Guillermo Fabela Quiñones : La Democracia en grave riesgo

La Democracia en grave riesgo
Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes


Puede asegurarse que no es una mera percepción del coordinador residente de la ONU en México, Magdy Martínez-Solimán, afirmar que “la ciudadanía no se siente representada y desconfía de sus gobernantes”. Tampoco deben ser simples declaraciones con fines mediáticos, sino el resultado de las evaluaciones que ha hecho su oficina sobre la realidad política de nuestro país. Sin embargo, hay margen para la esperanza, pues “los más recientes comicios efectuados en el país, en julio anterior, demostraron la madurez del electorado”. Tan así fue que nada pudieron hacer para revertir los resultados, los gobernadores de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, como tampoco nada pudo lograr con sus iniquidades el de Durango para evitar que los electores acudieran en gran número a las urnas.
Según el funcionario de la ONU, se ha avanzado en la fiscalización de recursos y en el fortalecimiento de las instituciones electorales, “pero se ha desatendido la desigualdad en la que se dan las campañas”, situación que genera “desigualdad en las contiendas”. Los casos más notorios a este respecto fueron los procesos en Veracruz y Durango, donde fue muy evidente el apoyo gubernamental a los candidatos del partido del mandatario estatal. En la entidad portuaria, finalmente, la diferencia abismal de votos entre el priísta y su principal opositor, fue determinante para que no hubiera necesidad de acudir al tribunal federal.

Pero en el caso del estado norteño, la situación llegó a extremos inauditos que rebasaron todo límite legal, como el robo de urnas en cantidad suficiente para influir en los resultados, la intervención directa del gobernador y sus principales funcionarios a favor del candidato oficial, incluso un día antes de las elecciones, la coacción abierta a los votantes para que su voto fuera para el abanderado del PRI, la prohibición expresa a los medios de informar sobre las actividades de los candidatos de la coalición opositora, el uso de pistoleros para amedrentar a la población a fin de que no saliera de sus casas a votar, como sucedió en los municipios de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. (Hay sospechas fundadas de que se trató de los mismos presos que salían del penal de Gómez Palacio a cometer crímenes inenarrables.)
Si no existiera un tribunal electoral federal, seguramente se saldría con la suya el gobernador de Durango, de imponer como su sucesor a un “político” improvisado que no tiene una mínima posibilidad de gobernar de manera autónoma, por lo que la ciudadanía no estaría representada en el Palacio de Gobierno, sino únicamente los intereses del gobernador que desea perpetuar su mandato por tres sexenios más, como así lo ha expresado públicamente, al más puro estilo de los tecnócratas salinistas. Ahora corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evaluar la impugnación del proceso hecha por la coalición opositora y emitir un fallo que permita no desconfiar de su imparcialidad.
No es una exageración decir que el futuro de la democracia en México, depende en buena medida de la resolución que dé el Trife a dicha impugnación. Por lo pronto, lo que dejó muy claro el proceso de julio, fue la peligrosidad para el país si no se pone freno a las ambiciones caciquiles de gobernadores que, al no contar con un contrapeso federal firme, pueden actuar como verdaderos señores feudales. De ahí el riesgo que corren los duranguenses si el tribunal federal se desentiende, por las razones que sean, de una responsabilidad primordial: ejercitar la justicia que merecen los electores. La ciudadanía no aceptaría con los brazos cruzados la imposición de acciones de “gobierno” antidemocráticas en grado extremo. Para decirlo en pocas palabras: no aceptaría una dictadura de estilo decimonónico en pleno siglo veintiuno.
Por eso es igualmente peligroso que la alta jerarquía de la Iglesia Católica siga actuando en política mundana, olvidando que el reino de Dios “no es de este mundo”, pues así está contribuyendo a exacerbar la tremenda división que existe en el país por el predominio de políticas públicas antidemocráticas, impuestas con firmeza y dolo por una oligarquía que busca imponer un Estado totalitario, sin ponerse a reflexionar sobre las dramáticas consecuencias de sus ambiciones. Los jerarcas de la Iglesia Católica deberían meditar cristianamente sobre los efectos profundos de su proceder, ajeno por completo a los principios evangélicos, ya que la lucha por cuotas de poder terrenal nada tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo.
Ellos no son los indicados para influir en el ánimo de los votantes, como lo pretende el vocero del Arzobispado Primado de México, al demandar que “los bautizados tienen la obligación moral de ejercer en las próximas elecciones un voto serio y responsable, para evitar que algunos políticos y partidos sigan actuando en contra de la fe y la moral”. En un Estado laico, el pueblo debe votar con entera libertad, a favor de quienes garanticen plena solución a sus problemas primarios.

(gmofavela2010@hotmail.com)