, por su descomposición y su infiltración por parte de la delincuencia organizada. Igualmente inquietante resulta la omisión, en el comunicado respectivo, de cualquier referencia a la protección, en el marco del operativo, a los derechos humanos y garantías individuales, como las libertades de reunión y tránsito, la inviolabilidad del domicilio, así como otras disposiciones enumeradas en el artículo 16 constitucional.
En otro sentido, no debe desconocerse que los fenómenos delictivos generan estructuras jerárquicas en cuya cúspide se sitúan capos y criminales de cuello blanco y cuya base está formada por una masa de individuos predominantemente jóvenes y pobres, la gran mayoría con total carencia de horizontes laborales y sociales, circunstancia que facilita su reclutamiento por la delincuencia.
Con esos elementos de juicio, no puede dejar de verse el riesgo de que el operativo Conago-1, concebido para atacar a la criminalidad en sus expresiones básicas, y no en sus instancias superiores, devenga en una suerte de política de cero tolerancia que convierta en sospechosos automáticos a los jóvenes marginados y criminalice la juventud, la pobreza y el desempleo.
Resulta imperativo, pues, que los organismos oficiales y civiles de protección a los derechos humanos, y la sociedad toda, se mantengan vigilantes para prevenir la posibilidad de que el anunciado esfuerzo de aplicación de la ley dé lugar a atropellos adicionales y que la lógica del Estado policial se agregue a la vasta tragedia que ya vive la población del país a raíz del colapso de la seguridad pública.
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