El tribunal de la ignominia
John M. Ackerman
El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen sólo para
garantizar la legalidad de los procesos electorales, sino principalmente para
asegurar su legitimidad y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como
respuestas a la grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de
Gortari concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente
directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social, hubo, sí, una época
de oro entre 1996 y 2003, cuando algunos consejeros y magistrados
electorales lograron minimizar ese pecado de origen y escuchar verdaderamente a
la ciudadanía. Hoy, sin embargo, estas dos instituciones vuelven a dar la
espalda a la sociedad.
El desprestigio se inicia en 2003 con la total exclusión
de las fuerzas de izquierda y la imposición por Santiago Creel, entonces
secretario de Gobernación de Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo, coordinadora
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la
Cámara de Diputados, de nueve grises consejeros electorales sin mayor
conocimiento en la materia. La tendencia se consolida en 2006, cuando tanto el
IFE como el TEPJF fueron cómplices de las ilegalidades cometidas por Felipe
Calderón y Vicente Fox y se negaron a acceder a la demanda ciudadana de
esclarecer los resultados por medio de un recuento total de la votación.
