Arnaldo Córdova
La forma en que Jorge Hank Rhon fue detenido por elementos del Ejército, sobre la base de una denuncia anónima, constituye, desde cualquier punto de vista que se le contemple, una violación flagrante de la Constitución y sus leyes y un verdadero atraco a la justicia. Nos hemos acostumbrado a ver que el Ejército haga funciones de indagador y persecutor de ilícitos y ya se nos ha olvidado que esas funciones no le corresponden, sino que tocan a una institución que en la Carta Magna recibe el nombre de Ministerio Público. Ese hecho ni siquiera se compadece de la asignación que ahora se hace por órdenes presidenciales de los militares a labores de coadyuvancia en la lucha contra el crimen organizado.
¿Quiénes son los militares para que, con base en una denuncia, entren a un domicilio sin aviso previo y sin la requerida orden de cateo y, menos aún, para aprehender a quienes se encuentran en ese domicilio también sin la orden correspondiente? El que Hank Rhon sea un pájaro de cuenta y se sospeche de él en innumerables crímenes que han quedado impunes, como los asesinatos de los periodistas Héctor Félix Miranda y Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta, como lo recuerda el editorial de La Jornada del pasado día 15, no justifica, de ninguna manera, los actos del Ejército en esos hechos.
Los mismos voceros de la Sedena saben que las fuerzas armadas cuentan con protocolos, instrumentos legales que las habilitan para actuar a pedimento o instrucciones del presidente y, en el caso de Hank, no observó ni uno solo de ellos. Actuaron como agentes del Ministerio Público y luego notificaron a éste de lo que habían hecho. Como declaró el general Luis Garfias Magaña, fue una profunda estupidez, una pifia espantosa y un error garrafal. Está claro que es algo más que todo eso y que se cifra en una decadencia de la impartición de justicia en México que ha acabado por dejar inservibles todas las instituciones encargadas de llevarla a cabo.
Por supuesto que los militares no actuaron por su cuenta. Alguna autoridad superior se los ordenó. Garfias supone que fue el secretario de la Defensa. Todo mundo, en cambio, sugiere que esto fue un plan urdido por Calderón para hacerle su guerra sucia al PRI y escogió al que consideró el más expuesto y vulnerable de los suyos. Los soldados que llevaron a cabo la empresa no exhibieron ningún documento que ordenara la ejecución; pero todo mundo aparentó que fue la SIEDO, como parte investigadora de la PGR, la que solicitó a la Sedena el operativo. Si así hubiera sido, los militares, acostumbrados, como también lo señala el general Garfias, a recibir y cumplir órdenes, se habrían justificado muy fácilmente.
Pero no fue así, pues está claro que actuaron por su cuenta en el lugar de los hechos y sólo tenían alguna orden verbal de algún superior para hacerlo. La PGR y la SIEDO no han mostrado, de su lado, petición alguna que hayan instrumentado al respecto. Sólo dicen que lo hicieron. Lo que sí hicieron fue acusar a Hank de poseer armas ilícitas. Dicen que en flagrancia, lo que es muy dudoso. El acusado tenía ya rato con esos juguetes en su domicilio y algún ciudadano, que jamás sabremos quién es, descubrió las armas y dio el pitazo al Ejército, el que, por su cuenta, realizó el operativo. ¿Cuál flagrancia? Ésta habría existido si se hubiera pillado a Hank metiendo las armas a su casa.
¿Será verdad, por todo lo visto en estos días, que hay ya una guerra abierta entre el PAN en el gobierno y el PRI que quiere llegar de nuevo a Los Pinos? Así parece, pero no lo es tanto. Ya en otras ocasiones he señalado, sobre la base de lo que puede observarse en la historia de la alianza PRI-PAN, que data de la época de Salinas, ésta no los hermanó en todo y se reservaron algunos campos de batalla en los que la lucha sería a muerte. Uno de esos campos era el electoral. En donde operaba la alianza es lo que algunos gustan de llamar la construcción de consensos, vale decir, en el campo de la lucha parlamentaria, la distribución del presupuesto o ingresos supervinientes (por ejemplo, excedentes petroleros) entre los diferentes ámbitos de poder de los dos partidos y otros en los que la alianza realmente funciona.
Si uno observa todos los procesos, desde luego, encontrará algún ejemplo de colaboración, más que de lucha. Y es verdad. Ya me he referido también al ejemplo de Madrazo en 2006. Iba tan mal en la contienda que las fuerzas reales del priísmo se volcaron a favor de Calderón. Eso a nadie le extrañó, entre otras cosas, porque muy pocos lo notaron o bien se obnubilaron por la fuerza que tomó la confrontación de López Obrador con el candidato del PAN. Estando Madrazo, prácticamente, derrotado sin remedio, era muy difícil que los priístas se mantuvieran unidos y más cuando muchos de ellos habían sido agraviados por el tabasqueño.
Los panistas y los priístas tienen licencia para matar sólo en las justas electorales; en los demás campos de lucha, por muy graves que sean las diferencias, sólo se dan simples escaramuzas que sirven para cernir dificultades de acuerdo y alcanzar el justo medio que a todos convenga. La guerra entre ellos está en las elecciones y puede llegar a escogencias tan sucias como la de hacer uso de la publicidad oficial en obra pública o del mismo presupuesto en contra del otro, tal y como lo hemos visto en incontadas ocasiones. Es por eso que nadie puede afirmar con seriedad que llegamos al momento de la confrontación total entre ambos aliados. Ya tendremos ocasión de verlos tan amigables como siempre después de las elecciones.
El pasado día 12, en la Universidad de Stanford y, seguramente, tratando de aprovechar el impacto que la aprehensión de Hank había causado en la opinión pública, Calderón acusó al PRI de haber encabezado un régimen autocrático, de un solo partido, que masacraba estudiantes y desaparecía oponentes. Algunos dirían que era un modo de optimizar el golpe que él suponía le había asestado a su aliado histórico. El tiro le salió por la culata cuando Jorge Hank fue doblemente liberado de las acusaciones que pesaban sobre de él, a nivel federal y a nivel local.
Sin que tuviera modo de lanzar alguna justificación por la errónea actuación del Ejército, la PGR y la SIEDO, prefirió, en los días siguientes, dejar el asunto por la paz, pasando la tarea a la inepta titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, de seguir haciéndose bolas con un caso ya perdido. El día 15 cambió de frente y abandonó la lucha electoral para enfrentarse de nuevo a la política de acuerdos con su aliado. Desde Los Pinos, hizo un llamamiento a los partidos representados en la Comisión Permanente del Congreso para que convocaran a un periodo extraordinario de sesiones y se aprobaran las reformas pendientes, sin las cuales, dijo, no es posible seguir gobernando.
Se trata de nueve reformas que por ahora no interesan aquí. Los priístas, en el fondo, no desean la guerra con el PAN, aunque deben saber que la tendrán en los próximos comicios. Es previsible que busquen un arreglo y muchos de ellos ya han insinuado la real posibilidad de que un periodo extraordinario de sesiones se realice a corto plazo. A ellos les encanta ese tipo de política, porque en él saben moverse mejor. Ya veremos lo que depara el destino.
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