Ricardo Monreal Avila
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El término fue acuñado hace un año en Estados Unidos. El 21 de noviembre del 2011, el “Supercomité” integrado por legisladores demócratas y republicanos del vecino país se declaró incompetente para acordar ajustes fiscales que redujeran el enorme déficit del gobierno norteamericano (llegó a 120 mil millones de dólares el mes pasado).
Los demócratas pedían más impuestos y recortes al presupuesto militar. Los republicanos demandaban bajar, sobre todo, el gasto social. Ninguna de las partes cedió en sus planteamientos.
Lo único que se alcanzó en esa ocasión fue una tregua que prolongará hasta el 31 de diciembre del 2012 los acuerdos de corto plazo para que el gobierno de Barack Obama siguiera funcionando con el presupuesto del año anterior y no se paralizara.
Pero una vez iniciando enero del 2013, si los demócratas y republicanos en el Congreso no llegan a un acuerdo fiscal de largo alcance, entonces entrarían en vigor dos medidas drásticas: por un lado, terminaría el programa de rebajas fiscales decretado por George Bush en 2003 para beneficiar a los contribuyentes de más altos ingresos, por el otro, el gobierno deberá ajustar en un 10% su presupuesto federal, de manera generalizada en todas las dependencias, lo que implica una reducción de 600 mil millones de dólares. Esta doble pinza se traduciría en un menor crecimiento del PIB, del 2 al 1.4%, en un mayor desempleo, y en el retorno del escenario recesivo del 2008. Este escenario es el que precisamente fue bautizado como “abismo fiscal”.
Las consecuencias para el resto de la economía mundial serían también catastróficas. China bajaría su PIB en dos puntos porcentuales, en Europa se incrementaría el riesgo de que varios países entren en moratoria de pagos internacionales, y en América Latina habría una contracción al exportar menos hacia los EUA. El impacto para México (que para efectos económicos se comporta como el estado 51 de la Unión Americana) sería de una pérdida de crecimiento de 3.4 a 2.3 por ciento del PIB, tan sólo por el efecto del ajuste fiscal.
Los términos de la negociación a la que pueden aspirar los congresistas norteamericanos están más que señalados: Obama y los demócratas quieren subir los impuestos a las rentas más altas, tal como se ofreció en la reciente campaña electoral, mientras que los republicanos insisten en recortar gastos sociales (salud, educación y seguro del desempleo), que son el sustento político de aquéllos.
La negociación entre el Congreso norteamericano y la Casa Blanca se irá hasta el último minuto de este año. Después de su derrota electoral presidencial, los republicanos no están dispuestos a realizar grandes concesiones al recién reelecto Presidente Obama. A lo sumo, harán el mínimo de concesiones para no ser acusados de intransigentes y de anteponer sus intereses particulares a los nacionales. Mientras que los demócratas defenderán con todo sus programas de Medicare y de ayuda a desempleados que tantos votos le redituaron en la pasada contienda.
La perspectiva es que no correrá la sangre al río. Habrá algún tipo de acuerdo, pero no el que necesitan los EUA para volver a convertirse en el motor de la economía mundial. Y este escenario es el que precisamente están previendo los mercados y los agentes financieros, por ello están ajustando sus perspectivas a las bajas y están descontando desde ahora el factor de riesgo.
Ante esta situación, ¿qué le espera a México? Aquí tenemos nuestro propio abismo fiscal. Aunque el déficit fiscal se ha mantenido en los últimos años en un tope del 3-4%, el nivel de endeudamiento público es altamente preocupante. Al 31 de diciembre del año pasado, la deuda del gobierno federal y de los organismos de control presupuestario directo (Pemex y CFE, por ejemplo) ascendió a cinco billones 536 mil 650 millones de pesos. Esto representa el 42% del PIB. El Fondo Monetario Internacional recomienda que la deuda pública de países emergentes como México se mantenga en un rango de 25 a 30% del PIB, por lo que México estaría más del 12% arriba de este parámetro internacional.
Es importante señalar que buena parte de esta deuda (casi 50%) se contrajo durante la administración de Felipe Calderón, y se ha utilizado básicamente para cubrir intereses y sostener una parte del gasto corriente gubernamental.
A ello hay que añadir la deuda de estados y municipios, que asciende a 440 mil millones de pesos, por lo que la deuda del sector gobierno, en sus tres órdenes (federación, estados y municipios) rebasa los 6 billones de pesos y alcanza el 50% del PIB.
En semanas recientes, el gobierno federal ha llamado la atención sobre el disparo en la deuda pública de estados y municipios; sin embargo, por las cifras anteriores, estos dos órdenes de gobierno no representan ni el 10% del nivel de la deuda pública nacional, la cual se ha generado básicamente en el nivel federal.
En la pasada campaña presidencial en México, se dio un debate interesante sobre nuestro abismo fiscal, muy similar en sus términos al escenificado por demócratas y republicanos desde el 2011. Conscientes del problema de la anemia fiscal del Estado mexicano, los candidatos del PRI, PAN y las izquierdas expusieron sus planteamientos. Mientras Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota enfatizaron un mayor gasto público social (un sistema de seguridad social universal y pensión universal a adultos mayores), sin decir de dónde obtendrían sus recursos, López Obrador puso el énfasis en la necesidad de un plan de austeridad del gobierno, que permitiera ahorros hasta por 900 mil millones de pesos. Expansión del gasto versus recortes presupuestales, tal como se debate ahora en EUA, sólo que con los papeles invertidos. Mientras la derecha norteamericana defiende allá los recortes, aquí se pronuncia a favor de un mayor gasto gubernamental.
A partir del próximo año, en México tendremos la discusión de cómo enfrentar nuestro propio abismo fiscal: mientras el gobierno entrante del PRI planteará subir el IVA de 16 a un 19%, de manera generalizada, sin excepciones (tal como lo recomendó el presidente de la OCDE), las izquierdas estarán proponiendo un incremento del cobro del ISR, progresivo y proporcional al ingreso de las personas, así como la eliminación de partidas superfluas.
Sin embargo, si antes no hay acuerdo en EUA, podríamos no llegar siquiera a replantear nuestro propio abismo fiscal, en virtud de que si la economía norteamericana se va a un desfiladero, el novel gobierno de Peña Nieto se encaminaría literalmente al despeñadero. ¿No cree usted?
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
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