Nueva ofensiva contra la educación pública
Jaime Ornelas Delgado
Ya el país soporta sus permanentes intromisiones en distintos aspectos de la vida nacional, pero sobre todo en la educación pública a la que mantiene como rehén de la burocracia sindical que encabeza y que se aleja cada vez más de los maestros que dice representar; también hemos visto como se alía al gobierno de Felipe Calderón en su propósito de atentar contra la educación pública y alentar la participación privada en el sistema educativo nacional; luego, hemos oído su dificultad en la lectura de textos que alguien le escribe, quizá, con la mala intención de mostrar su incapacidad para pronunciar algunas palabras, como epidemiología.
Todo esto provoca pena ajena, primero, porque se dice maestra y, luego, porque dirige un sindicato donde todos sus agremiados, más de un millón, saben, por lo menos, leer y escribir, mientras ella muestra sin pudor sus carencias intelectuales.
Ahora, recientemente, la señora Elba Esther Gordillo, delirante, se preguntó “¿Qué haremos con tantas Normales, ya no patitos (sic), con tantos monstruos de Normales?” Por supuesto, ella tiene la respuesta: ¡Cerrarlas! ¿Con qué propósito?, muy sencillo, dejar en manos de las escuelas privadas confesionales la formación de profesores del ciclo básico, exactamente ahí donde se forma la conciencia individual y colectiva que luego se expresará en la vida social.
Y, tal vez estaríamos de acuerdo con la señora Elba Esther si de las normales públicas egresaran maestros y maestras como ella, pero somos testigos de que los maestros, todos, sí saben leer y escribir de corridito. Ni duda cabe, la obsesiva persecución contra las escuelas normales públicas es un proyecto estratégico que tiende a evitar la educación para la libertad a cambio de convertirla en un instrumento de dominación y esclavitud personal y colectiva.
Una de cal...
No cabe más que congratularse por la decisión que la semana pasada tomó la Suprema Corte de Justicia, señalando que la Secretaría del Trabajo “sólo podrá negar el registro o toma de nota a una dirigencia sindical, sin hacer pronunciamiento sobre la validez, cuando falte algunos de los requisitos indicados en los estatutos del sindicato”. A su vez, el ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, señaló que “el Estado no puede interferir en los sindicatos ni puede tener una participación a través de la cual entorpezca la ejecución de decisiones tomadas por sus agremiados”. Con esta declaración se evita, es de esperar, la indebida intromisión de las autoridades laborales en los asuntos que sólo son competencia de los agremiados de un sindicato
Si esta decisión de la Corte se respeta, la Secretaría del Trabajo dejará de disponer de la “toma de nota” como instrumento para golpear a sindicatos que no sean de su agrado o a los que quiera destruir. Ahora, Javier Lozano y sus cómplices, no se podrán manifestar sobre la validez de las decisiones de los agremiados de un sindicato, han dejado de ser instancia electoral. Es de esperar que a los sindicatos que por motivos políticos no se les haya dado la toma de nota, como es el caso del Suntuap, se les entregue de inmediato y sin condición alguna. Se acabaron los pretextos.
Negocios privados con recursos públicos
Vivir en un sistema democrático, si duda, implica preocuparse por saber cómo se usan los recursos públicos y, en consecuencia, demandar su manejo transparente. En México, cuando nos enteramos de esos destinos confirmamos que quienes han presumido de tener las manos limpias usan los dineros públicos para hacer negocios privados y conciben al gobierno como una entidad empresarial donde se pueden hacer negocios fáciles, seguros y muy jugosos.
Resulta que apenas dos semanas después de haber tomado posesión como secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, un despacho de capacitación laboral, ligado al partido en el poder, obtuvo mediante un contrato de adjudicación directa un pago de 9 millones 310 mil pesos por impartir, en dos días, un taller titulado “Clima Laboral, un Enfoque de autoevaluación y aprendizaje”. El taller se realizó el 27 y el 28 de julio de 2010.
Como se ve, no les va nada mal a las empresas privadas vinculadas al poder. Por cierto, las adjudicaciones directas en la administración pública no pueden rebasar los 300 mil pesos, los trabajos y servicios que rebasan ese monto deben licitarse o invitar por lo menos a tres empresas oferentes para elegir de entre ellas la que mejores condiciones ofrezca. En este caso, nada de eso se cumplió.
Fotos
Es cierto, puede haber elecciones infames, pero lo seguro es que sí hay fotografías infamantes.
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